(Caracas, 28.03.2023. Amnistía Internacional). Las organizaciones de derechos humanos llevan más de diez años advirtiendo del deterioro persistente que se está produciendo en el respeto delos derechos humanos y el Estado de derecho. ¿En qué punto de ese deterioro se sitúa el año 2022? ¿Ha sido otro año desastroso para los derechos humanos? ¿Ha tocado un nuevo fondo la quiebra de las normas internacionales? De ser así, ¿qué debe hacer la comunidad global al respecto?En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania y sembró la devastación militar sobre un pueblo y un país en paz. En cuestión de meses quedaron arrasadas infraestructuras civiles, murieron miles de personas y muchas más resultaron heridas. Las acciones de Rusia aceleraron una crisis energética mundial y contribuyeron a debilitar los sistemas de producción y distribución de alimentos, lo que dio paso a una crisis alimentaria global que sigue afectando de forma desproporcionada a las naciones más pobres y a las personas
racializadas.
En Venezuela La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada. Los cuerpos de seguridad respondieron con fuerza excesiva y otras medidas represivas a protestas para reclamar derechos económicos y sociales,incluido el derecho al agua, en las que participaron diversos sectores de la población. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales continuas que cometían las fuerzas de seguridad.
Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. Un informe de la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló patrones de crímenes de lesa humanidad y pidió que se investigara a varios cargos gubernamentales identificados. Las condiciones penitenciarias seguían siendo un importante motivo de preocupación, especialmente en relación con el hacinamiento y el uso de centros de detención ilegales, así como con el acceso a derechos fundamentales tales como el agua y la alimentación.
Pese a la aprobación de reformas jurídicas relativas a la administración de justicia, las víctimas
seguían teniendo dificultades para acceder al derecho a verdad y reparación. Entre 240 y 310 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El Estado dirigió sus políticas represivas
contra periodistas, medios de comunicación independientes y defensores y defensoras de los derechos humanos.
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