Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela
Informe enero-diciembre 2016
(Caracas 20/01/2017, Espacio Publico) Las prácticas intimidatorias, la violencia institucional y física que criminaliza la búsqueda y difusión de información en Venezuela, motivada por un discurso oficial hostil hacia la prensa, se agravaron en 2016, paralelo a un escalamiento de la crisis política y económica que alcanzó niveles inéditos en la historia contemporánea del país.
2016 es el segundo año con mayor cantidad de casos en 15 años de registro. Desde hace dos años se alcanzan niveles no vistos desde 2010, sin considerar el 2014, año especialmente conflictivo en términos sociopolíticos. Los periodos con mayor incidencia de casos, 2014, 2016 y 2009, suman el 32% del total de situaciones registradas.
Entre enero y diciembre de 2016 se registraron 366 violaciones[1] a la libertad de expresión, lo que representa un incremento del 28% respecto al mismo periodo del año 2015, cuando se contaron 286. El total de casos/situaciones fue de 266, un 12% mayor que el periodo enero-diciembre del año pasado.
La agudización de la tensión política, con la suspensión de elecciones en octubre compromete aun más la garantía del derecho a la libre expresión. Cuando la polarización exacerba los límites institucionales, alimenta una mayor incidencia de escenarios violentos y deja en estado de indefensión a los ciudadanos. De allí que octubre se ubique como el mes con mayor cantidad de casos registrados, con un total de 43.
El 44% (119) de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio. Esto representa un total de 88 casos/situaciones que indican un aumento del 252% en relación al contexto de protesta del año anterior (25).
El impedimento de cobertura producto de la represión ejercida sobre las protestas por comida a inicios de junio en el centro de Caracas, elevó la incidencia de violaciones en el primer semestre del año. La demanda por venta regular de productos y el derecho a la alimentación se ubicó ente los principales motivos de protesta, después de las demandas laborales. Entre enero y octubre de 2016 se registraron 2999 manifestaciones, un aumento de 21% respecto al mismo periodo del año pasado.
A pesar de la que la Constitución Nacional contempla solo una prórroga del decreto de estado de emergencia por el mismo periodo inicial (60 días), el Ejecutivo Nacional extendió en cinco ocasiones consecutivas este decreto al que además le sumó la declaratoria de Estado de Excepción. Estas medidas precarizan las garantías para el ejercicio de la protesta pacífica como mecanismo legitimo de denuncia. En octubre, la represión superó en 46% el total de protestas reprimidas en el mismo periodo de 2015.
La arremetida de diversas instancias del Estado contra cualquier expresión de descontento se extiende a todos los sectores y, particularmente se focaliza en periodistas y reporteros gráficos a fin de impedir la cobertura de los hechos, ocultar la realidad e impedir las críticas.
El desalojo de reporteros de las zonas de protesta y la exigencia ilegítima de permisos para la cobertura de hechos públicos escala algunas veces en violencia a fin de impedir el registro tanto de la demanda ciudadana como de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. De allí que la intimidación esté en el primer lugar con 123 ocurrencias. La agresión, por su parte se ubica en el tercer lugar de ocurrencia con 54 violaciones.
Violencia física
Intimidación, agresión y ataque
Se manifiesta en el impedimento de cobertura, robo o confiscación de equipos, expulsión de espacios o instituciones públicas (intimidación); en agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y en ataques contra medios de comunicación en represalia por su línea editorial. Estas situaciones suman un total 187 violaciones a la libertad de expresión, lo que la ubica como la modalidad de violencia más frecuente.
A continuación algunos casos que ejemplifican el patrón.
