(Caracas, 22.06.2023. Provea). El Observatorio para la Defensa de la Vida ODEVIDA, capítulo Venezuela (impulsado por Pares Colombia y PROVEA), a través del presente informe, se plantea dar continuidad al estudio de la situación de las personas defensoras de derechos humanos laborales en Venezuela. En un contexto de vulneraciones de estos derechos, donde instancias internacionales como la OIT vienen desarrollando un seguimiento a un conjunto de Recomendaciones dadas el Estado venezolano, relacionadas con el derecho de los trabajadores a asociarse en sindicatos para mejorar sus condiciones laborales y económicas, y el de los empresarios a promover sus iniciativas.
El incumplimiento de las mismas es un factor que contribuye a la persistencia de la situación de emergencia humanitaria compleja donde la respuesta de las autoridades sigue siendo la violencia.
Para la elaboración de este documento se han revisado y analizado diversas fuentes de información tales como investigaciones publicadas en Informes Anuales del Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos (Provea) y del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) 2021-2022; revisión hemerográfica de las principales actividades y acciones del movimiento sindical durante el año 2022 y entrevistas a dirigentes sindicales y activistas sobre las condiciones en las cuales los sindicalistas y defensores de derechos actúan en exigencia de salarios y libertad sindical en Venezuela.
Como en otros informes de ODEVIDA precedentes, se ratifica en el presente periodo de estudio la falta de información de las fuentes oficiales, tales como Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que no presenta indicadores en materia de libertad sindical desde 2016 ni de firmas de contrataciones colectivas.
Se orienta la presente investigación hacia la identificación de las razones fundamentales por las cuales siguen presentes las violaciones a los derechos humanos de trabajadores y dirigentes sindicales producto de la violencia estatal y paraestatal con aquiescencia o complicidad de los poderes públicos, fundamentalmente la violación al derecho a la libertad personal en los casos encontrados.
Como punto central, se tiene la información referente al proceso llevado con asistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe emitido sobre Venezuela en 2019 instó al gobierno a impulsar “un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”, es decir, de implementarse las recomendaciones, la situación en el país mejoraría. No tomarlas en cuenta ha implicado que los sectores sociales, en este caso los trabajadores, aumentarían la exigibilidad de derechos, como ha quedado registrado a inicios de 2022. Ante esto, la respuesta sigue siendo el desconocimiento de los mismos y la violencia gubernamental, quedando como interrogante para el propio movimiento laboral y la comunidad nacional e internacional, si hay avances o no en materia de fijación de salario, libertad sindical y verdadero diálogo tripartito.
Panorama 2022 y primer trimestre de 2023 de las luchas del movimiento sindical en defensa de los derechos laborales
Los principales conflictos: defensa del salario, lineamientos ONAPRE y trabajadores presos por defender derechos
Salario
2022 fue precedido por otro año consecutivo donde la situación de los derechos laborales “estuvo signada por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, así como del deterioro de su calidad de vida”. El salario mínimo integral para enero de 2022 era de 10 bolívares digitales, el equivalente a 2,18 $ de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.
A inicios de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro decreta un aumento de manera unilateral sin tomar en cuenta lo orientado por la OIT, fijando el salario mínimo a casi 30 dólares. Henkel García, economista y director de la firma Econométrica, estimó en ese momento que dicho aumento no dispararía la inflación si efectivamente se financia con la recaudación fiscal. “El mayor temor, por supuesto, es que ese aumento se financie del sistema monetario del Banco Central y volvamos a tener un brote inflacionario que ha ocurrido en otras ocasiones”, un año después el temor expresado queda ratificado, a marzo de 2023 de acuerdo a lo recogido por la prensa “la devaluación de la moneda y la feroz inflación han reducido el ingreso mínimo en el país a poco más de cinco dólares al mes”.
Los lineamientos ONAPRE y movilización por la libertad
Retomando el 2022, durante el mismo mes de marzo Nicolás Maduro a través de la Oficina Nacional de Presupuesto ONAPRE aprueba lineamientos de pago que los trabajadores denominaron “Instructivo ONAPRE”, de acuerdo a lo denunciado por los trabajadores, desde esta dependencia, a los responsables de elaborar y pagar nóminas a nivel nacional, se les ordenó desconocer las convenciones colectivas y los beneficios pactados con los sindicatos.
La respuesta de los sindicatos junto a los trabajadores de base fue aumentar los niveles de exigibilidad y la movilización, exigiendo el cumplimiento de las contrataciones colectivas y los derechos en ellas contenidos.
Como respuesta a las movilizaciones, el gobierno de Maduro ratificó las medidas represivas presentes en Venezuela durante más de dos décadas. Se realizaron nuevas detenciones a líderes sindicales y sociales. Destacaron los detenidos arbitrariamente por tener en común el acompañamiento de las protestas de este año, además de su participación en exigencias de derechos en otras épocas y jornadas. Entre ellas la detención de 6 dirigentes entre el 04 y el 07 de julio; Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortez, Néstor Astudillo y Alonso Meléndez, defensores de derechos humanos laborales.
