Un grupo de ONG de derechos humanos dio a conocer hoy un informe evaluativo sobre el desempeño de la Defensoría del Pueblo para el período 2007 – 2012, basado en la experiencia de diversas organizaciones de derechos humanos y desarrollo social en su relación con la institución y teniendo como parámetro los Principios de París relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre los hallazgos del estudio se encuentra la ausencia de independencia de los máximos responsables de la institución; la falta de estímulo al cumplimiento con estándares internacionales de derechos humanos y el cuestionamiento de los órganos de protección; la instrumentalización del Informe de la defensoría como un mecanismos más de propaganda del gobierno; y la existencia de una oferta formativa en derechos humanos sesgada y excluyente.
Casos emblemáticos como el de la Juez Afiuni no ameritan ni una sola mención en los informes de la Defensoría. El silencio también abarca el cumplimiento de compromisos internacionales, ya que, según el estudio, en vez de instar al acatamiento de decisiones, la Defensoría se ha convertido en un vocero más de cuestionamiento y desacato a sentencias y resoluciones internacionales y regionales. Más aun, no criticó y al contrario, apoyó la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El dato más categórico que revela el informe se refiere a la actuación de la Defensoría del Pueblo en representación de víctimas de violaciones de derechos humanos, la cual se encuentra totalmente ausente, estando orientada principalmente a asuntos relacionados con servicios públicos donde la responsabilidad recae sobre particulares o sobre el papel regulador del Estado frente a éstos.
El informe señala que pese a que las denuncias por servicios públicos solo alcanzan un 7% del total de denuncias recibidas por la institución, las competencias cuasijurisdiccionales solo se han usado en materia de derechos humanos en un caso de 1966, es decir, sobre hechos previos a la existencia misma de la DP y se negó abiertamente a hacer uso de sus facultades en un caso de violación del derecho a la vida que afectó a un menor de edad en El Nula, estado Apure, y que hoy se mantiene en impunidad.
El informe fue elaborado con aportes de Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos.
Descargar el informe aquí Info DP VEN
