(Caracas, 26.02.2020. IPYS). El abuso del poder estatal, las agresiones y amenazas, la desinformación, la opacidad y los mecanismos de censura, convirtieron al 2019 en el peor año para el ejercicio del periodismo en Venezuela. Así lo evidenció el sistema de monitoreo y alertas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), que totalizó 534 casos que acumularon 1032 violaciones a los derechos de libertad de expresión y acceso a la información pública de los periodistas y ciudadanos.
Estas restricciones en la labor periodística fueron incluso mayores a las que ocurrieron en el 2017, cuando se constataron 518 casos. El aumento en el número de limitaciones durante 2019 se dio en un contexto de sostenidos conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, en medio de apagones y una crisis profunda de derechos humanos que afectaron a todo el país.
Fueron 12 meses que comprendieron 512 violaciones por uso abusivo del poder estatal, 326 por agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación social, 81 limitaciones de acceso a la información pública, 70 casos de censura previa, 21 acciones legales administrativas, 15 casos de censura interna, cuatro casos de impunidad y tres de censura indirecta.
Destacó que la mayoría de las incidencias se registró en los primeros seis meses del año, pues 61% de los hechos, es decir 330 casos, ocurrieron entre enero y mayo. Mientras que entre julio y diciembre se contabilizaron 204 incidentes. Las 1032 violaciones ocurridas demuestran que el Estado venezolano insiste en ignorar las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2016, en las que advierte la necesidad de tomar medidas urgentes para salvaguardar la libre información y expresión de la sociedad venezolana.
Acallar es la orden
En 2019, esta organización registró un número importante de hechos relacionados con el uso abusivo del poder estatal. Las 512 violaciones bajo esta categoría comprendieron principalmente 101 casos que involucran la acción directa de cuerpos de seguridad del Estado, 47 detenciones arbitrarias, 30 regulaciones de contenidos en radio y televisión, 16 declaraciones agraviantes de autoridades públicas, siete seguimientos y seis deportaciones a periodistas.
Desde los primeros días del año las acciones intimidatorias de los miembros de las fuerzas estatales afectaron la labor de los reporteros y medios de comunicación. Entre los casos de mayor preocupación durante 2019, destacaron las detenciones arbitrarias a periodistas que cubrían situaciones de relevancia política relacionados con la oposición venezolana, eventos vinculados con la ayuda humanitaria, así como con las protestas de calle para exigir servicios públicos.
Con un total de 47 casos y al menos 76 periodistas vulnerados por estas medidas, de los cuales 48 fueron reporteros venezolanos y 28 corresponsales extranjeros, esta cifra de detenciones arbitrarias solo se compara con las registradas en 2017, que sumaron un total de 54 casos, y que ocurrieron en un escenario donde las libertades informativas también se enfrentaron a grandes riesgos durante la cobertura de manifestaciones ciudadanas.
Las detenciones arbitrarias se caracterizaron por la participación directa de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, quienes acompañaron estos hechos con agresiones verbales para intimidar, ataques a las herramientas de trabajo y confiscaciones de equipos. Solo en el mes de enero se ejecutaron ocho detenciones contra 17 periodistas. A pesar del registro de estos casos, Nicolás Maduro negó que en su gestión se detengan a reporteros. “Aquí no hay detenciones arbitrarias”, aseguró en una entrevista concedida a Jordi Évole y transmitida el 3 de febrero por el canal español La Sexta. Maduro aseguró que lo que ocurre en Venezuela son “montajes para magnificar” la situación, y además dijo que en el país hay “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
Uno de los casos emblemáticos fue la detención de Luis Carlos Díaz, periodista del Circuito Unión Radio, defensor de derechos humanos y ciberactivistas, que fue retenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El paradero de Díaz se desconoció por más de ocho horas, desde las 5:30 de la tarde del 11 de marzo hasta las 2:30 de la mañana del día 12. Además durante la detención los funcionarios policiales llevaron al periodista a su residencia y confiscaron sus herramientas de trabajo: computadoras, celulares y memorias extraíbles. También se conoció que la intención era presentar en tribunales al periodista bajo la acusación de supuestos “delitos informáticos”.