Gabriel Blanco es sindicalista de la Asamblea Nacional y miembro de la Central ASI Venezuela. Reinaldo Cortez es miembro de la Central de Trabajadores de Venezuela CTV. Emilio Negrín es presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales y fue representante de la Central de trabajadores CODESA en la reunión de abril del Foro de Diálogo social OIT para el Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta, negándose a firmar el documento de conclusiones que establecía que había avances en materia de cumplimiento por parte del gobierno de Maduro. Negrín fue detenido un día después de acompañar en la sede del Ministerio Público a Yorbelys Oropeza, esposa del primer detenido, el profesor Alcides Bracho, de quien exigió libertad a través de redes sociales.
De inmediato, un grupo de trabajadores se dirigió a la sede del Ministerio Público en Caracas a exigir el cese de la represión, pues es un Fiscal adscrito a esa rama del poder público, el 74 en funciones nacionales, quien inicia la persecución, imputando a los dirigentes sociales y sindicales ante el Juzgado 4to de control con competencia nacional en terrorismo.
En fecha 12 de julio se realizó una marcha multitudinaria de trabajadores con dos objetivos: hacia el Ministerio del Trabajo para manifestar el descontento contra el instructivo ONAPRE y hacia el Tribunal Supremo de Justicia para adherir a los trabajadores del aseo urbano de la ciudad (SUPRA CARACAS) a un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del máximo tribunal, donde una comisión fue atendida por el Magistrado Luis Damiani. Meses después, ante la presencia de la Comisión de Alto Nivel de la OIT en Caracas para la segunda ronda de reuniones del Diálogo Social, los trabajadores denunciaron un nuevo despido arbitrario, esta vez en Supra Caracas e incluso durante la llegada de la Comisión, tratándose del dirigente sindical Jesús Nazareth García. Yenis Silva, presidenta del Sindicato de Obreros de la Alcaldía de Caracas (Soumguia) denunció que el despido fue por defender derechos de los trabajadores.
El 22 de julio, luego que más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos exigieran la libertad de los defensores de DDHH y dirigentes sindicales, El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, Clément Voule, manifestó su preocupación por la detención de los sindicalistas y líderes e insto a las autoridades a respetar la libertad de asociación.
Familiares y abogados realizaron manifestación pacífica en la sede de la Defensoría del Pueblo, ratificando la exigencia de un pronunciamiento de Alfredo Ruíz, Defensor del Pueblo, quien nunca se pronunció.
Se denunció la violación al debido proceso al no tener los abogados acceso a los expedientes, vulnerando el derecho a la defensa garantizada por la CRBV, la ley procesal Penal y los Pactos Internacionales, tampoco se obtuvo acceso a copia de los expedientes en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo a cargo del juez José Mascimino Sánchez, el mismo que en 2023 ha sido detenido por presuntamente pertenecer a redes de corrupción en el país. De acuerdo a los abogados, con este juez se perfeccionó el patrón de violación a los DDHH en Venezuela, por lo que exigen que investiguen todas las violaciones al debido proceso y a los DDHH de los presos políticos juzgados por él. Los tribunales especiales con competencia en terrorismo fueron la respuesta desde el Estado a las críticas de organismos internacionales por el uso de los tribunales militares para perseguir, “juzgar” y encarcelar a civiles años atrás.
Para septiembre otra manifestación pacífica llega hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), exigiendo respuesta a recursos de amparo pendientes contra el instructivo ONAPRE y el memorándum 2792, se entregó una comunicación dirigida a la Presidente de la Sala Constitucional Gladys Gutiérrez, firmada por los dirigentes sindicales exigiendo celeridad en los pronunciamientos pendientes para la restitución del Estado de Derecho. De igual forma, se consignó Amparo Constitucional contra las sentencias 444, 445 y 446 de la Sala Política Administrativa, las cuales vulneran los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, imponiendo multas y amenazando con cárcel a quienes accionen judicialmente en busca de respeto a sus derechos ante el máximo tribunal.
En fecha 17 de noviembre de 2022, en su sentencia n.º 999 la Sala Constitucional del TSJ declaró «inadmisible» la acción de amparo constitucional interpuesta contra el llamado Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.
En fecha 20 de septiembre, en medio de la realización de una rueda de prensa en la sede de PROVEA por los familiares de los sindicalistas presos, el órgano de policial del gobierno de Maduro Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), acusado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU de cometer graves violaciones de DDHH y presuntos crímenes de lesa humanidad, intentó realizar un allanamiento arbitrario a las instalaciones de la organización defensora de DDHH. En la rueda de prensa se acordó ratificar las comunicaciones y llamado de apoyo a la OIT entre otras instancias internacionales. La Comisión Interamericana de DDHH deploró el incidente y llamó al Estado venezolano a cesar la criminalización de los defensores de DDHH en Venezuela.
Nicolás Maduro recibió comunicación conjunta con Mandatos del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y de la Relatora Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, no respondió como tampoco lo ha hecho ante comunicaciones del propio Director de la OIT exigiendo también la libertad de los sindicalistas y luchadores sociales. A la fecha aún se encuentran encarcelados.
Las vulneraciones a los DDHH laborales en Venezuela están en pleno desarrollo, como ha sostenido la Comisión Internacional de Juristas, lo cual conlleva muchos riesgos para defensores de DDHH, sean sindicalistas o abogados, riesgos ya presentes en el escenario sindical y que han sido recogidos en un informe de PROVEA que refleja más de 20 años de persecución a sindicalistas en Venezuela.