- El reportero gráfico Miguel González fue agredido y robado por simpatizantes del oficialismo en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la cobertura a la entrega de firmas al ente por parte del partido de oposición, Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el 13 de abril. González trabaja como freelance, los equipos que le fueron robados están valorados en $2000 aproximadamente, e incluyen micrófonos, cámara, lentes, entre otros. “Me agarraron del morral, que tenía en la espalda, del jalón caigo pero no me doy cuenta de cuántos son, cuando volteo para forcejear y que no me quiten el morral me doy cuenta que son seis personas; me dieron golpes, patadas y me golpearon con cascos”. La periodista que acompañaba a González en esta pauta no pudo auxiliarlo y buscó apoyo en funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, “en el momento en que se acercan, me dejaron de golpear pero ya me habían quitado el morral”. El reportero les indicó a los funcionarios que le habían robado su morral con equipos y persiguieron a la persona que lo tenía, cuando el efectivo se acerca a quien tenía el bolso con los equipos, éste se lo dio a otra persona del mismo grupo para que se lo llevara. “Me acaban de robar, me están golpeando, estoy ensangrentado ¿cómo deja que esto pase?”, le dijo González al funcionario en reclamo de que no actuaban ante la situación, el funcionario respondió: “no podemos hacer nada, aquí no hay estado de derecho, ellos matan policías; vete caminando tranquilo y ya está”.[2]
- El 3 de octubre de 2016 se realizó una toma de las instalaciones de la alcaldía Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua, para juramentar al concejal Brullerby Suárez como alcalde interino, luego que el SEBIN detuviera al alcalde Delson Guarate en el mes de septiembre de este mismo año. “Habían como unas 500 personas que convocaron, trajeron muchas personas del Psuv y eran personas armadas y violentas que, en tempranas horas de la mañana, empezaron a quitar todo lo que identificaba a nuestra gestión (la del alcalde detenido). Yo subí al techo de la alcaldía a tomar una foto del acto”, relató Emily Cabrera, periodista y ex jefa de prensa de la alcaldía, quien en ejercicio de sus funciones periodísticas, fue agredida por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “En lo que estas personas me ven, me comienzan a señalar y me querían quitar el teléfono; yo tenía una camisa que me identificaba y salgo corriendo y cuando bajo del techo me abordan dos personas que me piden el teléfono, yo les dije que no y salí corriendo pero en lo que corrí siento que una persona me agarra fuertemente por el cabello y me comienza a golpear por la cabeza”, dijo la periodista. Precisó que un compañero pudo ayudarla pero que la mujer que la agarró por el cabello la amenaza y le dice que no va a salir viva de ahí, por lo que debió resguardarse. Cuatro mujeres del Psuv la esperaban en la entrada de la alcaldía y amenazaron al compañero que la defendió, decían que él había incurrido en “violencia de género”, a pesar de que estaba ayudando a su compañera a resguardarse sin ser violento con las agresoras. Cabrera manifiesta una preocupación, puesto que su principal agresora vive en la misma zona que ella y en días pasados una persona la reconoció como la jefa de prensa del ex alcalde. “Mi integridad está en riesgo, uno nunca sabe”, finaliza la periodista.[3]
- El Diario de Los Andes cumplió su 38° aniversario con un atentado en la entrada principal de sus instalaciones en el estado Trujillo. Aproximadamente a las 2:35am del 24 de agosto, dos personas en una moto dispararon al menos 30 veces contra la puerta principal, dejando perforaciones en las paredes y vidrios rotos de la recepción y área de caja. No hay heridos, los trabajadores de encarte y rotativa de turno se encontraban fuera de alcance. Se desconoce el origen de los hechos pero se presume que están asociados a las amenazas recibidas al Diario por la publicación de información sobre la situación carcelaria en el Internado judicial de Trujillo. Según el medio digital La Patilla, presos de ese penal llamaron días antes a la redacción del periódico indicando que enviarían una réplica a sus publicaciones; se espera respuesta de investigaciones del CICPC.[4]Escasez de garantías
El silencio estatal sobre los índices de escasez e inflación violenta el derecho a la información de los ciudadanos, lo que aumenta las garantías vulneradas ante el deterioro progresivo de otros derechos fundamentales, como la alimentación y la salud. Fuentes vinculadas al Banco Central de Venezuela (BCV) señalaron que para el primer semestre del año, la inflación se ubicó en 176,2%[5], tras seis meses de vigencia del Decreto de Emergencia Económica, mientras que el FMI estimó el cierre de 2016 en 720%. Las filas de usuarios a las afueras de los locales comerciales persistieron. La poca oferta eleva constantemente los precios y deteriora el poder adquisitivo.
Veintisiete (27) casos de violaciones a la libertad de expresión durante la cobertura de filas a las afueras de los comercios o en protestas por comida se registraron en 2016, lo que supera en 35% el total del año anterior (20). Se impide el registro mediante desalojos forzados, confiscación e incluso robo de equipos, por cuerpos de seguridad, grupos violentos y en menor medida por particulares
Más de la mitad de las víctimas son periodistas. En el 16% de las ocasiones, reporteros gráficos fueron el blanco de agresiones, amenazas o intimidación. Los medios de comunicación son atacados directamente en sus instalaciones o sometidos a procesos judiciales. Esta última situación también se extiende a la directiva de los medios.
