(Ginebra, 22/06/2018) La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó su segundo informe sobre Venezuela, títulado “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”. En el informe la OACNUDH destaca el hecho de que las autoridades venezolanas no han responsabilizado a los autores de las graves violaciones de derechos humanos en el país, entre las cuales se incluyen homicidios, el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y tortura, “El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de Derechos Humanos. A su vez, el nuevo informe resalta el impacto que ha tenido la crisis económica y social venezolana en el derecho a la alimentación y a la salud.
Acceso a la justicia en el caso de muertes relacionadas con las protestas
Luego del cambio de la Fiscal General en agosto de 2017, las autoridades venezolanas no han realizado las investigaciones con la diligencia necesaria para investigar de manera oportuna los casos de uso excesivo de la fuerza y las muertes de manifestantes a manos de los cuerpos de seguridad, “estas deficiencias constituyen una violación del derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad y la justicia”, indica el informe.
Además se resalta el hecho de que las fuerzas de seguridad, particularmente la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), obstaculizaran los esfuerzos de la anterior Fiscal General y su oficina para identificar a los supuestos perpetradores. En el informe se afirma que “el ACNUDH conoció casos en los que las pruebas no se habían incorporado a los expedientes o habían desaparecido. También documentó casos donde miembros de las fuerzas de seguridad, presuntamente responsables de la ejecución extrajudicial de manifestantes, fueron liberados a pesar de ser objeto de órdenes judiciales de arresto o permanecieron simplemente retenidos en comisarías o cuarteles militares donde podían moverse libremente y no eran tratados como detenidos”, y en los caso donde los autores fueron identificados y fueron privados de su libertad, el proceso tuvo demoras injustificadas. En esta investigación, el Alto Comisionado tuvo conocimiento de tan solo un caso donde se había iniciado el juicio de los presuntos responsables.
Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en otros tipos de operaciones de seguridad
El ACNUDH ha identificado un patrón desde julio de 2017, donde los servicios de inteligencia hacen uso de las detenciones arbitrarias e ilegales como una de las principales herramientas para intimidar y reprimir a la oposición política o cualquier persona con posturas disidentes al Gobierno, pero se señala que dichas detenciones actualmente son más selectivas que en el período de las protestas masivas. “Entre las personas arbitrariamente privadas de libertad figuraban activistas políticos y sociales, estudiantes, defensores de los derechos humanos, trabajadores de los medios de comunicación y miembros de las fuerzas armadas”, afirma la OACNUDH.
De acuerdo a cifras proporcionados por la sociedad civil al menos 570 personas, incluidos 35 niños, fueron detenidas arbitrariamente entre el 1 de agosto de 2017 y el 30 de abril de 2018. De igual manera, el Alto Comisionado ha comprobado “la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas”. Además, según voceros de la sociedad civil al menos 12.320 opositores políticos o personas consideradas como opositoras, o como amenazas para el Gobierno, fueron detenidos arbitrariamente entre enero de 2014 y abril de 2018. De estas personas, más de 7.000 fueron liberadas con la condición de que acaten una serie de medidas que restringían sus libertades; “muchas de estas personas viven con el temor de ser detenidas nuevamente, y algunas han abandonado Venezuela”, señala el informe.
Torturas, malos tratos y condiciones de detención
Se documentaron más de 90 casos de personas que fueron arbitrariamente privadas de libertad antes, durante y después de las protestas masivas de 2017, y que estando detenidas fueron sometidas a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, muchas de las cuales podrían constituir formas de tortura. En particular los miembros del SEBIN, DGCIM y la GNB, recurrieron a esas acciones para intimidar, castigar y extraer confesiones a los detenidos. “Entre los actos de malos tratos y tortura documentados se incluyen la aplicación de descargas eléctricas, golpes fuertes, violaciones y otras formas de violencia sexual, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ejecución y privación de agua”. También se documento la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes a familiares de los detenidos.
Se constató que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad no cumplían con las normas internacionales básicas para brindarle un trato humano a los detenidos, lo que algunas veces constituía en un trato cruel, inhumano o degradante. “El hacinamiento es generalizado y las infraestructuras son insalubres”, afirma el ACNUDH. Además se tuvo conocimiento de varios detenidos que se encontraban en malas condiciones de salud, se les denegó la atención médica, siendo esto una violación a su derecho a la salud. “Los casos documentados por el ACNUDH, junto con la información recogida, indican que los malos tratos y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber ejercido sus derechos humanos no son incidentes aislados”. se indica en el informe.