El proceso con la OIT
Hace cuatro años que la OIT a través de la Comisión de Encuesta (CE) formuló las recomendaciones al gobierno de Maduro. Ya en 2020, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) publicó un Informe de seguimiento a las recomendaciones de la CE, en el cual demostraba su incumplimiento. El propio gobierno ratificó su desacato cuando en marzo de 2021 las autoridades venezolanas anunciaron que no acatarían las recomendaciones.
Declaró el entonces ministro del Trabajo, Eduardo Piñate: “El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión”.
Ahora bien, de acuerdo a Carlos Patiño, investigador de PROVEA, la OIT no se limitó a condenar el desacato venezolano, sino que decidió elevar la presión sobre las autoridades nacionales para conseguir que rectifiquen; y, para ello, el Consejo de Administración le encomendó a su director general (tanto al saliente Guy Ryder como al entrante Gilbert Houngbo a partir de octubre de 2022), examinar todas las medidas posibles para que el gobierno de Venezuela cumpla todas las recomendaciones de la CE. Entre las alternativas para alcanzar ese objetivo estaría la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 33 y 34 de la Constitución de la OIT. También se impulsó un “Foro de Dialogo Social” entre el gobierno, FEDECAMARAS y algunas centrales en el país con la asistencia de una Comisión de Alto Nivel de la OIT y la asistencia del director general.
En este proceso, durante todos estos años, comunicaciones van y vienen desde el Consejo de Administración de la OIT (algunas del propio Director) hacia el gobierno de Maduro, la organización empresarial FEDECAMARAS y las diferentes centrales de trabajadores en Venezuela, sin que se puedan mostrar resultados positivos en la materia relativa a los tres Convenios objeto de evaluación por parte de la CE, el número 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), el número 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) y el número 144 (sobre la consulta tripartita , 1976), y en particular, para verificar los actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores FEDECAMARAS, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social; extensivo también a las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno.
El Gobierno de Maduro pese a rechazar tanto las recomendaciones de la CE como las decisiones del Consejo de Administración de la OIT, cambio la estrategia a partir de la intervención directa del director general por mandato del 41 Consejo de Administración, por una de simulación de cumplimiento, tal como lo ha practicado por décadas en procesos de diálogos sin resultados. Sobre esto, Patiño ha señalado “Si bien la negociación, el diálogo y la cooperación técnica son elementos clave para avanzar en la construcción de acuerdos que permitan superar el conflicto y la crisis, no es la primera vez que el Gobierno de Venezuela, autoritario y totalitario, actúa de mala fe para ganar tiempo, desarticular el conflicto a su favor sin soluciones efectivas y con el único propósito de bajar el costo político. En ese sentido, los interlocutores sociales, liderados por FEDECAMARAS, han ido desmontando el supuesto giro copernicano de las autoridades venezolanas con una activa participación de incidencia en las sesiones del Consejo”.
Necesario es registrar la opinión del defensor Raúl Cubas, fundador de PROVEA, en cuanto a la pregunta de si ¿La acción de la OIT ha servido para algo?, opinó el defensor a finales de 2022; “hasta ahora la acción de la OIT ha dado pocos resultados. Vinieron en abril, hubo un acuerdo con el gobierno, de ese acuerdo no se ha cumplido prácticamente nada. Inclusive, lo más sentido que promovió la comisión de la OIT fue solicitar la libertad de los dirigentes sindicales presos, el fin de los procesos, y hace tres meses detuvieron a seis dirigentes. Incluso, algunos vinculados con la UCV. Cuando la OIT hizo la última visita hay que señalarle como crítica que no se reunió con el conjunto de las centrales sindicales, sino con las que están de acuerdo con la posición del gobierno. Ese es un hecho lamentable”.
Es necesario reflexionar sobre el hecho de que el proceso de Diálogo Social no ha servido para estimular una amplia articulación de la dirigencia sindical venezolana, en cuanto a las organizaciones de tercer grado, las centrales. Aparte de la patronal bolivariana y socialista, existen 6 centrales nacionales con historia. De estas, 3 participan en los diálogos sociales y 3 no han sido admitidas por el gobierno de Maduro. Las tres que participan insisten en afirmar que hay avances en el diálogo, las 3 que no participan expresan que no hay avances, la realidad se puede interpretar por sí misma en Venezuela. Desde Odevida seguiremos estimulando el proceso de articulación de las organizaciones sindicales, estando plenamente conscientes que, en un marco de diferencias de visiones sobre aspectos de la realidad laboral, es posible avanzar en definir y trabajar sobre acuerdos específicos.
De conformidad con lo expresado por el investigador José Requena, director del Instituto Progresista, en los resultados de una encuesta de percepciones que realizaron sobre cómo el sector sindical percibe el diálogo mediado por la OIT, “se encontraron elementos como la falta de unidad entre los sectores sindicales, baja participación de los trabajadores, predominio de intereses personales, falta de liderazgo sindical. Lo que falta es sentarse, para que los sectores sindicales puedan definir si hablan del mismo proyecto sindical y el mismo proyecto de país. Si otros sectores lo han logrado, ¿por qué el sector sindical no lo puede hacer?” ¿Por qué hay diversidad de criterios e ideologías? Eso lo podemos resolver en una mesa de trabajo»
Lo que sí está claro es que por ahora hay estrategias y rutas diferentes, lo que le facilita al gobierno no dar respuesta y burlar las recomendaciones de instancias internacionales.