El 8 de marzo, el día después del apagón nacional que dejó a Venezuela incomunicada, en un video publicado en la cuenta en Twitter de Con el mazo dando, programa que dirige Diosdado Cabello, alto dirigente del oficialismo, acusaron a Luis Carlos Díaz de ser parte de un “operativo blackout” y ser un “influencer fascistoide”, responsabilizándolo de ser parte de un plan cibernético que afectó todo el territorio nacional. Las declaraciones de Cabello se basaron en un mensaje de Díaz que fue desvirtuado para generar un expediente falso, debido a que días previos había grabado un video que se hizo viral en el que le explicaba a los ciudadanos cómo informar, registrar y difundir en un escenario del colapso de las telecomunicaciones en Venezuela, en respuesta a un usuario de Twitter.
Tras más de 24 hora de detención, Luis Carlos Díaz fue liberado luego de ser imputado por “instigación a delinquir”. Entre las medidas dictadas por Tribunal 31 de Control de Caracas están la prohibición de salida del país, participar en manifestaciones, declarar sobre el caso y un régimen de presentación cada 8 días.
Esta situación no hace más que agravar el acoso y silenciamiento a las voces disidentes al Gobierno oficialista. IPYS Venezuela considera que el Estado venezolano debe ofrecer mejores condiciones para el ejercicio periodístico en el país y así garantizar un proceso de comunicación libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones. La existencia de un marco regulatorio que proteja las libertades informativas y asegure la diversidad de voces e ideas en la sociedad, es un mecanismo indispensable para recuperar la democracia en Venezuela.
Victimarios poderosos
En 2019 prevaleció el poder ejecutivo como el principal victimario, por lo que las autoridades de gobierno, en distintos niveles, cometieron 338 casos de violaciones a la libertad de expresión, 155 más de las registradas en 2018, año en el que se contabilizaron 183 casos.
Los actos represivos que involucraron la acción directa de los Cuerpos de seguridad estatales fueron los más frecuentes en los 12 meses del año. Los registros de IPYS Venezuela sumaron 146 casos en los que estos actores limitaron la labor de los periodistas y los derechos ciudadanos para la cobertura de asuntos de interés público y la consulta de información a través de los medios tradicionales y digitales.
Frente a este panorama, esta organización reitera su preocupación sobre la existencia de un patrón de agresión que tiene como propósito silenciar lo que ocurre en el país e impedir que los medios de comunicación registren las violaciones de derechos humanos y otras irregularidades, sobre todo aquellas que se generan en el contexto de las protestas ciudadanas, la mayoría reprimidas y frustradas por la acción de los funcionarios de seguridad.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) fue el segundo victimario con violaciones reiteradas al sumar 36 incidencias. Seguidamente estuvieron los simpatizantes oficialistas con 34 casos, los tribunales, con 10, y los funcionarios de seguridad de instituciones públicas que fueron responsables de 8 limitaciones. También hubo una participación de victimarios no estatales como desconocidos (50), delincuencia organizada (16), ciudadanos (16), directivos de medios (16) y civiles armados (5).
La regulación de contenidos en radio y televisión por parte de Conatel se encontraron entre las acciones más abusivas que coartaron la libertad de expresión en 2019. Estos mecanismos de silenciamiento que fueron ejercidos por el ente regulador prohibieron las transmisiones de seis televisoras extranjeras, retiraron nueve programas de opinión radiales y televisivos, y la señal de nueve emisoras.
Los canales de televisión afectados fueron National Geographic (Estados Unidos), Antena 3 (España), Radio Caracol (Colombia) y 24 Horas (Chile), cuyas emisiones fueron suspendidas desde el viernes 22 de febrero en los servicios de DirecTV, Movistar, Intercable y Supercable, por transmitir contenidos relacionados con el ingreso de la ayuda humanitaria, liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y reconocido como Presidente Encargado de Venezuela por más de 50 países.
