(Caracas, 15.07.2019. OVSC). El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 10.477 protestas durante el primer semestre de 2019, equivalente a un promedio de 58 diarias.

Esta cifra representa un incremento de 97% en comparación con el mismo período de 2018 y 112% en relación a 2017.

El balance realizado por el OVCS durante el primer semestre de 2019 pone en evidencia la gravedad de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela y como los derechos humanos de los ciudadanos son cada vez más vulnerados sin que existan mecanismos efectivos para su reivindicación.

El colapso de los servicios públicos, acceso a medicinas e insumos médicos, alimentos, entre otros factores, agudizó de manera acelerada e insostenible la crisis venezolana. La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno.

La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de la Oficina del Alto Comisionado (OACNUDH), expuso ante el mundo, en su más reciente informe difundido el 04.07.19, la existencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto en materia de derechos económicos y sociales como civiles y políticos, a consecuencia de la reducción del espacio democrático por la implementación de leyes, políticas y prácticas que buscan neutralizar, reprimir, criminalizar y atemorizar a la población.

El primer semestre 2019 se caracterizó por:

  • Arreció la Política de Represión. Uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares. Dejando un saldo de 61 personas asesinadas durante las protestas y otras 6 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en allanamientos y detenciones ilegales en viviendas donde habitaban personas que presuntamente habrían tenido participación en las manifestaciones.
  • Reactivación del Sistema Popular de Protección para la Paz (SP3)  y sus Subsistemas. Con el fin de obstaculizar, criminalizar y reprimir las protestas a nivel nacional.
  • Participación de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades. Vecinos, integrantes de estas redes, ejecutan el rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramiltares sobre la ubicación e identidad de manifestantes.
  • Respaldo popular al Presidente Encargado Juan Guaidó, en movilizaciones convocadas por partidos oposición y sociedad civil, logrando congregar a diversos y numerosos actores sociales y políticos durante los primeros 4 meses del año. Al cierre del semestre se aprecia una marcada disminución en la frecuencia de  este tipo de manifestaciones y en la asistencia y participación de la ciudadanía.
  • Incremento de las protestas en sectores populares, antiguos bastiones del chavismo,  exigiendo la renuncia de Nicolás Maduro y restablecimiento de la democracia.
  • Aumento de las protestas por servicios básicos, principalmente por electricidad,  agua potable y gas doméstico.
  • Repunte de saqueos en zonas vulnerables a causa de las fallas del sistema eléctrico.
  • Alto índice de protestas ante la falta de distribución y venta de gasolina.
  • A partir del segundo trimestre las protestas por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca) nuevamente comienzan a tomar terreno en las calles.
  • Trabajadores se mantienen en pie de lucha exigiendo el respeto a las contrataciones colectivas y salarios dignos.
  • En junio fue la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante los tres días escuchó cientos de testimonios de víctimas y constató la violación de derechos humanos.

Distribución geográfica de las protestas

Durante el primer semestre, las protestas se diseminaron en todo el territorio nacional. En zonas rurales y urbanas. Muchas fueron espontáneas realizadas por vecinos, vinculadas principalmente a exigencias de servicios básicos, alimentos y cambios políticos, otras planificadas y organizadas por simpatizantes de partidos políticos y grupos sindicales.

Las entidades con mayores índices de protesta son: Miranda (947), Distrito Capital (888), Táchira (742), Trujillo (730) y Lara (716).

Tipo de protestas más frecuentes en el primer semestre 2019

La represión del régimen de Nicolás Maduro como Política de Estado

La respuesta del régimen de Nicolás Maduro a las manifestaciones populares y pacíficas en todo el país ha sido la criminalización, judicialización y la implementación de la represión letal como Política de Estado. Esta Política ha sido ejecutada principalmente por grupos de exterminio conformados por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Colectivos Paramilitares, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros cuerpos policiales. Adicionalmente, se destaca la participación de integrantes de las Redes de Acción y Articulación Sociopolítica (Raas) en las comunidades, las cuales están conformadas por vecinos que tienen un rol de agentes de inteligencia, informando a cuerpos de seguridad y Colectivos Paramilitares sobre la ubicación e identidad de manifestantes y de personas críticas o disidentes.

Entre enero y junio de 2019, fueron asesinadas 61 personas durante las manifestaciones.

El OVCS y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) lograron documentar de manera conjunta la muerte de 61 personas durante el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas, así como el asesinato de 6 personas, días después de realizadas las protestas, que fueron detenidas en sus casas y ejecutadas extrajudicialmente por participar en protestas u organizarlas.  Las muertes ocurrieron en 17 estados del país.

El OVCS exige:

  • Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.
  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para establecer las responsabilidades correspondientes por la muerte de manifestantes o terceros en el contexto de las protestas.
  • Realizar las investigaciones pertinentes, de manera independiente, expedita y oportuna, para determinar las responsabilidades correspondientes por denuncias de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
  • El cese inmediato del accionar de los Colectivos Paramilitares.
  • Poner fin a la participación de organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.
  • Disolver las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
  • Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
  • Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.

Y exhortamos a la ciudadanía y a laComunidad Internacional a:

  • Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de derecho y las libertades en Venezuela.
  • Acelerar la cooperación humanitaria internacional, como mecanismo inmediato de ayuda a las familias venezolanas que sufren la grave crisis actual, liderada principalmente por la Organización de Naciones Unidas y organismos internacionales con capacidad técnica.
  • Consolidar la instalación en Venezuela de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
  • Crear una Comisión de Investigación Internacional por parte de Naciones Unidas, para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, que permitan avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación.
  • Impulsar una visita In Loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, para constatar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país.
  • Profundizar todas las acciones y medidas por parte de la Comunidad Internacional y países, de forma grupal o individual, con el fin de restablecer la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en el marco del respeto de los derechos humanos.

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