La tercera sesión del Foro de Diálogo Social en la isla de Margarita de enero-febrero 2022 cerró sin acuerdos. En un comunicado firmado por la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores Asociación Sindical Independiente (ASI) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los directivos lamentaron que se haya perdido la oportunidad que representa esta instancia para aumentar los salarios.
Hasta 2022, empresarios y trabajadores encontraban consenso a partir de la activación y posterior exigencia de cumplimiento de las recomendaciones de la CE. Para septiembre, el expresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), Jorge Roig, informó que propuso ante las autoridades legislativas una «ley de emergencia laboral» que permita incrementar los salarios con un marco regulatorio especial que permita la remuneración a través de bonos. “La estrategia buscaría encontrar una solución al bajo ingreso de los venezolanos, tratando de ahorrar a las empresas el impacto del pago de las prestaciones calculadas con base en el salario. El pago con bonos permitiría aumentar el monto mensual sin que los empleadores reciban el impacto de pagar meses de ese salario incrementado por conceptos de vacaciones, liquidación, entre otros”. Con ello vuelve la amenaza sobre los trabajadores venezolanos de paliar otra crisis llevando el peso sobre sus hombros, de eso ya se tiene experiencia. Queda la pregunta: ¿para eso lleva la OIT tantos años con sus gestiones especiales sobre Venezuela?, o, por el contrario, lo que se busca con su intermediación son verdaderas soluciones que pasan por la transparencia en el manejo de los recursos nacionales, con la participación de todos los sectores hacia la reactivación económica para la generación y distribución de riquezas.
Liderazgos sindicales afectados por la represión
En 2022 se mantiene la información registrada por ODEVIDA, sobre casos de dirigentes sindicales asesinatos entre el año 2015 y 2020 con 44, no encontrándose nuevos casos desde el 2021.
Se pudo conocer 23 casos de detenciones arbitrarias relacionadas con dirigentes laborales, los cuales se pueden distinguir por sector al cual pertenecen en la siguiente tabla:
| Sector o Sindicato de Pertenencia de las Víctimas | N° | % |
| Administración Pública | 6 | 26,81% |
| Centrales Sindicales | 3 | 18,39% |
| Universitarios | 2 | 7,70% |
| Del campo | 2 | 7,70% |
| Jubilados y pensionados | 2 | 7,70% |
| Educación | 2 | 7,70% |
| Industria Petrolera | 1 | 4,00% |
| De Empresas | 1 | 4,00% |
| Empresas básicas del estado Bolívar | 1 | 4,00% |
| De la pesca | 1 | 4,00% |
| dirigente social | 1 | 4,00% |
| De la salud | 1 | 4,00% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Las detenciones se presentaron en Distrito Capital y los estados Táchira, Barinas, Vargas, Falcón, Nueva Esparta, Apure, Aragua, Bolívar, Anzoátegui, Guárico y Miranda. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de las mismas.
| Estado | N° | % |
| Distrito Capital | 4 | 18,39% |
| Táchira | 4 | 18,39% |
| Barinas | 3 | 16,12% |
| Vargas | 2 | 7,70% |
| Falcón | 2 | 7,70% |
| Nueva Esparta | 2 | 7,70% |
| Apure | 1 | 4,00% |
| Aragua | 1 | 4,00% |
| Bolívar | 1 | 4,00% |
| Anzoátegui | 1 | 4,00% |
| Guárico | 1 | 4,00% |
| Miranda | 1 | 4,00% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
El hostigamiento también sigue presente. En fecha 16 de julio de 2022, el dirigente nacional de los trabajadores Rubén González, Secretario General de FERROMINERA, dos veces preso político del gobierno de Maduro por defender derechos, realizó denuncia del hostigamiento contra el dirigente sindical Carlos Salazar por parte del SEBIN. La ONG PROVEA apoyó para visibilizar la situación y llamó al cese del hostigamiento.
En fecha 10 de agosto de 2022 en horas de la tarde la profesora Elsa Castillo, dirigente del Magisterio venezolano fue hostigada, junto a otros dirigentes, por parte de funcionarios del SEBIN y PNB. Se realizó la denuncia pública, dejando claro que se está ejerciendo el artículo 68 constitucional que consagra el derecho a la manifestación pacífica y sin armas. La maestra Castillo, luego de acudir a instancias internacionales de DDHH presentes en Venezuela, les respondía de forma pública a los funcionarios. El 4 de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de siete líderes y lideresas sindicales de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores (CSNT) en Venezuela tras identificar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable a sus derechos..
Continúa el encarcelamiento. Familiares y abogados de Johana González exigen su libertad. Está encarcelada en el INOF. Tiene una boleta de excarcelación desde el 27 de abril del 2022 que no se ha hecho efectiva hasta la fecha de publicación del presente informe. Debe estar en libertad por la orden de un juez, la cual debe ser acatada inmediatamente por la directiva del centro penitenciario.