En ese momento Conatel también ordenó el bloqueo del portal del diario colombiano El Tiempo, según las evidencias de censura que levantó IPYS Venezuela junto con el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet (OONI). Asimismo, el acceso a los contenidos de YouTube, Google, Microsoft Bing y Facebook fue impedido a los ciudadanos cuando estas plataformas presentaron bloqueos intermitentes desde los servicios de Cantv y Movistar. Días antes también fueron censuradas las páginas ayudaylibertad.com, venezuelaaidlive.mdstrm.com y, venezuelaaidlive.com. Estas fueron bloqueadas por orden expresa del organismo regulador de las comunicaciones, de acuerdo a la información que recibió esta organización.
Estos mecanismos arbitrarios se repitieron el 30 de abril cuando Conatel aplicó medidas de censura contra cuatro medios de comunicación social por informar sobre la sublevación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en apoyo a Juan Guaidó. La primera aplicación restrictiva a la libertad de expresión fue dirigida a la estación radial Radio Caracas Radio (RCR), luego de que una comisión del ente estatal allanara las instalaciones de la emisora durante la transmisión al aire. Esta medida arbitraria por parte de Conatel, derivó en un retiro de concesión en contra de la estación radial.
Ese mismo día, la compañía de televisión por suscripción DirecTV retiró la señal de CNN Internacional mientras ofrecía cobertura en vivo desde el lugar de concentración en apoyo a Guaidó. La transmisión de la televisora cesó segundos después de transmitir las imágenes de una tanqueta de la GNB que atropelló directamente a varios manifestantes en la autopista Francisco Fajardo. El tercer medio sometido al retiro de su señal fue el canal de la agencia de noticias BBC Mundo, luego de informar en directo los hechos suscitados en las adyacencias de la Base Aérea Militar, La Carlota, cuando funcionarios de diversos organismos de seguridad del Estado manifestaron su reconocimiento al juramentado como presidente encargado.
Las órdenes arbitrarias se repitieron el 30 de abril, cuando Conatel aplicó medidas de censura contra tres medios de comunicación social por informar sobre la sublevación de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en apoyo a Juan Guaidó. La primera aplicación restrictiva a la libertad de expresión fue dirigida a la emisora Radio Caracas Radio (RCR), luego de que una comisión del ente regulador allanara las instalaciones del medio durante la transmisión al aire. Esta acción por parte de Conatel, derivó en un retiro de concesión en contra de la estación radial.
IPYS Venezuela rechaza las acciones de censura que son ejecutadas y respaldas por Conatel, y que afectan la circulación libre de información en plataformas radioeléctricas y televisivas. Este comportamiento solo favorece a la política de mutismo que ha predominado en el país desde 2013, y que se agudizó en 2019, convirtiéndose en el período con más limitaciones en las labores de investigación y denuncia de periodistas y medios. Este retroceso en las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela también representa un atentado al derecho que tienen los ciudadanos de saber y tomar decisiones informadas sobre temas de interés público, especialmente en contextos de alta conflictividad política y social.
Cobertura hostil
Las medidas violentas tomaron fuerza en el país al acumular 326 violaciones a la libre información. Esta fue la segunda categoría de mayor riesgo en 2019 debido a las situaciones que debieron enfrentar los periodistas y medios de comunicación, que comprendieron principalmente 91 hechos de intimidación, 53 agresiones físicas contra equipos reporteriles que hacían cobertura de calle, 33 ciberagresiones, 32 cierres, suspensiones e incautaciones de medios de comunicación, 26 ataques contra sus herramientas de trabajo, 21 hechos de acoso, 13 amenazas de agresión física, 10 robos y ocho confiscaciones, de acuerdo con los datos del monitoreo de IPYS Venezuela.
Preocupó que los principales responsables de estas acciones fueran los funcionarios de organismos de seguridad, que ejercieron estos actos represivos 66 veces. Luego estuvieron los victimarios desconocidos, con 33 casos, los simpatizantes oficialistas, con 29, y 16 agresiones cometidas por la delincuencia organizada.
