(Caracas, 16.03.2021. Mulier Venezuela). Los avances que durante años se han logrado para la garantía de derechos de las mujeres están en riesgo por las repercusiones diferenciadas de la COVID-19 sobre esta población, lo que produce que las desigualdades, violencias y brechas existentes se estén incrementando de manera exacerbada. Ante ello, es necesaria una respuesta colectiva a la violencia que incluya atención psicológica, orientación legal y atención primaria de salud sexual y reproductiva, sin perder de vista las dificultades particulares que enfrentan las mujeres para acceder a estos servicios como las obligaciones de cuidados y educación de los niños y niñas en este contexto de cuarentena.
Durante las emergencias sanitarias, como la pandemia de COVID-19, el
riesgo de violencia se intensifica. El estrés, la perturbación social, la falta de protección, la pérdida de ingresos, y el menor acceso a servicios afectan de forma diferenciada a las mujeres. En muchos países en los que se alienta
a sus ciudadanos a quedarse en casa, o se les exige que así lo hagan, es
probable que aumente el riesgo de violencia de pareja.
Venezuela no escapa de este panorama. Según datos aportados en marzo
de 2021 por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, entre el mes de agosto de 2017 y diciembre de 2020 se contabilizaron 610 femicidios, y solo el pasado año se atendieron 713 casos de violencia contra la mujer en todo el territorio nacional. Según este reporte, desde el año 2020 los femicidios se han incrementado, registrándose 1 femicidio cada 34 horas, y en los primeros dos meses de 2021 ya se contaban 51 víctimas de este delito, 26 en enero y 25 en febrero.
De acuerdo al Centro de Justicia y Paz (Cepaz) “la mirada no debe estar
puesta en el último eslabón de la cadena de la violencia”, pues “antes de que ocurra el femicidio hay todo un ciclo y distintas etapas de violencia sobre las cuales hay que actuar de manera transversal”. Es por ello que la perspectiva de género debe incorporarse en todas las competencias del Estado, así como en las actuaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU, para abordar de forma resolutiva la problemática de la violencia basada en género.
La violencia de género produce en las víctimas sobrevivientes repercusiones significativas como problemas físicos, psicológicos, sexuales y reproductivo, a corto y largo plazo, con un elevado costo económico y social.
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