Desde el 20 de febrero de 2020 estuvieron detenidos Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, exgerentes de Petróleos de Venezuela. Sabían que realizar denuncias contra la corrupción en PDVSA tenía riesgos. Pero en palabras de Tarek William Saab, Fiscal General de la República designado por la ANC “dichos funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos”. Quedaron en libertad plena el primero de abril de 2023, en medio de las noticias de corrupción en PDVSA y en las empresas básicas de Guayana. La liberación genero sospechas de relación con las denuncias de corrupción realizadas por los trabajadores años atrás y las recientes detenciones, Chirinos además denuncio que había sido torturado en la DGCIM. Ante las matrices de opinión, el Fiscal aclaró que fueron liberados por cumplimiento de condena, de la denuncia de tortura no dijo nada.
En el caso de Rodney Álvarez, trabajador de FERROMINERA del Orinoco, un Tribunal de Juicio dictó sentencia absolutoria para el 18 de mayo, luego de 11 años de encarcelamiento sin pruebas en su contra, retardo procesal, faltas al debido proceso y demás graves violaciones a sus derechos humanos. El hecho fue confirmado por su abogado defensor, Dr. Luis Aguilera. Familiares, defensa y sociedad civil exigen castigo a los verdaderos culpables del asesinato del que acusaron a Álvarez. Pendiente está en la OIT la solicitud de reenganche a FERROMINERA realizada por Álvarez y negada por el gobierno.
La Intersectorial de Trabajadores de Guayana denunció la noche del 2 de agosto la detención del dirigente sindical Douglas González en el estado Anzoátegui, por parte de organismos de seguridad. El sindicalista se encontraba de paso por Puerto Píritu rumbo a la ciudad de Caracas, donde tenía previsto denunciar una serie de amenazas y maltratos contra los trabajadores de Venalum, empresa a la cual está adscrito. 4 meses después fue excarcelado, luego de múltiples protestas en Guayana y las gestiones de instancias internacionales de DDHH. Le habían imputado seis delitos: supresión y paralización de la industria del Estado, supresión ilegal del trabajo, daño a la propiedad pública, desacato, obstaculización de la vía pública y agavillamiento.
Guayana y las empresas básicas. Iniciando 2023, el lunes 9 de enero los trabajadores de SIDOR iniciaron una protesta exigiendo salarios dignos, el cese de las violaciones a sus derechos establecidos en la convención colectiva, así como la recuperación de las conquistas laborales arrebatadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que inicio con una Asamblea de trabajadores a la que se sumaron de todas las empresas básicas, se transformó en una vigilia en la autopista en las inmediaciones del portón 4. La protesta fue asediada durante cinco días por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, 18 trabajadores fueron detenidos por participar en la protesta, la tensión subió hasta que se logró la firma de un acuerdo entre autoridades y los representantes elegidos en Asamblea para integrar una Mesa de Dialogo. Se estableció una hoja de ruta para los acuerdos alcanzados entre los que destacó la liberación de todos los detenidos, la suspensión de los despidos por protestar y las perentorias respuestas de las autoridades sobre pagos pendientes y derechos salariales. Pasados los días, la respuesta que llego fue la suspensión de sus puestos de trabajo de los principales dirigentes de la protesta.
En conversaciones con el trabajador Yuxcil Martínez, informó que en fecha 02 de febrero de 2023 fue notificado de un Decreto de Medida Cautelar con ocasión de un procedimiento de Autorización para despedirlo firmado por un funcionario Ad-Hoc (Especial). Este proceder gubernamental no es nuevo, es ampliamente conocido entre los dirigentes laborales de Guayana. Es el mismo funcionario especial que lleva años dictando calificaciones de despido contra los que defiendan derechos, el funcionario Douglas Quintero Rodríguez ejerce sus labores desde Plaza Caracas en la Capital de la República, en la propia sede del Ministerio del Trabajo, según denuncia realizada por el trabajador Yanrichard Rosas, quien también despedido en el 2020 de FERROMINERA del Orinoco. En el marco de la realización de este informe, buscando conversar con el funcionario, el trabajador Rosas fue retirado por funcionarios de seguridad de las instalaciones del Ministerio por órdenes del funcionario Ad-Hoc.
Sin respuestas, se acentúa la conflictividad laboral
Durante el año 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 7.032 protestas, equivalente a 20 diarias en todo el territorio nacional. Esta cifra representa un aumento de 7% en comparación con el año 2021 cuando se documentaron 6.560 hechos similares. 77% (5.410 protestas) fueron por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca) .
De las 7.032 protestas documentadas durante 2022, al menos 45% (3.185) fue en reclamo de derechos laborales, equivalente a un promedio de 9 protestas diarias. Esta cifra representa un incremento de 58% en comparación con el año 2021 cuando se documentaron 2.015 hechos similares protagonizados por trabajadores de sectores de la educación, salud, empresas de estado, jubilados y pensionados, transportistas y otros, acompañados por la sociedad civil.
El incremento en la protesta social de los trabajadores venezolanos es producto de la decisión política de no atender las demandas del sector. Ya para octubre de 2020, el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) publicaba un informe un informe de observaciones al cumplimiento de las recomendaciones de la CE donde aseguraba que el gobierno de Venezuela no solo había desatendido la gran mayoría de las recomendaciones de la CE sino que ha continuado infringiendo los Convenios 26, 87 y 144.
