(Caracas, 16.08.2018. Una Ventana a la Libertad). Una Ventana a la Libertad UVL, presentó este jueves 16 de agosto, el informe del primer semestre de 2018 (enero-junio) sobre la situación de los derechos humanos de los y las personas privadas de libertad en los Centros de Detención Preventiva en Venezuela. Dos aspectos que enmarcan considerablemente los hechos observados este semestre son la historia de fracaso en la gerencia del sistema penitenciario en Venezuela y los efectos de una emergencia humanitaria compleja (EHC) de instalación lenta pero progresiva.
La investigación presentada fue producto del monitoreo exhaustivo diario de 93CDP, 90% de tipo civil y 10% de tipo militar. El monitoreo de DDHH llevado a cabo en los Centros de Detención Preventiva (CDP) se ha centrado en tres grandes dimensiones: infraestructura y demografía; DDHH relativos a vida, libertad e integridad; dimensión DDHH relativos a salud, alimentación e higiene
Algunos hallazgos
La investigación revela que el 100%de los CDP no Cuenta con servicio de lavandería ni con Consideraciones en caso de alguna discapacidad, el 98% no cuentan con comedor, el 96% carece de área y servicio médico, el 95% no Cuenta con áreas especiales para adolescentes, el 94% carece de áreas especiales para la población LGBTIQ, el 93% Carece de áreas recreativas/deportivas el CDP, el 40% carece de áreas de visita ni áreas para mujeres detenidas, el 35% no Cuenta con servicio de agua potable el CDP, un 27% no Cuenta con servicio de recolección de basura y un 5% no Cuenta con baños, duchas e iluminación
En cuanto a aspectos demográficos, el estudio reporta que un 90% de los detenidos en los CDP son hombres y 10% se trata de mujeres; apenas se reportó un 5% de detenidos con nacionalidad extranjera. Todos son mayores de edad salvo 23 adolescentes distribuidos de la siguiente manera: 20 en la PNB de San Agustín (Caracas), 3 en la Policía Municipal de Chacao (Miranda) y 2 en Policarrizal Los Teques (Miranda).
El promedio general de hacinamiento detectado en los CDP estudiados es del 271%. En el análisis estado por estado, la tasa de hacinamiento más alta y preocupante la representan los nueve CDP monitoreadomuertes en el estado Falcón con el 704%, lo cual es más del doble del promedio general calculado (271%) y en términos brutos se refiere a 199 cupos de capacidad instalada versus 1402 detenidos. En segundo lugar, se encuentra la tasa promedio del estado Zulia en diez CDP monitoreados con 492% de hacinamiento (680 cupos versus 3347 detenidos) y en tercero, el CDP monitoreado en Vargas con 466% (60 de capacidad y 280 detenidos).
En el lapso de enero a junio de 2018, en 93 CDP observados, se contabilizaron 163 muertes, lo cual evidencia un incremento alarmante respecto a los 27 fallecidos del primer semestre de 2017. Las causas de muertes y sus frecuencias observadas fueron: Motines (71); Tuberculosis (34); Riñas entre reclusos (11); Enfrentamientos tras fugas (15); Por intento de fuga (6); Por desnutrición (5); Por falta de atención médica (15); Se desconoce causa de muerte (4) y Suicidios (2).
A modo de conclusión
El monitoreo refleja que son múltiples y agravadas las situaciones que se constituyen en amenazas y violaciones a los derechos humanos no sólo de la población propiamente detenida, sino de sus familiares y allegados que ante la inexistencia del Estado producto del descalabro institucional, ahora agudizado por la emergencia humanitaria compleja que se atraviesa, llevan la pesada carga de mantener a flote a sus privados de libertad hasta donde las fuerzas les acompañen.
En las condiciones observadas, los CDP no son más que deficientes depósitos de seres humanos donde se trata cruelmente a las personas, los cuales no cumplen ninguna función socializadora o correctiva. El Estado es el responsable directo de estas condiciones y el principal actor emplazado por las leyes a su pronta corrección. Igualmente, ante su inacción, será responsable de las violaciones de derechos humanos que sucedan en estos centros.
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