Reconocimiento del valor de la sociedad civil mediante manifestaciones de apoyo político de alto nivel a la independencia y la diversidad de la actividad cívica en declaraciones y campañas de información públicas.
Diálogo permanente con representantes de la sociedad civil, fomento del voluntariado y constitución de alianzas eficaces en las esferas públicas y público-privada.
Ejecución de planes de acción nacionales que aplican los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos, incluidos los compromisos de promover e incentivar el respeto y apoyo de las empresas a la sociedad civil a nivel nacional y en el extranjero.
Intensificación de la lucha contra las amenazas y ataques contra activistas, defensores, abogados, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil, ofreciendo espacios seguros para el debate y el análisis de las opciones más eficaces de prevención y protección.
Rendición de cuentas por los actos de intimidación o represalia contra agentes de la sociedad civil, a través de investigaciones inmediatas, completas e imparciales y autores juzgados debidamente por los organismos de justicia.