El Estado venezolano, entre instancias, cuerpos de seguridad, funcionarios y el Presidente de la República suman el 70% del total de victimarios. La presencia de grupos violentos tiene una incidencia relevante ya que su intervención suele escalar hacia agresiones físicas, robos y hurtos de equipos. Ante estas acciones los cuerpos de seguridad han actuado, tanto en complicidad –al facilitar la comisión de los delitos- como por omisión al ignorar las denuncias realizadas por las victimas al momento de ser violentadas.
Internet: baja calidad y espacio restrictivo
Históricamente, el servicio de Internet ha sido deficiente. Según el ranking mundial sobre la velocidad de Internet realizado por la empresa de diagnóstico Ookla, Venezuela ocupa el lugar 194 con una velocidad promedio de conexión de 2,23 Megabytes por segundo (Mbps).
La mayor operadora del país, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), a la que pertenece una de las tres operadoras de telefonía móvil, Movilnet, es de propiedad estatal. Asociado con la baja velocidad, la deficiente calidad del servicio supone serias limitaciones de acceso.
A partir del mes de julio, el servicio de las dos compañías privadas restantes registraron un aumento significativo de los costos en los planes de servicio, entre ellos el de Internet (mayor a 200%), paralelo a fallas cada vez más comunes. Las empresas argumentan limitaciones económicas y ausencia de divisas para la renovación adecuada de las plataformas. Conatel suspendió el aumento[6]. En respuesta, las operadoras mantuvieron los viejos precios, pero incorporaron nuevos planes con los precios ajustados. Las fallas persisten.
La ausencia de condiciones óptimas merma a los venezolanos de las plenas bondades y oportunidades que representa el Internet como plataforma para el ejercicio de la libre expresión. Sin embargo, ante la reducción sostenida de medios independientes y el incremento continuo de ataques contra la prensa, Internet ha tomado importante relevancia para los ciudadanos que buscan informarse a través de medios distintos al sistema público de medios. A propósito de las facilidades de comunicación que incorpora la web, la convierte en un espacio que no escapa de los atropellos contra la libertad de expresión.
En 2016 se registraron ocho (8) ataques a cuentas personales y sitios web de periodistas, un medio de comunicación y una institución pública[7], tres (3) prohibiciones de difusión de información por redes[8], cuatro (4) amenazas y hostigamiento por coberturas[9], dos (2) restricciones y amenazas administrativas por uso de redes[10] y (2) dos detenciones por difundir información, cuyos casos se describen a continuación.
- Pedro Hernández, defensor de derechos humanos y activista político fue detenido el 8 de junio de 2016 luego de difundir un tweet en el cual informaba sobre los saqueos que estaban sucediendo en Aroa, Estado Yaracuy. A pesar de que el Tribunal de Control le otorgó medida cautelar sustitutiva, su detención se mantuvo por alrededor de un mes, luego de declaraciones del Presidente Nicolás Maduro quien señaló que los activistas políticos detenidos eran responsables de los saqueos y tendrían “máximo castigo”.[11]
- El 29 de septiembre, el Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, publicó en su cuenta de Twitter la “exitosa labor de inteligencia conllevó a la identificación y orden judicial de detención practicada ayer a un tuitero por presunto terrorismo”. El detenido fue identificado como Marcos Rada Ríos, abogado que manejaba la cuenta @alexvzlalibre, la víctima fue acusado por presunto terrorismo.[12]
Estos hechos en total contabilizan (17) diecisiete violaciones a la libertad de expresión a nivel de Internet que comprenden: diez censuras, seis amenazas, dos hostigamientos verbales, dos restricciones legales, una intimidación y un hostigamiento judicial.
Las restricciones legales implicaron directamente casos de censura previa vinculadas a problemas de alto impacto en la opinión pública, como el fenómeno de los linchamientos y denuncias sobre corrupción contra funcionarios públicos. Desde el sistema judicial se criminaliza la difusión de información lo que genera un desconocimiento generalizado, inhibe el debate público a fin de mermar la crítica y el reclamo directo a las autoridades responsables, lo que impide solucionar los problemas de forma realista y consensuada.