Llamó la atención que según los registros, 192 violaciones se registraron solo entre enero y mayo de 2019, un período en el que la situación política y social del país estuvo enmarcada por protestas, apagones generalizados y acontecimientos políticos. Solo en enero y febrero se contabilizaron 47 hechos de violencia hacia los reporteros, que se dieron cuando cubrían eventos relacionados con el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, y la llegada de la ayuda humanitaria al país.
Pero estas actuaciones no cesaron ni disminuyeron en marzo. Este mes ocurrieron al menos 33 incidentes por agresiones y ataques, en los que resultaron afectadas 25 personas y ocho medios informativos. Los registros de esta organización demuestran que se mantuvo el patrón de violencia por parte de victimarios estatales en más de la mitad de los hechos registrados, en 10 estados del país.
Las acciones frecuentes de intimidación y violencia se extendieron hasta abril y mayo, meses que sumaron 24 y 29 casos, respectivamente. Pero fue en los acontecimientos del martes 30 de abril cuando estas agresiones alcanzaron su punto máximo al ocurrir 11 hechos de detenciones, robos y agresiones que afectaron a periodistas que cubrían las concentraciones civiles en los estados Lara, Falcón, Monagas, Bolívar, Zulia, Anzoátegui y en el Área Metropolitana de Caracas, luego de que el líder opositor Leopoldo López junto a Juan Guaidó, se situara a las afueras de la principal base aérea de Venezuela, en La Carlota en Caracas, Estos ataques contra los reporteros también se ejecutaron por grupos armados y cuerpos de seguridad del Estado.
Estas agresiones ignoran estándares internacionales cuyo cumplimiento asumió el Estado venezolano como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establecen en su objetivo número 16 la promoción de sociedades, justas, pacíficas e inclusivas, además del exhorto a la reducción de todas las formas de violencia y el aumento de las garantías para acceder a la justicia dentro de un estado de derecho.
Expresiones en la mira
Del total de 534 restricciones a la libre expresión confirmadas por IPYS Venezuela, la labor de los reporteros fue la más vulnerada pues fueron víctimas en 295 casos. Los medios de comunicación también fueron limitados en 103 oportunidades, y los reporteros gráficos, en 38 incidentes. Mientras que los corresponsales extranjeros y los camarógrafos acumularon 28 y 16 casos, respectivamente.
También se registraron restricciones contra ciudadanos (86), locutores (19), directivos de medios (9), choferes de transporte de medios (7), conductores de TV (7), productores (4), activistas de DDHH (2) y editores (2).
El total de víctimas en 2019 fue de 340 personas, y al igual que en 2018 los más vulnerables fueron los hombres debido que a 227 de ellos —que suman el 66% de los afectados—, se le violaron sus libertades informativas y de opinión. En el caso de las mujeres, a 113 (33%) también se les coartaron sus derechos al libre ejercicio del periodismo.
Otro dato importante es que 139 empresas de medios, instituciones de gestión de comunicaciones y telecomunicaciones aparecen como víctimas directas en el registro de casos de IPYS Venezuela. En el total de los incidentes del año, los medios privados acumularon la mayor cantidad de violaciones y sumaron 302 casos. Seguidamente estuvieron los medios independientes que fueron perjudicados en 70 ocasiones.
Los medios estatales también padecieron limitaciones en 12 oportunidades, misma cantidad de casos en la que afectaron a los medios extranjeros. Además se ejecutaron violaciones a la libertad de expresión en contra de 11 medios comunitarios y ocho instituciones. En comparación con el 2018, se mantuvo la tendencia de las acciones dirigidas principalmente a los medios digitales, que acumularon 262 incidentes. Después están las radioemisoras con 97 casos, 81 hechos contra medios televisivos, 59 hacia medios impresos, 16 acciones contra agencias de noticias, y seis que afectaron a organizaciones no gubernamentales.
