(Caracas, 01.10.2019. Consorven). El informe de Consorven revela el dato que le da fuerza a la entrada de esta nota y es que en Venezuela hay ausencia de espacios referenciales para vehículos, falta señalización, hay restricción para el acceso de animales de asistencia en los centros de salud, educativos y de justicia.

El 78 % de las organizaciones que participaron en el texto indica que las unidades de transporte no cuentan con adaptaciones para trasladar a esta población. Se destaca igualmente la persistencia de barreras y falta de accesibilidad en muchos de los terminales terrestres, puertos y aeropuertos.

En educación no se quedan atrás. 46 % de 30 instituciones públicas visitadas en 12 estados presenta limitaciones de accesibilidad en su infraestructura, debido a que cuentan con más de un piso y carecen de rampas, y 76 % no tiene ascensores, condiciones que afectan a estudiantes con movilidad reducida.

Pero Consorven va más allá. Explicó De Gouveia que los problemas para garantizar el derecho a la educación de las PcD se observan en los altos niveles de analfabetismo y las dificultades para acceder al sistema escolar. “De acuerdo con estudios recopilados, 10 % de las personas sordas no sabe leer y 73 % lee muy poco”.

De igual manera, Socieven, organización aliada, registró hasta el año 2018, 283 niños, jóvenes y adultos con sordoceguera sin ningún tipo de atención educativa, otra de las violaciones a derechos consagrados en la Constitución.

En cuanto al sector salud, la situación de inequidad no varía: el mismo estudio arrojó que en 29 hospitales y ambulatorios, 40 % carece de rampas de acceso y 31 % no tiene ascensores.

Asimismo, entre las PcD consultadas, 44 % indicó que lo que les dificulta la ida a los centros de salud es la falta de transporte. Tampoco brindan el apoyo con intérpretes de Lengua de Señas venezolanas y guías de interpretación sordo-ciego, “situación que vulnera el artículo 25 de la Convención, ya que limita la asistencia integral en materia de salud a las personas sordas y sordociegas”.

Denunciaron igualmente la exigibilidad por parte de las autoridades locales, del carnet de la Patria para poder tener algunos beneficios asistenciales y, de hecho, dijo De Gouveia que ya muchos lo tienen precisamente para no quedarse sin esa ayuda.

Se espera que para la convención de abril de 2020 se presente el informe más completo. Por ahora, con este panorama nacional en sus manos, lo que esperan estas 18 organizaciones es que el Estado implemente planes de acción que minimicen la violaciones a derechos y que conduzcan al diseño y provisión de ajustes razonables como sistema alternativo de comunicación: lengua de señas, visualización de textos, braille, macrotipos, entre otros, en entornos educativos, de salud y laborales. Pero por sobre todas las cosas, que se cumpla y se reglamente la ley que protege a las personas con algún tipo de discapacidad creada en 2007 y ratificada en 2011, de la cual a la fecha no se tiene el reglamento.

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