(Caracas, 04.08.2020. Sinergia). Este año 2020 se cumple los primeros cinco años de la Agenda 2030. La ocasión era propicia para volver la mirada atrás, al 2016, para analizar cuánto hemos avanzado en todo este tiempo. Este documento es una especie de radiografía que nos muestra el antes y el ahora del desarrollo sostenible en Venezuela.
Ideal hubiese sido haber encontrado cifras o datos publicado por el Estado, pero lamentablemente no sucedió. El Estado venezolano no rinde cuentas a los ciudadanos. El Instituto Nacional de Estadística no lleva, o al menos no están disponibles al público, los indicadores de desarrollo de los objetivos de la Agenda. El Estado tampoco presenta su propio Informe ante el FPAN que permita contrastar indicadores. De modo que los datos que mostrados en este documento provienen de los informes presentados por los organismos multilaterales, la academia, universidades y las organizaciones de la sociedad civil que hacen labores de investigación y contraloría.
Bajo el marco central de NO DEJAR A NADIE ATRÁS, este reporte organiza el recorrido en cuatro grandes bloques, que aluden a los problemas más relevantes de nuestra realidad actual. SOBREVIVENCIA (ODS 1,2,3,6 y 7); DESARROLLO (ODS 4,5,8 y 9); AMBIENTE (ODS 13 y 15); PAZ E INSTITUCIONES (ODS 16 y 17). En vista de las agudas repercusiones del no cumplimiento del Objetivo 11 en la sobrevivencia de la población lo hemos considerado una parte importante del bloque SOBREVIVENCIA, integrando bajo este paragua, los Objetivos 6, Agua Potable y Saneamiento y 7, Disponibilidad de energía.
En 2016, Venezuela no figuraba en el panorama internacional como un país en crisis. Este silencio se transforma progresivamente en evidencia y preocupación creciente a través de los reportes de la sociedad civil, pero, sobre todo, al hacerse visible la masiva presencia de sus protagonistas en los países vecinos y el mundo. Hoy, a mediados de 2020 con más de 5 millones de desplazados forzosos se ha despertado el interés sobre el “fenómeno Venezuela”. Hoy, gracias al trabajo de las OSC el mundo sabe que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja.
En esta EHC están afectados TODOS Y CADA UNO DE LOS 17 ODS: a juzgar por los resultados el cumplimiento de la Agenda 2030 no está entre las prioridades del gobierno de Venezuela en la actualidad. Debemos también agregar que desde que comenzaron las sanciones, inicialmente contra individuos a partir de 2014 y más tarde en el 2018 y 2019 contra empresas que negociaban con el Estado y a empresas del propio Estado, el gobierno ha conseguido una buena coartada para alegar que no cuenta con los recursos para atender los problemas sociales y económicos que afectan al país.
La cotidianidad ya afectada en todos los órdenes, se encontró de pronto con otro elemento, una pandemia (COVID-19) que acentuó las desigualdades y concretó la tormenta perfecta. La crisis se agrava sin tocar fondo. Se trata de un cambio cualitativo que nos evidencia que estamos en otro país, que hay que reinventar el futuro porque las herramientas que conocemos ya no existen y los efectos del desmantelamiento de la institucionalidad democrática, así como la manifestación de graves y masivas violaciones a los derechos, hacen que sea imposible atender la situación sin la intervención coordinada de agentes del ámbito internacional.
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