En el espacio cívico, se llama incidencia a la capacidad de la sociedad civil para lograr cambios positivos de manera democrática y pacífica en problemáticas sociales o ciudadanas, por efecto de acciones dirigidas a influir en los procesos de toma de decisión pública.
Esta es una labor que hace constantemente la sociedad civil y requiere de esfuerzos de articulación, coordinación y movilización de energías y recursos, que generalmente tienen como saldos positivos una mayor cohesión, organización y empoderamiento, nuevos vínculos y alianzas que facilitan y fortalecen el trabajo, y una mayor cantidad y diversidad de relaciones con actores influyentes.
Su mayor poder descansa en las fuerzas asociativas para lograr apoyos a los objetivos de cambio,
- Involucrando a las personas afectadas, a otros grupos y organizaciones que tengan interés en unirse y a ciertos actores influyentes dentro de la problemática.
- Generando procesos de diálogo, agendas compartidas y trabajo colaborativo entre todos los involucrados, en el marco de redes y alianzas, u otras conformaciones.
- Realizando campañas y otras formas de difusión a fin de visibilizar y exponer a la opinión pública interesada tanto las problemáticas como las medidas recomendadas que pueden darles solución.
Cuando los entornos nacionales son propicios y seguros para las funciones que legítimamente ejerce la sociedad civil, las acciones de incidencia tienen altas probabilidades de obtener resultados y contribuyen a profundizar el carácter democrático y la transparencia de las decisiones públicas.
Cuando no es así, la protección de los derechos de la sociedad civil es fundamental, incluyendo recurrir al apoyo de los sistemas internacionales de protección de DDHH, sobre todo en caso de existir factores de riesgo que puedan conducir a violaciones de DDHH.
Las personas, grupos y organizaciones que hacen incidencia tienen derecho a solicitar medidas de protección, incluyendo preventivas, cuando los riesgos involucran amenazas severas contra su integridad o libertad personal por hacer esta labor, siendo obligación de los Estados ponerlas en práctica.
