(Caracas, 22.08.2018. Acceso a la Justicia). 2017 fue un año en el que la democracia venezolana terminó de ser desmantelada por acciones del Gobierno Nacional, que fueron respaldas, y en muchos casos sustentadas, por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público y otras dependencias del Estado.
Este también fue el año en el que la violación de derechos humanos se consagró como el camino predilecto de las autoridades para neutralizar a la disidencia y a la oposición política, dando paso a hechos tan notables como el inicio de un examen preliminar por parte de la fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si es válido iniciar una averiguación por crímenes de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante las protestas antigubernamentales de 2017.
Esta realidad, y otros hechos que ponen en entredicho la labor del máximo tribunal del país y demás dependencias del Estado, es la que Acceso a la Justicia, en su objetivo de monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país, analizó y condensó en su reciente informe anual 2017.
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