(Caracas, 15.11.2019. Codevida). El presente informe fue elaborado por ATV (Amigos Trasplantados de Venezuela) y CODEVIDA (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida), entre los meses de marzo y noviembre de 2019, con el propósito de documentar las violaciones de los derechos a la salud y la vida de las personas con insuficiencia renal en Venezuela como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja que se vive en el país desde 2015. La insuficiencia renal es una condición de salud crónica que puede tratarse a través de trasplante de riñón o mediante un tratamiento sustitutivo de la función renal que se realiza con métodos de dialización de la sangre para eliminar las toxinas. Este tratamiento puede hacerse en unidades de diálisis o de modo domiciliario1 .
Para la elaboración de este informe se consultó a 138 personas con insuficiencia renal de siete estados del país (Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda y Yaracuy); 109 eran trasplantadas y 29 en tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Se realizaron 32 entrevistas, 16 a personas trasplantadas, 13 a personas en hemodiálisis y 3 en diálisis peritoneal, incluidos familiares de personas fallecidas por la escasez de medicamentos e insumos médicos. También se entrevistó a 20 personas trasplantadas que emigraron del país entre los años 2017 y 2018 ante el riesgo de perder su injerto por la escasez de inmunosupresores. En este informe se omiten los nombres de las personas que colaboraron en la investigación para resguardar su identidad y evitar represalias en su contra, en un contexto inseguro donde se criminaliza la defensa de los derechos humanos.
Los derechos a la salud y la vida de todas las personas con insuficiencia renal se encuentran reconocidos como derechos universales en la Constitución venezolana de 1999. El artículo 86 establece que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la salud y asegurar la protección de todas las personas en contingencias de enfermedades catastróficas a través de un “sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas”.
Las personas con insuficiencia renal (personas en diálisis y en espera de trasplante y personas trasplantadas de riñón) deben ser protegidas en sus derechos a la salud y a la vida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) como órgano rector de las políticas sanitarias en Venezuela e institución que centraliza la administración, financiamiento y prestación de los servicios del sistema sanitario público (SSP). El SSP tiene una planta física de más de 200 hospitales que concentran más de 90% de las camas hospitalarias y de 4.000 centros ambulatorios en los 24 estados del país.
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