Reconocimiento, en la legislación y en la práctica, del derecho a la participación en los procesos de adopción de decisiones públicas y en la planificación y gestión de los asuntos públicos.
Ejercicio del control ciudadano sobre las instituciones del Estado y la fiscalización o examen de las medidas adoptadas por el gobierno, lo cual debe incluir información oportuna, clara, precisa y adecuada, junto con un lenguaje de fácil comprensión.
Igualdad de derechos y oportunidades de participación a hombres y mujeres.
Protección de los derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades indígenas para participar en instituciones y órganos políticos del Estado.
Amplia difusión de los resultados de consultas públicas, acompañada de una descripción de los procesos, las razones para aceptar o rechazar propuestas o aportaciones de la sociedad civil y oportunidades para responder y reparar.
Presupuestos adecuados para la participación.
Elecciones democráticas, seguras, imparciales y confiables.
Ejecución de planes de acción nacionales sobre la colaboración con la sociedad civil, que obligue a todos los agentes públicos a consultar lo concerniente a la formulación y aplicación de políticas.
Integración de nuevas formas de participar a través de las TIC en las redes sociales como medio para hacer posible un acceso igual a la información y consultas de base amplia.
Evaluación sistemática de si los proyectos legislativos o de políticas producirían efectos negativos en la mujer, contienen elementos específicos en materia de género o afectan a determinados sectores de la población.
Formación y directrices para los funcionarios públicos en procesos de consulta oportunos y efectivos.