Las zonas del país donde se registra mayor violación del derecho son el Distrito Metropolitano de Caracas[13], la sede los poderes públicos y el centro de varios movilizaciones masivas, con 78 situaciones, seguido de Mérida y Aragua ambos con (16) dieciséis, y con incidencia relevante en manifestaciones públicas, tanto de corte social (reclamos de servicios públicos, obligaciones laborales) como exigencias civiles y políticas, vinculada a demandas electorales.
Violencia institucional
Censura, hostigamiento judicial, restricciones legales y administrativas
Se traduce el uso de las diversas instancias del Estado para castigar líneas editoriales críticas al gobierno nacional y a sus funcionarios. La manipulación del sistema judicial, los procedimientos y los tiempos para sancionar, incluso penalmente, a medios de comunicación, directiva y periodistas. La promoción de la censura mediante sanciones por parte de entes administrativos, como la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, o la venta discrecional de papel prensa por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro; y la promulgación de legislación restrictiva. 112 violaciones de este tipo se registraron entre enero y diciembre de 2016.
- El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió el 11 de marzo una sentencia contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres: fue condenado a 4 años de prisión con prohibición de salida del país, tras enfrentar un proceso judicial que tiene como raíz la cobertura informativa que hizo el medio de comunicación, en el año 2013, sobre las denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco. No son solo los cuatro años de cárcel contra David Natera, la prohibición de salida del país y la presentación cada 30 días, el documento detalla, además, la inhabilitación política y la sujeción a vigilancia por una quinta parte del tiempo de la condena.
El juez Beltrán Javier Lira dictaminó que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción; es decir, si existen denuncias sobre corrupción en determinado ente gubernamental, los medios de comunicación no podrán denunciarlo hasta tanto no se abra una investigación en la justicia venezolana y se dictamine que efectivamente hubo delito de corrupción.[14]
- El 28 de junio el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario del estado Carabobo, a cargo de la juez provisoria Omaira Escalona, prohibió la difusión de artículos difamantes e injuriosos contra el ministro Carlos Osorio, quien está siendo investigados por corrupción. Escalona dictó una medida cautelar innominada en favor del ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano en razón del juicio abierto por daño moral ocasionado por los ciudadanos Carlos Humberto Tablante Hidalgo, Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti. Dicha medida prohíbe a los diputados mencionados continuar con “la publicación, declaración y difusión de artículos difamantes e injuriosos especialmente a través de la página web “Cuentas Claras” y en demás redes sociales, tales como Twitter, Facebook y otros; y en todos los medios de comunicación masiva públicos o privados que circulen a nivel nacional, regional o municipal, radioeléctricos o televisivos, a que se abstengan de publicar o difundir noticias y mensajes vilipendiosos, en cuanto a cualquier señalamiento que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano .”[15] Los diputados García y Berrizbeitia, integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, investigan al Ministro Osorio por presunta corrupción.
- Tras 82 años de circulación e intentos fallidos para la compra de papel prensa a la Corporación Maneiro, El Carabobeño cesó su circulación el 17 de marzo aclarando que se trata de un “zarpazo a la libertad”: Se agotaron las gestiones en procura de la asignación de divisas a El Carabobeño para pagar deudas por insumos adquiridos en el exterior. Luego, con la creación de la Corporación Alfredo Maneiro, al Diario del Centro se le ha negado, desde hace un año, la cuota de papel que legalmente le corresponde, porque se trata de una mercancía adquirida con dinero del Estado venezolano, señaló la editorial.[16]La monopolización del papel prensa por parte del Estado venezolano tras la creación de la Corporación Maneiro, en el año 2013, inició una escasez generalizada de papel que afecta en especial a los medios de línea crítica o independiente del gobierno nacional. En tres años, siete (7) medios han salido de forma indefinida por la falta del insumo. La Corporación impone obstáculos burocráticos, dilata la venta, incumple los plazos o no vende bajo criterios discrecionales. Veinte (20) medios salieron temporalmente de circulación, nueve (9) de ellos en 2016[17], tras serías crisis en la obtención de insumos, en su mayoría con reducciones significativas y cambios de formato.
Deportaciones y trabas para la prensa extranjera
En un contexto de alta convulsión política, la prensa extrajera también ha sufrido las consecuencias de la censura para evitar su cobertura. El Gobierno a través de diversas instancias públicas impidió el trabajo de 17 comunicadores en dos meses.
