La Red por los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (REDHNNA), coalición de organizaciones sociales, académicas, comunitarias, centros e institutos de investigación y defensores de NNA, de diferentes regiones del país, presentó el Informe Alternativo al 3er0, 4to y 5to informe presentado por el Estado venezolano ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, suscrito por 44 organizaciones.
En el resumen del Informe se expresa:
- Persisten debilidades institucionales importantes que impiden una respuesta coordinada de los antes públicos a favor de la niñez y adolescencia venezolana.
- Inexistencia de una política pública de protección y atención de NNA claramente definida, discutida y acordada con todos los actores nacionales para la protección.
- Ausencia de un sistema de indicadores por área de derechos que sea de acceso público y que permita monitorear los avances y retos en esta materia.
- Necesidad de una política pública para garantizar el enfoque integral y preventivo del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente.
- Implementación de programas y servicios de calidad, accesible a todos los niños, niñas y adolescentes.
- Intervención urgente en la violencia que afecta de manera directa a niños y niñas, pero muy especialmente a los adolescentes.
- Urgencia de capacitación y formación de los actores nacionales vinculados con la garantía de derechos, a fin de propiciar cada vez más una cultura que favorezca el respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Se espera que el esfuerzo de realización de este informe, sea bien ponderado por el Estado venezolano y que se tiendan los puentes necesarios para coordinar las acciones de manera articulada con la sociedad civil y las familias.
Entre los obstáculos para elaborar el informe, se encontraron:
“El progresivo debilitamiento de las organizaciones sociales independientes como resultado de una política pública de estatización y centralización promovida por el Ejecutivo Nacional lo que contradice los principios y derechos de participación ciudadana establecidos en los tratados de derechos humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Existen 23 leyes vigentes en Venezuela en las cuales la sociedad sólo es reconocida como aquellas “organizaciones comunales” promovidas, financiadas y controladas por el gobierno nacional. De tal manera que opera una discriminación conforme a la cual solo se reconoce como organización social o pueblo las iniciativas y grupos afines políticamente a la gestión gubernamental.
Adicionalmente, las limitaciones presupuestarias de las organizaciones no gubernamentales (ONG) unidas a un índice inflacionario de dos dígitos y el declive de la cooperación internacional, han generado el cese de acciones de muchas de ellas o la merma de las mismas hasta su mínima expresión, lo que limita el alcance de sus acciones y las capacidades para generar información.
La negativa de algunas ONGs a la presentación de cifras o información para alimentar este informe, debido a las presiones que impone el Estado venezolano y la intimidación de la cual son objeto de manera sistemática.
Estas presiones se expresan de distintas maneras y tienen un grado de significancia variable según el tipo de organización y el alcance de sus acciones: se limita el financiamiento público para ONGs, hay obstáculo para el registro de estatutos o actas, no hay respuesta a solicitudes o peticiones realizadas por las organizaciones, entre otras.
Las organizaciones de derechos humanos son las que más padecen esta situación y son frecuentemente cuestionadas de manera pública por el Estado venezolano.
Lo comprometido y difícil del trabajo que actualmente realizan las ONGs dedicadas a la protección de los derechos de la niñez, quienes dedican muchos esfuerzos para sostener su trabajo y atender a una demanda cada vez más creciente dado el cierre y reducción de la cobertura de una importante cifra de instituciones públicas que tenían a cargo, programas y servicios de protección…”.
Ver aquí Informe Alternativo REDHNNA