Este patrón sistemático de ataques deliberados también es contrario a los compromisos internacionales que el Estado asumió en 2016, a favor de la protección a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De los 22 compromisos adquiridos, alrededor de 14 instan directamente al Estado venezolano a garantizar la seguridad y protección de los periodistas y a condenar e investigar con celeridad y transparencia las agresiones ejercidas en su contra.
Ojos bien cerrados
No bastó que cuatro apagones nacionales dejaran a Venezuela a oscuras por más de 140 horas. Las restricciones al acceso a la información pública tampoco dejaron ver con claridad lo que ocurrió en el país a lo largo de 2019. Estas medidas que imposibilitaron el trabajo de los periodistas y medios, y que totalizaron 81 violaciones, comprendieron 35 limitaciones arbitrarias de acceso a lugar, 22 a la cobertura de hechos de interés público, cinco hechos de inseguridad evidente de los periodistas por hostilidad de grupos políticos, cuatro impedimentos al derecho de preguntar de los reporteros, y cuatro negativas a declarar por parte de funcionarios públicos.
Los datos que registró IPYS Venezuela además indicaron que en esta categoría el poder del gobierno también condicionó en mayor medida las libertades informativas. Nuevamente, a través de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia del Estado se cometieron las restricciones más frecuentes, pues a estos victimarios se le atribuyeron 17 casos. Estas prácticas discrecionales de miembros de las autoridades estatales son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional, que protege y garantiza en sus artículos 57 y 58 el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de interés público, y se oponen a los mandatos del Sistema Interamericano sobre Derechos Humanos.
Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales de esta organización, entre enero y junio de 2019 además se realizó una evaluación del impacto de la crisis en los medios de comunicación en 23 estados del país, en la que se constató que 99 medios (televisoras, radioemisoras, periódicos y medios digitales) se vieron afectados en 142 ocasiones debido a las fallas de los servicios públicos, hechos de delincuencia y decisiones políticas que derivaron en censura.
Si bien la revisión que hizo IPYS reveló que las interrupciones en la difusión de información fueron causadas en su mayoría por las fallas de servicios básicos y los hechos de delincuencia, las acciones restrictivas de Conatel también se vieron implicadas en estas obstrucciones a la operatividad de los medios en el país. Fue así que solo en los dos primeros trimestres de 2019 el ente regulador practicó 33 medidas de censura, siendo 22 de ellas afectaciones definitivas en contra de medios y espacios informativos, y 11 casos por limitaciones temporales.
Silencio oficial
La opacidad y la desinformación continuaron mitigando las condiciones del ejercicio del periodismo en el país así como el derecho que tienen los ciudadanos de conocer información acerca de asuntos cotidianos. Este escenario de ocultamiento de datos se ha agudizado en los últimos cinco años debido a órdenes oficiales contrarias a las garantías contempladas en los estándares internacionales y en la Constitución Nacional, que han devenido en la ausencia de los indicadores más importantes para la población venezolana, en materia de salud, economía, seguridad, alimentación y educación.
Aunque Venezuela no cuenta con una ley o instancia legal que garantice el acceso a la información pública, en su artículo 143, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace referencia a este tema al señalar que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública. Asimismo, el artículo 51 de esta normativa establece el derecho de los ciudadanos, a hacer peticiones ante los funcionarios públicos sobre las materias de competencia, con el fin de obtener información veraz y oportuna. Además la legislación nacional indica que quienes violen este derecho enfrentarán severas sanciones, como la destitución del cargo que ocupan.
Pese a lo establecido por la Carta Magna venezolana, desde 2013 instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no entregan cifras imprescindibles para el análisis económico como los balances anuales, los informes de gestión, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que indicaba a los ciudadanos los porcentajes de inflación mensual en el país. En una nación que atraviesa una grave crisis política y de Derechos Humanos, este silencio en la gestión gubernamental incluso oculta a los venezolanos datos sobre la escasez de agua, los apagones eléctricos y la situación de inseguridad que viven diariamente.