De acuerdo a las reflexiones realizadas por el propio OVCS, la narrativa comunicacional del gobierno de Nicolás Maduro sobre crecimiento económico contrasta con la cotidianidad de la gente, “la realidad es que no se ve reflejado en la calidad de vida y dignidad de los venezolanos”. La presencia en las calles de los trabajadores como principales protagonistas reclamando salarios y pensiones suficientes de acuerdo al artículo 91 de la CRBV permite enfocar cuantitativa y cualitativamente la importancia del sector en la dinámica social y política actual en Venezuela.
En cifras, los trabajadores venezolanos protestaron en 3.185 ocasiones, exigiendo salarios dignos. 763 protestas fueron en rechazo a las tablas salariales impuestas por la Onapre. Ocurrieron 114 protestas reprimidas en 21 estados del país, con un saldo de 35 manifestantes detenidos y 21 heridos.
Finalmente, concluye el OVCS, la cultura de la participación y la protesta pacífica continúan fortaleciéndose en Venezuela. Las concentraciones lideraron el índice de modalidades de protestas, es importante destacar que durante los últimos años este renglón estaba representado fundamentalmente por los cierres de calles y vías.
Lo anterior significa que estamos en presencia de mayor participación, organización y coordinación por parte de los actores sociales, también que existe una clara identificación de los responsables o de las oficinas públicas donde se podrían solucionar los problemas. Este tipo de protesta demuestra que los manifestantes se están planteando estrategias no violentas para exigir derechos y disminuir las posibilidades de represión por parte de la fuerza pública. A pesar del aumento de la organización de los trabajadores y de la participación cívica en las calles ejerciendo la protesta, la política de Maduro sigue siendo no dar respuesta a los reclamos. Así se desarrolla una estrategia para el agotamiento de los sectores sociales, quienes no vinculan aún las exigencias económicas con exigencias democráticas de cambio político.
Mientras tanto, seguirá la presencia de la OIT en Venezuela. En la 347° Sesión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se aprobó por consenso tripartito la presencia de un experto en diálogo social de la OIT. Organizaciones del campo sindical venezolano como el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) celebran la medida apostando al fortalecimiento del sindicalismo venezolano.
Testimonios de dos lideresas sindicales destacadas en 2022
Leida Brito, la abuela del casco rojo
Cuenta Leida, el nombre de la abuela del casco rojo viene de una protesta de 2017 cuando jóvenes querían un país diferente y lucharon por defender a su patria. “Yo decido acompañarlos porque mi hijo era uno de los patriotas que estaban en total desacuerdo de la vida que estaban viviendo, con una crisis humanitaria en un país tan rico, tiene todas las riquezas del mundo y ellos no aceptaban vivir como esclavos. Querían libertad, salarios dignos, trabajos con poder adquisitivo y por eso eran sus luchas, para poder tener futuro en Venezuela. Yo siempre me iba con mi hijo a las protestas a cuidarlo, a que no me lo fueran a matar porque vi tantos caídos que decidí acompañarlos”.
El nombre del casco rojo es porque en una de las protestas que estuvimos, con la represión más fuerte en la avenida “Francisco de Miranda”, las bombas herían a muchos, en eso pasa un muchachito y me dice abuela, póngase este casco para que no le caigan (las bombas). “El casco rojo no significa que sea por la revolución, sino porque fue para defendernos de esas bombas que caían del cielo” continua Leida. Mi hijo me alertaba: mamá cuídate de una bomba, no vaya a ser que te caiga en la cabeza y te vaya a matar, uno miraba al cielo y se cuidaba, pero yo ya me sentía como protegida con ese casco que me dio ese muchachito. De allí entonces decidí seguir la lucha al lado de mi hijo, quien más tarde se vio obligado a asilarse, a salir hacia un país que no es el suyo, para que no me lo fueran a desaparecer. ¿Su protesta entonces es desde el 2017?, No, desde 2014 yo participo en protesta, vivía en Barquisimeto, la protesta era igual por la situación país, por la desmejora en la calidad de vida en el país, aquí el poder adquisitivo no existe, solo salarios de hambre, tuve que venirme a Caracas por recibir amenaza de colectivos, mi casa fue rociada de gasolina, mi familia de Caracas me fue a buscar.
Leida ya está informada, a propósito de las audiencias de juicio orales y públicas en contra de los seis dirigentes sindicales y sociales, un funcionario de inteligencia de la PNB, ante la pregunta de la defensa sobre la lógica de que las detenciones obedecieron a la participación en protestas por salarios y pensiones justas, contra el instructivo ONAPRE, ante la insistencia con las interrogantes al funcionario (responsable del vaciado de información practicado a los teléfonos de los detenidos sin órdenes judiciales), terminó respondiendo de forma enfática que sí, que en esa razia represiva “…entre las fotos donde algunos de ellos salen acompañando a una mujer (la esposa del primer detenido exigiendo libertad frente al Ministerio Público) aparecía la abuela del casco rojo, una ciudadana que protesta contra el gobierno al lado de los pensionados y jubilados, pero que está presente en todas las manifestaciones que se hacen en Caracas”.
