(Caracas, 22.04.2020. Una Ventana a la Libertad). El presente informe es una actualización condensada de dos documentos presentados en junio y en noviembre de 2017. El primero de ellos referido a la situación de los derechos humanos de los privados de libertad en celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el otro relativo a los centros de reclusión a cargo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En esta oportunidad, sin embargo, el foco será colocado específicamente en los centros de detención a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Ambas instituciones ejercen funciones que se podría denominar de policía política. Desde el tiempo en que estos primeros informes fueron presentados, solo hubo cambios en la dirección general de la primera institución. En octubre de 2018, el general en jefe del Ejército Gustavo González López fue reemplazado por el general de brigada del mismo componente militar, Manuel Christopher Figuera. González López, sin embargo, volvió a tomar esta posición una vez que Christopher la abandonó para unirse al alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
A partir de este suceso, y de las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad, en las que salieron implicados varios funcionarios de alta jerarquía en la institución -en especial de la sección de Contrainteligencia-, el Sebin disminuyó notablemente su actividad en cuanto a la represión del sector opositor. En consecuencia, como se podrá ver en este documento, bajó la frecuencia de las detenciones practicadas por agentes de este cuerpo, así como las denuncias sobre torturas y tratos crueles e inhumanos, que pudieron apreciarse en el primer informe.
En cambio -y quizá como una consecuencia de la situación descrita- la Dirección de Contrainteligencia Militar ha mantenido y en algunos momentos incrementado la frecuencia de sus actuaciones, y con ello se ha generado una mayor demanda de espacios para la reclusión. Para el momento en que este informe es elaborado, la Dgcim ha logrado ampliar el número de celdas en la sede central, ubicada en la zona industrial de Boleíta Norte (municipio Sucre, Caracas), e igualmente refaccionó y asumió el control de una importante porción de la Brigada de Policía Militar José de San Martin, ubicada en Fuerte Tiuna, cuyas celdas son ocupadas por individuos considerados de alto perfil. Igualmente, a ese lugar han 6 sido llevados oficiales en forma intempestiva, sin autorización de los jueces de control o de ejecución, como una forma de abortar supuestos planes de fuga y nuevos alzamientos.
Cabe destacar que, tal y como se indicó en el primer informe, la Dgcim continúa a cargo de un puesto de vigilancia en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde (Los Teques, estado Miranda). Desde allí, ocasionalmente se acumulan contingentes para llevar a cabo requisas en las celdas de esa instalación. Pero formalmente ese cuerpo no ejerce control sobre la referida cárcel, que forma parte de una red de internados para el sector castrense, donde también se cuentan Santa Ana (Táchira) y La Pica (Monagas). Tales estructuras están adscritas a la Dirección de Justicia Militar del ministerio de la Defensa, y cuentan con cierto tutelaje del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Frente a la relativa inestabilidad del Sebin (por lo menos en la percepción de su principal “cliente”, como es el Poder Ejecutivo), la Dirección de Contrainteligencia Militar ha mantenido a su director durante todo el lapso transcurrido desde 2017, el mayor general del Ejército Iván Hernández Dala, quien además es comandante de la Guardia de Honor Presidencial.
Se debe indicar, sin embargo, que el ya referido general Christopher Figuera se había desempeñado hasta octubre de 2018 en la subdirección de la Dgcim, y que fue designado para asumir la máxima posición en el Sebin en medio de una situación crítica, que sugería la pérdida de control sobre lo que allí ocurría.1Este enroque no podía darse sin llevar a cabo, por lo menos, un proceso de consulta con quien fue su inmediato superior en la Dgcim.
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