PROVEA (26.03.2015) El pasado 16.03.2015, treinta organizaciones de derechos humanos de Las Américas expusieron ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 154 período de sesiones, los obstáculos y amenazas para el ejercicio del derecho humano a la manifestación y reunión pacíficas en el continente.
En la audiencia se entregó un documento a los comisionados de la CIDH en el que se exponen casos sobre uso abusivo de la fuerza por parte del Estado, reacciones de los organismos judiciales ante el fenómeno de la conflictividad social que se expresan en judicialización de las luchas y sometimiento a procesos judiciales a los luchadores, empleo de figuras penales para criminalizar las protestas y a los manifestantes, y la promulgación de nuevas legislaciones que intentan regular y/o restringir el ejercicio de las manifestaciones pacíficas.
En representación de Venezuela estuvieron presentes Espacio Público y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quienes junto a la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz habían suscrito la solicitud de audiencia al organismo regional en octubre de 2014. Provea y las demás organizaciones participantes suscribieron el documento en donde explican de manera pormenorizada cada uno de los casos y sus evidencias.
A pesar de algunos avances en el campo de los derechos humanos, el aumento de la organización política y social y el crecimiento económico experimentado por la mayoría de los países de la región en la última década, la protesta social sigue siendo duramente castigada, especialmente en muchos puntos de América Latina. Al tiempo que ha habido procesos de crecimiento económico y expansión, los Estados han respondido de forma dispar a las nuevas tensiones y conflictos que han aparecido. En algunos contextos se desarrollaron mecanismos de gestión de conflictos pero en muchos casos estos mecanismos tuvieron dificultades para transformarse en una política pública estable, o fueron reemplazados por respuestas más represivas. La conflictividad social da cuenta de contradicciones reales y profundas en los modelos de desarrollo económico, que no han podido reducir sustancialmente los niveles de desigualdad social, por lo que las demandas por el acceso a los bienes, servicios y derechos más básicos aún siguen vigentes en varios países de la región. También las demandas salariales y relacionadas con las condiciones de trabajo, llevadas adelante por gremios y trabajadores, asumen esta modalidad de protesta.
Ver aquí artículo
Ver aquí Informe Protesta Social en las Américas Audiencias CIDH 16.03.2015