Es por eso que desde IPYS Venezuela exigimos a las autoridades públicas resguardar las libertades informativas de la prensa y de los ciudadanos tal como establece la Constitución y todos los acuerdos internacionales relacionados con libertad de expresión suscritos por Venezuela. El numeral 2 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información de interés público, y de igual manera el numeral 4 establece que los Estados deben garantizar el acceso a la información de interés público bajo su poder.
En varias oportunidades la CIDH también alertó que en Venezuela “existe una política de secreto y control de información sobre asuntos públicos, que tiene graves consecuencias para la exigencia y promoción de otros derechos humanos en muy diversos ámbitos”. Este organismo además recomendó al Estado venezolano “adoptar legislación en materia de acceso a la información pública, de conformidad con los estándares interamericanos, con la finalidad de otorgar a todas las personas las herramientas para realizar un efectivo monitoreo del funcionamiento estatal, la gestión pública y el control de la corrupción, esenciales en el proceso democrático”.
Autoritarismo digital
En 2019 ocurrieron 191 alertas de restricciones a los derechos digitales de los venezolanos. Esta cifra representa más del doble de casos con respecto al 2018, cuando se registraron 69 incidentes. Las violaciones a las garantías en la red comprendieron 101 restricciones de acceso a internet por fallas de los servicios de conexión fija y móvil en todo el país, 40 ataques a los servidores de portales informativos y acciones intimidatorias hacia periodistas, 38 bloqueos a portales de noticias y plataformas de redes sociales, 9 restricciones a la expresión en línea, y al menos 3 restricciones normativas. Así lo constató el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela.
Estas medidas de censura digital fueron un tema de preocupación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su último informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. En este reporte la ONU constató que en los últimos años el Gobierno venezolano “ha bloqueado regularmente sitios web de noticias y de las principales redes sociales”, y señaló que esta práctica está limitando aún más el acceso a la información independiente de aquellas personas que no tienen acceso a internet. Justamente, en 2019 se mantuvo el patrón de vulneraciones dirigidas principalmente a medios de comunicación independientes. Entre los portales más afectados por estas formas de censura se encontraron: El Pitazo, Efecto Cocuyo, Armando.info y Runrunes.
Con el apoyo de la Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de esta organización, junto a las herramientas del Open Observatory of Network Interference (OONNI), una organización mundial encargada de seguir y documentar las interferencias en la libertad en internet, también se corroboraron nuevas incidencias de censura en internet mediante la investigación Intercortados 2019. A partir de la búsqueda de los mismos 25 sitios web de noticias y redes sociales, 628 veces cada uno, durante cuatro días de octubre y desde las conexiones de CANTV, Movistar y Digitel, este trabajo permitió confirmar que los contenidos de estas plataformas fueron bloqueados en un 33% de las ocasiones.
Territorio de censura
Aunque hubo registros de violaciones a la libertad de expresión en todo el país, a lo largo de 2019 las restricciones y acciones de violencia contra periodistas y medios de comunicación se concentraron mayormente en Caracas, Táchira, Lara, Apure Zulia, Mérida, Bolívar y Falcón.
Caracas
Nuevamente las vulneraciones al libre ejercicio periodístico predominaron en el Área metropolitana de Caracas. Durante 2019 la capital venezolana acumuló un total de 118 casos que incluyeron principalmente 54 violaciones por agresiones y ataques, 30 por uso abusivo del Poder Estatal, nueve de acceso a la información pública, siete medidas de censura previa, y tres agresiones con el uso de normas vigentes.
Una de las limitaciones que destacó en esta entidad fueron los impedimentos de acceso a la información que ejecutaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a diputados, trabajadores de la Asamblea Nacional y periodistas durante los días pautados para la sesión ordinaria en los meses de mayo y junio.
La primera de estas restricciones ocurrió el martes 7 mayo, cuando la GNB trancó el paso hacia el recinto parlamentario a los medios de comunicación social que darían cobertura a la sesión de la AN en la que se debatiría por segunda vez la aprobación de la Ley de Garantías para Funcionarios y Trabajadores del Sector Público. Una semana después, el Sebin allanó el Palacio Federal Legislativo asegurando la presencia de un presunto explosivo en las instalaciones. Este hecho reiteró el impedimento de acceso a los periodistas.
