(Maracaibo, 16.01.2019. Aula Abierta). Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis que tiene presencia en la realidad económica, social y política de la nación, donde la violación de derechos humanos se ha convertido en una constante, según han denunciado distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos. La combinación de inestabilidad política, conflictividad, desigualdades sociales, pobreza y otros factores hacen que en la actualidad la situación venezolana haya llegado a un nivel de Emergencia Humanitaria Compleja.

La referida crisis ha permeado cada una de las comunidades y sectores, incluyendo la comunidad universitaria venezolana, produciendo que los principales actores de la comunidad nacional se hayan pronunciado al respecto haciendo una declaratoria formal de una situación que durante los últimos años ha venido afectando las casas de estudio superior venezolanas. Así, el 25 de septiembre la Asamblea Nacional venezolana acordó declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y exigió al gobierno cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad. En esta misma línea, las universidades autónomas del país a través de su Consejo Universitario han aprobado esta Emergencia Humanitaria y se han apegado a la declaración emitida por la Asamblea Nacional.

La declaratoria de la educación y las universidades en emergencia se debe a graves problemas estructurales como la asfixia presupuestaria, colapso total de los servicios estudiantiles, inexistencia de posibilidad de apoyo a la investigación científica, violación masiva de los derechos laborales de los profesores universitarios, entre otras problemáticas que han sido causadas por una política de Estado dirigida a acabar con el pensamiento crítico. En este sentido, Aula Abierta en conjunto con algunos de los principales centros de derechos humanos del país, ha producido desde su Observatorio de Derechos Humanos en el ámbito universitario un informe denominado “INFORME PRELIMINAR: UNIVERSITARIOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA VENEZOLANA”.

Este informe engloba una serie de amenazas que se desglosan de la siguiente manera, un capitulo que detalla la asfixia presupuestaria inducida por el Estado y un nuevo patrón de violación a la autonomía financiera de las universidades. De igual forma, se exponen las violaciones de los derechos laborales de los profesores y otros actores del sector universitarios, prácticas de discriminación, violación de las convenciones colectivas, salarios irrisorios, graves deficiencias en el Sistema de Seguridad Social de los Universitarios, deserción profesoral, crisis en la investigación científica y por último toda la crisis en el sector estudiantil, caos en el servicio del comedor, en el servicio de transporte, becas inexistentes y deserción estudiantil.

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