Ataques y restricciones al espacio democrático
Sobre este tema el Alto Comisionado concluye que “desde el fin de las protestas masivas de 2017, las autoridades estatales han seguido intimidando y reprimiendo a la oposición política y a toda persona que exprese opiniones disidentes o de descontento, con la diferencia de que esto se hace ahora de una manera más focalizada y precisa que en la época de las manifestaciones”.
Se tiene constancia de que durante los primeros meses de 2018 de agresiones contra dirigentes y miembros de partidos de oposición, incluidos representantes electos, activistas sociales, estudiantes, profesores universitarios y defensores de derechos humanos. ”Las altas autoridades suelen acusar públicamente a estas personas de estar implicadas en actos de terrorismo, traición y otros delitos graves”, afirma el ACNUDH. En el informe se señala que en algunos casos, estas personas fueron detenidas arbitrariamente, maltratadas y acusadas de crímenes sin fundamentos.
De igual manera, el ACNUDH documentó violaciones constantes a la libertad de expresión, reunión pacífica, opinión y reunión pacífica, además “las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanos también están confrontadas a dificultades cada vez mayores para poder funcionar, y los defensores de los derechos humanos son víctimas de campañas de desprestigio, amenazas, actos de acoso y vigilancia, y en algunos casos han sufrido detenciones arbitrarias y malos tratos o incluso tortura por llevar a cabo sus actividades legítimas. Se ha producido así un clima de miedo generalizado”, destaca la OACNUDH.
Violaciones del derecho a la salud y la alimentación
“La grave crisis sanitaria en curso era consecuencia del colapso del sistema de salud venezolano”, indicaron médicos, académicos, otros profesionales de la salud y defensores de los derechos humanos al ACNUDH. A si mismo, el Alto Comisionado recibió pruebas de que el colapso del sistema de salud venezolano ha empeorado por la inacción de las autoridades estatales y la ineficacia de las medidas aplicadas, “varios médicos señalaron al ACNUDH que las autoridades estatales no les habían proporcionado el equipo y los suministros necesarios para impedir que se produjeran muertes evitables”. La madres de niños con insuficiencias renales, informaron a la OACNUDH que los hospitales tienen un déficit de medicinas, alimentos, médicos y una escasez sistémica de equipos para diálisis en todo el país”. Se pudo corroborar que en 2017, 10 niños murieron debido a las condiciones insalubres del hospital.
El ACNUDH observa que el Gobierno se ha negado a divulgar la información necesaria para evaluar las dimensiones y gravedad de la crisis en salud. «El gobierno ha amenazado, e incluso en algunos casos detenido arbitrariamente, a los médicos, pacientes y trabajadores de los medios de comunicación que denuncian la gravedad de la situación sanitaria”. Según expertos entrevistados por el ACNUDH para la realización del informe, como consecuencia de políticas económicas y sociales implementadas por el Gobierno durante la última década, como el control estatal sobre el precio de los alimentos y los tipos de cambio de moneda extranjera, la mala gestión de las tierras cultivables confiscadas, el monopolio estatal de los suministros agropecuarios y la puesta en práctica de programas sociales sin objetivos nutricionales claros, se han generado niveles críticos de escasez alimentaria en un contexto en el que grandes segmentos de la población no tienen suficiente dinero para comprar los alimentos a precios de mercado. Se reportó un aumento de la desnutrición en los niños menores de 5 años y las familias han reducido en gran manera la cantidad y la calidad de los alimentos que consumen. Además, se observó que la escasez de alimentos ha tenido un gran impacto en las mujeres.
“Los médicos se han visto en la incapacidad de tratar adecuadamente a los niños con desnutrición aguda, debido a la escasez de medicinas, suplementos nutricionales y leche infantil en el sistema público de atención sanitaria”, a lo que se le suma que los programas sociales han sido usados para obtener beneficios políticos y reforzar el control social. Debido a que el Gobierno se niega a reconocer la actual crisis alimentaria y sanitaria, no se han tomado las medidas necesarias con urgencia para enfrentar la crisis y sus causas, incumpliendo con la obligación internacionales de hacer todo los posible para garantizar el debido ejercicio del derecho a la salud y a la alimentación, lo que incluye la cooperación y asistencia internacional.
Recomendaciones
El Alto Comisionado da 30 recomendaciones a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de abordar las graves violaciones de los derechos humanos documentadas en el informe y de evitar nuevas violaciones. Las recomendaciones incluyen a la vez medidas que deberían ponerse en práctica inmediatamente y reformas encaminadas a resolver los problemas estructurales que han permitido que se cometan violaciones de los derechos humanos.
Además insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos a monitorear la situación de Venezuela, considerar el tomar medidas apropiadas para evitar el agravamiento de la situación de los derechos humanos y establecer una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el país.
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