Las negativas de ingreso a las instalaciones de la institución legislativa se extendieron hasta el martes 18 de junio. De acuerdo con los registros de esta organización, en total fueron siete los impedimentos de acceso a lugar que ejecutaron los cuerpos de seguridad del Estado contra la prensa.
Táchira
El estado Táchira fue el segundo más afectado por las limitaciones a la libre expresión. Esta región acumuló 48 alertas en las que destacaron 20 hechos por agresiones físicas y seis por uso abusivo del poder estatal. Una de las situaciones de mayor riesgo que se vivió en este estado fue la hostilidad que dominó en la frontera con Colombia, cuando ocurrieron 17 casos de restricciones al trabajo periodísticos por detenciones, ataques, robos y amenazas contra equipos reporteriles que estuvieron en la zona durante la cobertura de las movilizaciones por la ayuda humanitaria.
Entre los incidentes registrados ese día destacan casos como el del director del canal de televisión tachirense TVCT21, Carlos Labrador, quien fue interceptado por sujetos no identificados cuando atravesaba una trocha para regresar de Colombia a Venezuela el lunes 25 de febrero. Los desconocidos lo mantuvieron retenido alrededor de tres horas, le revisaron sus pertenencias y le robaron su celular y cámara. En la misma entidad funcionarios militares detuvieron arbitrariamente al periodista Manuel Cardozo, del medio radial Ecos del Torbes, mientras se disponía a cruzar la frontera colombo-venezolana en el puente internacional Simón Bolívar. Los oficiales además vulneraron sus comunicaciones al dañar el chip de su teléfono celular.
Los efectivos de este organismo también hirieron al periodista Lenin Danieri con impactos de perdigones que ocasionaron heridas en su brazo derecho y en la nariz, según pudo confirmar esta organización. También destacó la agresión contra la periodista sueca Annika Rothstein, quien fue golpeada, apuntada con armas de fuego y robadas todas sus pertenencias por los sujetos desconocidos.
Lara y Apure
En 2019 el estado Lara volvió a ser uno de los más vulnerados por las acciones restrictivas contra la prensa. En esta entidad se contabilizaron 33 alertas en las que preocuparon 20 incidentes por agresiones físicas y ocho restricciones de acceso a la información pública.
Uno de los casos más graves que ocurrió en la entidad larense fue durante la visita del equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre el 14 y 17 de marzo, cuando funcionarios públicos y simpatizantes del oficialismo fueron responsables de siete agresiones y acciones intimidatorias contra los periodistas que cubrían este hecho en el Hospital Central de Barquisimeto.
Por esta situación 23 trabajadores de medios afectados consignaron una denuncia en la Fiscalía Superior del Ministerio Público en Lara, el 20 de marzo, y hasta la fecha de la publicación de este reporte, no han obtenido ninguna respuesta por parte de la institución gubernamental.
En el estado Apure, región que también sumó 33 casos de restricciones al libre ejercicio del periodismo, llamó la atención por la agresión contra la periodista Sulay García, corresponsal del medio digital Venezolanos por la Información (VPITV), quien fue golpeada y despojada de sus herramientas de trabajo por simpatizantes oficialistas, cuando realizaba la cobertura periodística a la visita de la dirigente política María Corina Machado en la ciudad de San Fernando, el 29 de octubre de 2019.
Mérida y Zulia
En el estado Mérida se registraron un total de 28 alertas en 2019. Estos hechos vulneraron en su mayoría a estaciones de radio debido a los robos de equipos y las fallas por interrupciones en los servicios de energía eléctrica. Luego del primer apagón nacional ocurrido el 7 de marzo, la interrupción del servicio eléctrico en esta entidad continuó casi a diario, con cortes desde 3 horas hasta más de un día completo.
