Promulgación de leyes, reglamentos y políticas que garanticen claramente la divulgación dinámica de la información en poder de órganos públicos, incluidos los que ejercen funciones públicas.
Derecho a solicitar y recibir información pública, en reserva únicamente de excepciones claras y estrictamente definidas, de conformidad con el derecho y las normas internacionales de DDHH.
Derecho de acceso a la información en poder de órganos privados cuando resulte esencial para ejercer o proteger los DDHH.
Derecho a recurrir a un órgano independiente cuando se deniegue la divulgación de la información pública.
Formación de los funcionarios públicos sobre el derecho de acceso a la información y difusión en la opinión pública sobre el derecho de acceso y el proceso para lograrlo.
Pleno acceso y conectividad por Internet, a fin de contar con diversas fuentes de información y análisis que permitan fundamentar decisiones y movilizar a la población en exigencias de justicia, rendición de cuentas y respeto a los DDHH.
