(Caracas, 04.09.2018. Una Ventana a la Libertad). A propósito de los siete años de creado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Una Ventana a la Libertad (UVL) presentó el informe ¿Sistema Penitenciario o Infierno? Una mirada a los siete años de la gestión de la Ministra Iris Varela. La investigación realizada por las periodistas Angélica Lugo y María Isoliett Iglesias, trata las promesas incumplidas, las tragedias y escándalos penitenciarios durante la gestión de Iris Varela, los calabozos policiales como cárceles paralelas, la rentabilidad en prisión, y el pronunciamiento de los Organismos Internacionales contra el nuevo régimen penitenciario.
Según el documento durante la gestión de Iris Varela, el número de muertos por violencia disminuyó. Según aseveraciones de familiares, reclusos, líderes negativos e, incluso, trabajadores de la propia cartera penitenciaria –todos consultados bajo la condición del anonimato– presuntamente todo tiene que ver con una negociación: se disminuyen el número de muertos por violencia para bajar el impacto en la opinión pública, y desde el ministerio se hace caso omiso a las irregularidades que adentro ocurren -cobro de causas, impuestos por puestos de venta, bancos, narcotráfico, discotecas, juegos de envite y azar, tráfico de armas-.
Actualmente en Venezuela existen 41 centros de reclusión. La capacidad instalada, según Una Ventana a la Libertad, es de 19 mil privados de libertad, pero la población que actualmente hace vida en esas cárceles suma 51.693 personas. El excedente, según cifras aportadas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, es de 32.693 reclusos, lo que corresponde a 161% de hacinamiento. Del total de internos, solo 35% de ellos tienen pena impuesta. El 63% restante aún se mantiene procesado y 1% ya está en destacamento de trabajo.
A pesar de resistirse a asumir públicamente el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios regulares, en la memoria y cuenta presentada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en 2015 uno de los planes destacados era la posibilidad de aumentar, durante ese año, en 40% la capacidad instalada en los centros penitenciarios con el fin de “combatir el hacinamiento”, pero eso no ocurrió. Según el informe esta gestión se ha caracterizado por el cierre de cárceles. Hasta ahora van ocho centros cerrados o desalojados.
El sistema penitenciario venía con una herencia de desprotección e incumplimientos desde que dependía del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. En marzo de 2006, cuando Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores y el sector penitenciario era administrado por esa cartera, presentó un “plan estratégico para su humanización”, que incluía la apertura de 15 cárceles en 2012 con una inversión de mil millones de bolívares. Anunció que se estaba ejecutando una de ellas en Falcón que, junto con otras tres, estarían listas en diciembre de 2007.
El sucesor de Chacón en el ministerio, Tareck El Aissami, presentó un plan de Humanización Penitenciaria a ser desarrollado entre 2006 y 2011. Contemplaba la construcción de 25 nuevos recintos carcelarios, de los cuales sólo se terminaron dos: Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro.
Iris Varela, una vez creado el Ministerio en cuestión el 27 de julio de 2011, al asumir su gestión, anunció que construiría 24 centros penitenciarios para procesados, uno en cada estado. El 16 de octubre de 2012 el fallecido Presidente Hugo Chávez decretó la emergencia de infraestructura carcelaria para poner en práctica el proyecto de construcción de los centros de procesados judiciales para el sistema penitenciario venezolano en todas sus fases. Esto no fue cumplido. En 2016 la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigaba a la ministra de Servicio Penitenciario por corrupción, pues habría desviado fondos públicos por 6.5 millones de dólares. Para ese año la ministra solo había entregado dos de los 24 centros penitenciarios que anunció en 2012.
Una semana después que Iris Varela se estrenara como ministra de Servicio Penitenciario se inició la etapa de hacinamiento y colapso en los centros de detención preventiva, pues por órdenes de este despacho quedaron suspendidos los ingresos de privados de libertad en los centros penitenciarios hasta que lo autorizara la institución. El 3 de agosto de 2011 los directores de las cárceles venezolanas recibieron la circular emitida por Iris Varela y, de inmediato, los jefes y coordinadores de las policías municipales y estadales se pronunciaron para rechazar esta orden pues, vaticinaban lo que sería un sistema penitenciario paralelo, del que ninguna autoridad se haría cargo. Desde ese entonces los presos detenidos en calabozos policiales han sufrido las consecuencias del retardo procesal, las demoras en la asignación de los cupos para centros carcelarios, del hacinamiento, de la hambruna y enfermedades que hay en estos espacios.
Rentabilidad en prisión
Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, y Vista Hermosa, son las cinco cárceles emblemáticas que aún se mantienen como territorio independiente, es por ello que allí prevalecen ciertos privilegios para los privados de libertad que cumplen, en esos centros, su tiempo en prisión. De acuerdo a conversaciones que mantuvo el equipo de investigación de UVL con familiares y reclusos de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala, guardando sus identidades por temor a represalias, se pudo conocer que el control gubernamental no ha llegado a esos lugares.
Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y han logrado levantar una suerte de estructura recreativa. En esas cárceles se sigue manteniendo la pernocta de familiares, todo esto siempre que se pague una renta especial por el beneficio. Establecer el precio exacto de algunos de los negocios fue imposible para el equipo de investigación de Una Ventana a La Libertad, pues algunos tienen que ver con un porcentaje de lo que el establecimiento intramuros produzca a la semana, como en el caso de los restaurantes.
El precio que sí está establecido en las cárceles –tomadas como muestra– es el de “causa”, que es una renta que deben pagar los reclusos al pran para poder permanecer con vida dentro del recinto carcelario. El incumplimiento del pago, luego de tres semanas de mora, advirtieron los familiares consultados, podría ser la muerte. El monto base que debe pagar todo recluso hasta el cierre de este informe –solo por estadía– era de cinco millones de bolívares fuertes. Por poderse comunicar, deben pagar tres millones de bolívares fuertes cada semana. En la investigación realizada, solo mil presos por recinto, logran pagar las dos coimas. Solo por concepto de causas y comunicación, Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala producen, entre las tres, unos 2.136.192 millones de dólares en un año.
Se estima que el 100% de la población paga por derecho a estadía. Entonces una cárcel como Tocorón con una población de 7.792 presos produciría 805.632 $ al año, una cárcel como Tocuyito con 7632 presos produciría 790.272 $ al año y una cárcel como Puente Ayala con 5028 presos produciría 540.288 $ al año. Otro de los ingresos fuertes que se generan en una cárcel tiene que ver, según explicaron varios ex privados de libertad, con la venta de armas y municiones. Desde esos recintos penitenciarios se comercializan armas largas, revólveres, pistolas automáticas y municiones. El monto de cada una varía semanalmente, pues están dolarizadas.
Habla la Ministra
En el último capítulo del informe, se presenta una entrevista exclusiva para UVL, a la ministra Iris Varela, realizada por la periodista Angélica Lugo, investigadora de la Gran Caracas de UVL el 13 de julio de 2018, para conocer de primera mano su pensamiento, su metodología de trabajo. Allí la responsable del sistema penitenciario responde los cuestionamientos que expertos en materia penitenciaria y de derechos humanos han hecho a su gestión. La Ministra no titubea en asegurar que el sistema carcelario en Venezuela puede ser modelo para otros países. Asegura que no ha sido una ministra improvisada en el ámbito penitenciario.
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