De acuerdo con los datos recabados en el sistema de monitoreo de IPYS, estas interrupciones en la electricidad conllevaron al mal funcionamiento de los medios de comunicación locales, pues las estaciones de radio, medios digitales, una televisora y el único diario de circulación regional reportaron daños en sus equipos.
Una realidad similar se vivió en Zulia, donde ocurrieron al menos 25 casos de violaciones. Según la revisión que hizo esta organización sobre las consecuencias de la crisis en Venezuela, en la entidad zuliana ocurrieron 14 eventos que generaron afectaciones definitivas en radios comunitarias y en el medio indígena Wayuunaiki, que tomó la decisión de migrar hacia Riohacha, La Guajira, Colombia por los apagones y las fluctuaciones en el servicio de internet.
Además, la emisora de La Universidad del Zulia, Luz FM y dos de las estaciones de Radio Fe y Alegría, Paraguaipoa y Machiques presentaron las más altas incidencias. Las fallas en el servicio eléctrico fueron las afectaciones más frecuentes para ambos medios, pero la gasolina, el transporte y la censura ejercida por Conatel también representaron un obstáculo en el libre ejercicio de estos medios de comunicación.
IPYS Venezuela también registró violaciones a la libertad de expresión en Amazonas (3), Anzoátegui (18), Aragua (20), Barinas (6), Bolívar (23), Carabobo (16), Cojedes (9), Delta Amacuro (11), Falcón (23), Guárico (8), Miranda (9), Monagas (19) Nueva Esparta (16), Portuguesa (17), Sucre (17), Trujillo (17), Vargas (9) y Yaracuy (6). Estos estados fueron igualmente afectados por el abuso del poder estatal, las limitaciones de acceso a la información pública, las medidas de censura, las acciones intimidatorias y ataques en contra de periodistas y medios de comunicación, así como restricciones de acceso a internet.
Propuestas
IPYS Venezuela plantea cuatro recomendaciones para salvaguardar y mejorar las condiciones de libertad de expresión y del ejercicio del periodismo en el país, que pueden servir de guía para el Estado, el gremio periodístico, los medios de comunicación y los propios periodistas:
- Asegurar protección efectiva a periodistas y defensores de DDHH que sean objeto de actos de intimidación, amenazas y/o ataques para que puedan ejercer su labor de manera libre y sin restricciones.
- Mejorar y garantizar el acceso a la información pública y datos abiertos a través de la aprobación de una ley de acceso a la información pública.
- Fomentar mecanismos de seguridad digital que protejan y fomenten la libertad para opinar y la difusión de información en las plataformas digitales, y se garantice internet como DDHH.
- Ofrecer programas de formación para el mejoramiento de las capacidades periodísticas, así como en materia de derechos digitales.
Créditos:
Dirección ejecutiva | Marianela Balbi
Dirección de libertades informativas | Mariengracia Chirinos
Redacción | Daniela Alvarado Mejias
Monitoreo de Libertades informativas y derechos digitales | Daniela Alvarado Mejias, Yhoger Contreras y Juan Pablo Lares
Visualización de datos | Camila Agelvis
Red Nacional de Corresponsales y Colaboradores de IPYS Venezuela | José Leonardo Barreto (Anzoátegui), María Eugenia Díaz (Apure), Gregoria Díaz (Aragua), Wolman Linares (Barinas), Alba Perdomo y Jhoalys Siverio (Bolívar), Amador Medina (Delta Amacuro), Dayrí Blanco (Carabobo), Adriana Pérez Gilson e Irene Revilla (Falcón), Keren Torres (Lara), María Fernanda Rodríguez (Mérida), Ronny Rodríguez y Jessymar Añez (Monagas), Ana Carolina Arias (Nueva Esparta), Luis Javier Bazán y Bianile Rivas (Portuguesa), Nairobys Rodríguez (Sucre), Lorena Arráiz y Judith Valderrama (Táchira), José Ocanto (Trujillo), Ana Karolina Mendoza (Zulia).
Fuente Oficial: YPIS