A mí me parece que es incoherente explica Leida, decir que estos sindicalistas están presos por conspirar contra el Estado, cuando exigen lo mismo que yo, derechos salariales, el artículo 91 de la constitución, a estar protegidos por el Estado, uno lo que hace es trabajar más de ocho horas o las que hagan falta para tener un poder adquisitivo y esas eran las protestas donde yo me encontraba a estos sindicalistas y que es lo que decían, defender los derechos de los trabajadores, el artículo 89 de la constitución, el 91, en ningún momento hablaban mal del jefe de Estado. Se cuestionan las políticas que son responsabilidad del jefe de Estado, lo mismo que yo hago, defender los derechos humanos, es lo mismo que hacen los sindicalistas.
Por eso envío un mensaje de reflexión a la sociedad, porque pienso que la verdad es una de las cosas más importantes que tiene una persona con dignidad. Con el miedo tu no vas a comer o no vas a ir al mercado, no vas a llenar el estómago, porque el estómago no tiene miedo , tu cerebro te dice una cosa, pero el estómago te dice otra, te dice tengo hambre quiero comer, quiero comer proteínas, ¿qué tienes que hacer?, tienes que luchar por tus derechos, por tus beneficios, porque si trabajaste tantos años de tu vida, dejar que el miedo venga a acabar contigo, porque no es el Estado, eres tú mismo como persona que decide tener miedo, yo no, yo decidí dejar el miedo o comérmelo con una arepa, porque no tengo con que rellenarla, y salgo a la calle a defender mis derechos.
Raiza Pulido: los trabajadores de Venezuela no podemos entregar un cheque en blanco a ninguna dirigencia sindical
¿Qué exige Raiza Pulido, trabajadora con orden de reenganche en Maderas del Orinoco y elegida en la Asamblea del Portón 4 de SIDOR para formar parte de la Mesa de Diálogo con las autoridades? Dentro de las propuestas principales está el ajuste salarial al artículo 91 de la Constitución, el reingreso de los trabajadores no requeridos sacados por pandemia de sus puestos de trabajo en las empresas básicas, el reenganche de los trabajadores por despidos injustificados, el cese de las jubilaciones forzosas, la entrega de las constancias de trabajo y otra serie de beneficio dejados de percibir donde se están violando las contrataciones colectivas.
La respuesta que se recibió de los entes gubernamentales, entre los que se encuentran el gobernador del estado Bolívar y las direcciones de las empresas, fue crear unas mesas paralelas con los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT), cuya eliminación es una de las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, con esas mesas paralelas, se presentaron en la ciudad de Caracas y los recibió el ministro del trabajo, dándole la espalda a la base trabajadora de Guayana.
Ellos se habían reunido con nosotros, quedaron estampadas sus firmas y grabados en los medios y redes sociales, el compromiso que ellos tenían con la base trabajadora y lo que hicieron fue burlarse de la buena fe de los trabajadores, de la protesta pacífica, donde no hubo daños materiales, no hubo daños patrimoniales, no hubo pérdida de vidas ni heridos y se entregaron las unidades de transporte en perfecto estado luego de la protesta del portón 4 de SIDOR.
Las exigencias laborales se relacionan con las actuales acusaciones y detenciones por corrupción de autoridades de las empresas básicas, es lo que hemos venido denunciando, actividades irregulares que han tenido los presidentes de las empresas, hemos mostrado ante medios de comunicación como en redes sociales e instituciones que tienen que velar por la protección de los derechos laborales y de los ciudadanos, como es el caso del Ministerio Público y la Contraloría.
Hemos denunciado que hay un mal manejo de lo que son las empresas básicas de Guayana donde hay testimonios de trabajadores sobre la no rendición de cuentas tanto a los mismos trabajadores como a la ciudadanía de lo que es el manejo y las ganancias obtenidas en las empresas básicas. Un testimonio fehaciente es que el proceso productivo de las empresas de Guayana era de los que más impactaba en el producto interno bruto del país.
Hoy los trabajadores estamos en total estado de abandono, donde no se entregan equipos de protección personal, botas, dotación de uniformes, no hay HCM. Se están vulnerando también otros derechos de contratación colectiva, lo que son los pagos en los colegios y cantidad de beneficios que han venido eliminando. ¿Dónde está el dinero de esas partidas?, los trabajadores necesitamos transparencia en esas partidas presupuestarias, porque las empresas están produciendo, las empresas se mantienen con ventas a nivel nacional y con exportaciones a nivel internacional también.
Los trabajadores no confiamos en la Central Bolivariana de trabajadores, no confiamos en los sindicatos que están en las empresas básicas de Guayana, queremos que se renueve la dirigencia sindical por otra que se necesita cuente con la confianza de los trabajadores.
Desde Guayana Raiza Pulido de Maderas del Orinoco envía varios mensajes: todos los trabajadores debemos y tenemos el derecho a defendernos, los trabajadores de Venezuela no podemos entregar un cheque en blanco a ninguna dirigencia sindical, a ningún partido político y a ningún gobierno de turno, los trabajadores venezolanos estamos llamados a defender nuestras contrataciones colectivas, nuestra ley del trabajo y nuestra Constitución Nacional, nosotros los trabajadores fundamos la ley, sobre todo los de Guayana con base a la sangre, sudor y lágrimas de nuestros pioneros y no vamos a permitir que seamos desmejorados.