En agosto, la oposición convocó a una movilización masiva que se llamó La Toma de Caracas. La actividad generó una gran expectativa. En esa oportunidad 10 periodistas de medios internacionales resultaron afectados. El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen[18]; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera[19]; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados[20]; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país[21].
Las deportaciones y expulsiones son ejecutadas por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y continuaron en el contexto de otra movilización masiva: La Toma de Venezuela. En esta oportunidad, impidieron la entrada a los periodistas Ricardo Burgos, Leonidas Chávez y Armando Muñoz, de la cadena mexicana Televisa y al fotógrafo Rodrigo Abad, de la agencia AP[22], lo retuvieron el 26 de octubre y luego le permitieron la entrada al país.
Los periodistas de Radio y Televisión Española (RTVE) y Washington Post, llegaron al país con la finalidad de hacer una cobertura especial del llamado a marchar al Palacio de Miraflores, entre otros eventos. En el caso de Ramos y Franco, de RTVE, se les permitió la entrada al país, tras 15 horas de esperar en la zona de tránsito, sin sus pasaportes ni equipaje y vigilados permanentemente[23]. Partlow por su parte abandonó el país en el primer vuelo que salió a Miami, Estados Unidos, el día martes 1 de noviembre, a horas de aterrizar en el país[24].
Existe una política de acreditaciones que se aplica de forma discriminatoria al ser negadas respuestas oportunas o solicitar requisitos extraordinarios. La existencia de una legislación no otorga legitimidad a estas restricciones indirectas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, sobre todo cuando la regulación es interpretada parcialmente, alterada o incluso, omitida. Es una tergiversación burocrática del sistema de acreditación, ya que el Estado retarda o niega sin motivo -dentro de su propia lógica legal- un requisito que él mismo exige. En este sentido, la prohibición de entrada al país no tiene fundamento auténtico, porque el Estado no cumple con sus propias disposiciones. La omisión deliberada de procesos administrativos revela el uso discrecional de las instituciones y recursos públicos con fines político-partidistas a fin de negar el acceso a la información como mecanismo de censura.
Violencia discursiva
Amenaza y hostigamiento verbal
Insultos, descalificaciones contra la prensa que la ubican como adversario político; amenazas a la integridad, propiedad y familiares de periodistas e infociudadanos por la difusión o cobertura de hechos sensibles para la opinión pública. 67 violaciones fueron contabilizadas en este contexto.
- Un grupo de ocho (8) periodistas fue amenazado por simpatizantes del gobierno nacional en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas el 18 de mayo, mientras esperaban la llegada de una movilización convocada por los partidos de oposición, con la finalidad de pedir celeridad en la activación del referéndum revocatorio presidencial. Los encargados de las comunicaciones del CNE se dirigieron a los funcionarios, para que permitieran el acceso de la prensa, pero los intentos fueron infructuosos. En medio de la espera, al lugar llegaron unos simpatizantes de la oposición, que fueron agredidos por los simpatizantes del gobierno. “Luego de eso comenzaron un ataque más directo a los periodistas que estábamos ahí. Hubo amenazas, a varios camarógrafos los insultaron y hubo unas palabras bastante fuertes de los simpatizantes del gobierno a nosotros. Al ver que los ánimos se estaban caldeando mucho y que podíamos ser víctimas de agresiones físicas, los periodistas de diarios y de portales webs nos fuimos a las sedes, para no arriesgarnos”, relató Salas. En el lugar se encontraban haciendo cobertura los periodistas de Globovisión, Venevisión, Televen, NTN24, Unión Radio, Venezolana de Televisión, El Impulso y otros portales digitales.[25]
- La periodista Melissa Turibbi denunció el allanamiento a su casa el día 24 de octubre en horas de la mañana. El allanamiento, sin orden judicial, fue realizado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), quienes preguntaban por la computadora de la periodista. “Cinco funcionarios del Sebin entraron y amedrentaron a la muchacha que cuida a mi hijo, se identificaron; dos de ellos tenían chalecos. Ingresaron a mi casa y revolvieron todo. Encerraron a mi hijo, el cual sufre de autismo, se asustó mucho al ver a esas personas armadas. A la muchacha le quitaron el teléfono para que no me pudiera avisar nada y abrieron mi cuarto a patadas”, relató la periodista. La computadora en ese momento la tenía la reportera, le dijeron a la niñera que se la iban a llevar detenida si no decía dónde estaba la laptop. Como no encontraron nada, se retiraron sin llevarse nada, estaban todas las cosas de valor. Turibbi cubre la fuente militar, la fuente política y es corresponsal de guerra.[26]
- El 27 de octubre, el reportero gráfico de NTN24 en Venezuela, Rafael Hernández, fue apuntado en el pecho con un arma de fuego y amenazado de muerte por parte de un simpatizante oficialista, al momento de llegar a cubrir la sesión programada en la Asamblea Nacional, en Caracas, enmarcada en lo que han denominado “juicio político” al Presidente Maduro. “tú eres periodista de La Patilla, yo sé quién eres, te vamos a matar”. Hernández negó que trabajara para ese medio y el sujeto lo apuntó con un arma de fuego entre el pecho y el estómago diciéndole “ah, ¿encima me vas a mentir?, entonces te voy a matar” declaró Hernández.[27]Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías definidas anteriormente.
Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter nacional y/o internacional.
A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.
Citas:
[1] Se reciben denuncias directas de las víctimas, y se registran situaciones públicas y notorias que constituyan violación al derecho. Por caso se entiende el hecho, la situación o circunstancia que compromete la garantía del derecho, de allí se pueden diagnosticar una o varias violaciones, de acuerdo a las categorías-tipos de violación.
[2] Entrevista realizada por Espacio Público a Miguel González el 13/04/2016. Recuperado en http://goo.gl/B2Kobd
[3] Entrevista realizada por Espacio Público a Emily Cabrera el 25 de octubre en https://goo.gl/xnTFJx
[4] Diario de Los Andes, 24 de agosto de 2016. “Dos sujetos tirotearon el Diario de Los Andes”. Recuperado el 24 de agosto de 2016 en http://goo.gl/Fhxl2A
[5] El Nacional, 11 de julio de 2016, El primer semestre cerró con inflación de 176,2%. Recuperado el 11/11/2016 en https://goo.gl/VKEMQM
[6] Comisión Nacional de Telecomunicaciones, 29 de julio de 2016, Conatel al país. Recuperado el 23/11/2016 en https://goo.gl/anSj1Z
[7] Noticia al Dìa, 11 de febrero de 2016, Hackean cuenta en Twitter de Luis Chataing. Recuperado el 12/02/2016 en http://goo.gl/0A7GUR Runrun.es, 7 de mayo de 2016, Nelson Bocaranda agradece apoyo tras hackeo en su cuenta de twitter. Recuperado el 10/05/2016 en http://goo.gl/o2FnGH Espacio Público, 9 de junio de 2016, Hackearon cuenta en Twitter del IVSS. Recuperado el 09/06/2016 en https://goo.gl/PpyIJS Analítica, 30 de junio de 2016, Cuenta en Twitter de analítica fue hackeada. Recuperado el 13/07/2016 en http://goo.gl/cSDcA7 Espacio Público, 11 de octubre de 2016, Hackean cuenta en Twitter de director asociado de El Nuevo País. Recuperado el 20 de octubre de 2016 en https://goo.gl/EHf5pt Espacio Público, 20 de octubre de 2016. Hackean blog de periodista que informa sobre caso de “narcosobrinos”. Recuperado el 25 de octubre de 2016 en https://goo.gl/Le2FHd Caraota Digital, 26 de octubre de 2016, La cuenta de Twitter del diputado Dávila fue hackeada. Recuperado el 20/11/2016 en https://goo.gl/VrzE2b Espacio público, 01 de noviembre de 2016, Hackean por segunda vez en una semana a Williams Dávila en Twitter. Recuperado el 09 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/mH30Ld
[8] Espacio Público, 2 de julio de 2016, Juez censura información sobre denuncias de corrupción contra Carlos Osorio. Recuperado el 06/07/2016 en https://goo.gl/K6w6qF Espacio Público, 9 de junio de 2016, Espacio Público rechaza censura previa ordenada por el TSJ sobre linchamientos. Recuperado el 14/06/2016 en https://goo.gl/A0j0zF Espacio Público, 24 de agosto de 2016. “Tribunal prohíbe a periódicos de Barinas informar sobre Adán Chávez”. Recuperado el 24 de agosto de 2016 en https://goo.gl/g0BeZx
[9] Espacio Público, 16 de febrero de 2016, Insultan a periodista por cubrir entierro de preso de Tocorón. Recuperado el 22/02/2016 en http://goo.gl/PcwyFz Venezolana de Televisión, 13 de febrero de 2016, Reportero de Dólar Today coordinó con pran de Tocorón para crear caos. Recuperado el 17/02/2016 en http://goo.gl/T4uWtD Espacio Público, 14 de septiembre de 2016. Periodista es intimidada tras publicar trabajo de investigación. Recuperado el 15 de septiembre en https://goo.gl/Gyx7fx
