(Caracas, 24.11.2020.Wola). Este documento aborda las características, alcance y obstáculos de la asistencia humanitaria en Venezuela, los desafíos que enfrentan los principales actores que se involucran en la respuesta a la emergencia y sus consecuencias, con particular énfasis en los retos de la sociedad civil. Finalmente, se presentan recomendaciones orientadas a contribuir a la solución de los problemas más relevantes.
Una realidad inédita como la venezolana es difícil de prever. Una de las mayores dificultades que enfrenta la respuesta humanitaria ha sido la ausencia de estadísticas para documentar la emergencia, un esfuerzo deliberado del gobierno como parte de su estrategia de negación de la crisis.
La cotidianidad del venezolano transcurre en un torbellino de dificultades: la desestructuración de las instituciones del Estado, incapacitándolas para prestar los mínimos servicios y para contribuir a la sobrevivencia de sus habitantes, en medio de una economía caótica que luego de cuatro años de hiperinflación y caída del PIB se completa con la más baja producción petrolera en casi 80 años1 para paralizar el país por falta de gasolina, impidiendo el movimiento de bienes, servicios y población, y amenazando una situación catastrófica que en algunas zonas podría llegar a niveles de hambruna.
Habiéndose destruido además la agricultura y la industria, no queda más que vivir de la riqueza mineral, convirtiendo el “modelo económico” en lo que los expertos califican como “extractivismo primitivo”2 destruyendo el patrimonio que representa para toda la humanidad la selva amazónica y entregando el territorio y sus riquezas a empresas rusas, chinas y turcas y a grupos irregulares.
Hoy Venezuela se encuentra entre los países que requieren asistencia humanitaria urgente: un territorio en aguda situación de emergencia, en el cual coinciden situaciones como las siguientes:
Una de las 10 mayores crisis alimentarias del mundo.
Uno de los países con mayores restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria .
Las más negativas evaluaciones en varios índices que miden el estado de la democracia como el Índice de Estado de Derecho 2020 y el Índice de Democracia.
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