Le decimos finalmente al país, a todos los ciudadanos, estamos llamados a defender a nuestras empresas y recursos naturales, a defender a Venezuela.
Conclusiones
ODEVIDA ha constatado que el Estado venezolano ratifica una política antisindical que lleva más de 20 años en el país, la cual se expresa en acciones coordinadas entre las diferentes ramas del poder público. Ejecutivo nacional, tribunales de la República y Ministerio Público llevan a cabo acciones contra los trabajadores y su dirigencia, mientras la Defensoría del Pueblo hace caso omiso a las exigencias y solicitudes que se le realizan para que haga su trabajo. A nivel legislativo no se han modificado las leyes que completan el andamiaje represivo ya señalado desde 2019 por la Comisión de Encuesta de la OIT.
En 2022 sigue presente el encarcelamiento arbitrario y el hostigamiento contra los trabajadores. ODEVIDA ha registrado 23 detenciones arbitrarias durante el año 2022, incluso 18 nuevas detenciones, las cuales se produjeron en el estado Bolívar a propósito de la protesta en la empresa estatal SIDOR a inicios de 2023. La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de siete líderes y lideresas de la asociación civil Coalición Sindical Nacional de Trabajadores.
La impunidad sigue presente en prácticamente todos los casos documentados por ODEVIDA. En cuanto a informes anteriores, en los casos de asesinatos acaecidos entre 2015 y 2020, así como detenciones arbitrarias y hostigamiento recientes. El Estado sigue ausente a la hora de investigar y sancionar estos hechos.
Venezuela sigue sin dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, mecanismo de investigación de alto nivel activado por el Consejo de Administración de la OIT en 2018, cuyo informe publicado en 2019 “Por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela por inobservancia de los Convenios 26°, 87° y 144°” fue desacatado por el Gobierno venezolano. Seguimos entre los casos graves en el mundo, referente a vulneraciones de derechos. En la página web de la OIT, a propósito de la culminación de la 347ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, por una parte, se reitera el llamamiento al Gobierno para que acepte las recomendaciones de la Comisión de Encuesta y por otra, se deja clara la preocupación por algunas situaciones particulares globales; la agresión rusa contra Ucrania y las situaciones en Myanmar, Belarús y Venezuela. Queda claro que el gobierno de Maduro no logra engañar a la comunidad internacional.
Recomendaciones al Estado venezolano y a la comunidad internacional
ODEVIDA ratificando el cumplimiento de su mandato de defender derechos en el ámbito de los derechos de los laborales, basado en las obligaciones estatales previstas en el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, realiza las siguientes Recomendaciones a las autoridades venezolanas:
Al Ejecutivo Nacional:
Generar espacios de interlocución con organizaciones sociales, sindicatos, Academia y distintos sectores sociales, garantizando participación segura y sin represalias para la discusión y la construcción de acciones intersectoriales que garanticen el ejercicio de derechos, la protección de personas en situación de riesgo y la lucha contra la impunidad frente a distintos tipos de violencia.
Exhortar al Ministerio Público a Investigar de manera urgente todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.
Respetar los tratados internacionales y leyes nacionales que protegen los derechos de los laborales, especialmente los Convenios 26, 87, y 144, de la OIT. En particular, dar cumplimiento a las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, en especial la aplicación de los convenios números 26 (fijación de los salarios mínimos), 87 (libertad sindical y protección del derecho de asociación) y 144 (consulta tripartita) en la legislación y en la práctica.
A la Asamblea Nacional:
Instamos a que se conforme e instale una Comisión Parlamentaria pluripartidista con participación activa y decisoria de dirigentes sindicales y de organizaciones de derechos humanos que investigue y presente un Informe de las denuncias sobre violaciones a la libertad sindical, y sobre los asesinatos a dirigentes y activistas sindicales ocurridas entre el año 2000 y el 2020 producto del accionar del sicariato.
A la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo:
Cesar los procedimientos judiciales y las medidas cautelares y sustitutivas con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar.
Proceder a la liberación inmediata de todo defensor o defensora de derechos laborales que permanezca detenido por ejercer las actividades sindicales legítimas de sus organizaciones y garantizar el debido proceso contemplado en la constitución.
Proceder a la investigación inmediata y de forma independiente de todos los casos de asesinatos, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación y otras formas de agresión que no hayan sido debidamente esclarecidos, para establecer responsabilidades e identificar a los autores materiales e intelectuales, asegurando que se toman medidas adecuadas de protección, sanción y compensación.
A la Comunidad Internacional de derechos humanos:
- Exhortamos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que continúe la labor de documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que afectan a defensores de los derechos laborales ocurridas en Venezuela, entre los años 2015 y 2023.
- *Recomendamos a la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas investigue los asesinatos de defensores de derechos laborales, en especial los asesinatos atribuibles al accionar del sicariato, así como las detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos a partir de 2014, especialmente los que afectan a dirigentes y activistas sindicales.
- Instamos a las diferentes instancias de la OIT -Comisión de Encuesta, Consejo de Administración y el Director General- a seguir insistiendo ante el gobierno venezolano para que se otorgue la libertad plena a todos los dirigentes sindicales detenidos, y a cumplir con las Recomendaciones de ese organismo internacional.
Fuente Oficial: Provea