[10] El Universal, 27 de noviembre de 2016, Prohíben a GNB tener WhatsApp, Facebook y Twitter en teléfonos celulares. Recuperado el 28 de noviembre de 2016 en https://goo.gl/PT0455 Espacio público, 29 de noviembre de 2016, Alertas encendidas por propuesta de director de Conatel sobre regulación de redes sociales. Recuperado el 05 de diciembre de 2016 en https://goo.gl/5l7Fbf
[11] Espacio Público, 28 de junio de 2016, Pedro Hernández detenido por informar sobre saqueos en Yaracuy. Recuperado en https://goo.gl/zZliG8
[12] Espacio Público, 29 de septiembre de 2016. “Exitosa labor de inteligencia” del Sebin: un tuitero detenido. Recuperado el 30 de septiembre de 2016 en https://goo.gl/tegKWc
[13] El Distrito entendido como zona metropolitana comprende los municipios Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo.
[14] Espacio Público, 20 de julio de 2016, Ratifican sentencia judicial contra el Correo de Caroní. Recuperado el 21/07/2016 en https://goo.gl/7vgM8m
[15] Espacio Público, 2 de julio de 2016, Juez censura información sobre denuncias de corrupción contra Carlos Osorio. Recuperado el 06/07/2016 en https://goo.gl/K6w6qF
[16] El Carabobeño, 17 de marzo de 2016, Zarpazo a la libertad. Recuperado el 17/03/2016 en http://goo.gl/jup1iq
[17] Diario La Costa, Diario La Mañana, ambos del estado Falcón; La Verdad, El Regional, Qué pasa, del estado Zulia; Diario de Guayana y Nueva Prensa de Guayana, de Bolívar; El Siglo, de Aragua; Periódico de Occidente del estado Portuguesa.
[18] Información documentada por Espacio Público en comunicación con representantes del canal en el país.
[19] Información documentada por Espacio Público en comunicación con representantes del canal en el país.
[20] El Espectador, 31 de agosto de 2016, Impiden entrada de periodista de Caracol Radio, Le Monde y NPR a Venezuela. Recuperado el 25/11/2016 en https://goo.gl/3tZyB5
[21] El Nuevo Herald, 31 de agosto de 2016, Corresponsal del Miami Herald detenido y expulsado de Venezuela. Recuperado el 25/11/2016 en https://goo.gl/apd9wD
[22] Infobae, 26 de octubre de 2016, Venezuela le impidió el ingreso a tres periodistas peruanos y un fotógrafo argentino en la víspera de la Toma de Venezuela. Recuperado el 25/11/2016 en https://goo.gl/fvW2Zk
[23] El País, 1 de noviembre de 2016, Venezuela permite la entrada a la corresponsal de RTVE retenida en el aeropuerto. Recuperado el 24/11/2016 en https://goo.gl/SBUEPd
[24] The Washington Post, 1 de noviembre de 2016, Venezuela stops Post journalist, other correspondents from entering country. Recuperado el 24/11/2016 en https://goo.gl/B7elG2
[25] Entrevista realizada por Espacio Público a Juan Carlos Salas el 18/05/2016 Espacio Público, 18 de mayo de 2016, GNB no defendió a periodistas ante amenazas en el CNE. Recuperado el 20/05/2016 en https://goo.gl/C7LmE5
[26] Espacio Público, 24 de octubre de 2016. Sebin allana la casa de una periodista en busca de su computadora personal. Recuperado el 25 de octubre de 2016 en https://goo.gl/FiU22w
[27] Espacio Público, 27 de octubre de 2016, Oficialista apunta con arma de fuego y amenaza de muerte a reportero de NTN24 en la Asamblea Nacional. Recuperado el 31 de octubre de 2016 en https://goo.gl/kHkMB9
