(Caracas, 23.02.2023. Human Rigth Watch). En noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, abrió una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Desde 2020, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha identificado motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad como parte de una política estatal de represión de opositores.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que cuenta con presencia en Venezuela, en 2022 dejó de tener acceso a los centros de detención donde hay presos políticos.
Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión.
Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada.
Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes.
El éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo.
Un informe elaborado en 2022 por una misión de observación electoral de la Unión Europea planteó recomendaciones concretas orientadas a generar las condiciones para que haya elecciones libres y justas.
Las negociaciones, que estaban suspendidas desde octubre de 2021, se reanudaron en noviembre.
Persecución, detención y tortura de opositores políticos
El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos. Según informó el Foro Penal, una red de abogados penalistas que trabajan pro-bono, para octubre habían 245 presos políticos.
Al menos 114 presos políticos han estado más de tres años en prisión preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma reciente al Código Penal. Aproximadamente 875 de los 15.770 civiles que fueron detenidos en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022 han sido procesados en tribunales militares, informó el Foro Penal.
Si bien algunos detenidos han sido liberados o transferidos de establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a cárceles comunes, nuevos críticos continúan siendo detenidos en forma arbitraria.
La Oficina del ACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, maltratos e incomunicación de personas detenidas durante 2022.
Las fuerzas de seguridad y los colectivos —grupos armados partidarios del gobierno— han atacado manifestaciones en forma reiterada desde 2014, lo que incluye redadas violentas, golpizas brutales y disparos a muy corta distancia.
Según fuentes oficiales consultadas por el ACNUDH, el Ministerio Público registró 235 denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaron privación de la libertad entre mayo de 2021 y abril de 2022, incluidas 20 de cargos relacionados con terrorismo.
La Oficina del ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria informaron sobre desafíos persistentes al ejercicio de los derechos de libertad y juicio justo. También hay demoras en la implementación de órdenes judiciales de liberación.
En septiembre, la Misión de la ONU informó que los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno. La misión volvió a describir estos actos como crímenes de lesa humanidad.
Presuntas ejecuciones extrajudiciales
Agentes de la Fuerza de Acción Especial (FAES) y otras unidades policiales y militares han asesinado y torturado con impunidad en zonas de bajos recursos, incluso durante redadas de seguridad conocidas como “Operaciones de Liberación del Pueblo”.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad invocaron “resistencia a la autoridad” en más de 19.000 asesinatos. Las pruebas indican que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales. La Oficina del ACNUDH documentó patrones relacionados con estos asesinatos en barrios marginados, pero informó una reducción considerable de los mismos durante 2022.
Grupos armados
En Venezuela hay grupos armados —como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— que operan mayormente en estados fronterizos y que imponen y hacen cumplir brutalmente toques de queda y normas que regulan las actividades cotidianas.
El 1 de enero de 2022, comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente —una coalición de disidencias que se formó tras la desmovilización de las FARC— y guerrillas del ELN por el control de territorios en el departamento colombiano de Arauca y el estado Apure en Venezuela. Ambos grupos cometieron abusos, incluyendo asesinatos, desplazamiento forzoso y reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas.
Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han llevado a cabo operativos conjuntos con combatientes del ELN y han sido cómplices en sus abusos.
Independencia judicial e impunidad de los abusos
El poder judicial dejó de funcionar como poder independiente del Estado en el año 2004.
No se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de autoridades de alto nivel.
Según lo informó la Misión de la ONU en 2021, las autoridades judiciales han tenido complicidad en abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales a posteriori, ordenar la prisión preventiva de forma rutinaria, confirmar detenciones sobre la base de pruebas dudosas y no proteger a las víctimas de torturas, entre otras cosas.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por partidarios de Nicolás Maduro, revisó en el mes de enero la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y dispuso una nueva conformación de dicho tribunal, que pasó de 32 a 20 magistrados. Este desempeña una función crucial de nombramiento y remoción de jueces de tribunales inferiores. El proceso de selección de los magistrados no fue independiente. Aunque la constitución de Venezuela permite un único mandato de 12 años, se volvió a designar por un nuevo período a magistrados que no cumplieron su función de contralor del poder ejecutivo.
Derechos indígenas y minería
Las autoridades no habrían consultado a residentes antes de crear una zona de minería especial en 2016, que comprende 14 territorios indígenas. La minería es uno de los principales factores que propician la deforestación y la contaminación del agua, contribuyendo a enfermedades como la malaria. SOS Orinoco y el medio Correo del Caroní informaron que personas de comunidades indígenas en zonas próximas a minas están experimentando grave envenenamiento por el mercurio que se usa para separar el oro de las impurezas. Algunas comunidades han sido desplazadas forzosamente.
Las autoridades no han protegido a las poblaciones indígenas frente a la violencia, el trabajo forzado y la explotación sexual. Human Rights Watch ha documentado abusos aberrantes que incluyen amputaciones, agresiones armadas y asesinatos perpetrados por grupos que controlan las minas ilegales de oro en el sur de Venezuela, y que operan con la aquiescencia del gobierno.
El 20 de marzo, un enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y una comunidad indígena yanomami en una zona remota del estado Amazonas dejó un saldo de cuatro personas indígenas muertas. Las autoridades mantuvieron incomunicado en un hospital militar de Caracas por más de tres meses a un niño de 16 años que había recibido un disparo y presentaba heridas graves. La Oficina del ACNUDH exhortó a que se llevara a cabo una investigación adecuada, que abordara las “causas subyacentes” del incidente. Los abogados indicaron que las investigaciones estaban paralizadas.
En septiembre, la Misión de la ONU advirtió sobre abusos perpetrados por agentes de las fuerzas de seguridad y grupos armados, incluido el ELN, contra personas en áreas mineras.
Varios líderes indígenas han sido amenazados o atacados por actores estatales y no estatales. En junio, el líder indígena Virgilio Trujillo, que se oponía a la minería ilegal en la comunidad uwottuja y había recibido amenazas de muerte, murió tras una agresión armada.
Derechos de las personas con discapacidad
En mayo, el Comité sobre las Personas con Discapacidad concluyó que no existe ninguna ley ni mecanismo para combatir y sancionar la discriminación contra las personas con discapacidad y que el modelo educativo no es inclusivo. Es preciso asegurar la accesibilidad y el acceso a la justicia, y eliminar los obstáculos a la capacidad legal.
Orientación sexual e identidad de género
No existen en Venezuela leyes civiles integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, excepto por algunas disposiciones específicas en la Ley Orgánica del Trabajo y la ley para la vivienda. No existen protecciones legales para las parejas del mismo sexo.
El Código de Justicia Militar castiga con hasta tres años de cárcel y despido las conductas consensuadas entre personas del mismo sexo por parte de personal militar. El Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado que analizará la disposición, luego de que la organización Venezuela Igualitaria presentara un recurso.
Derechos de la mujer
En Venezuela el aborto está penalizado, excepto cuando la vida de la mujer embarazada se encuentra en riesgo.
Según un estudio que llevó a cabo HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la emergencia humanitaria, los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres han perdido parte de su capacidad. Para el mes de marzo, había una escasez del 61,7 % en anticonceptivos y el 55,8 % de las mujeres embarazadas “no pudiera recibir una atención obstétrica adecuada”.
En septiembre, la Misión de la ONU documentó que mujeres y niñas han sufrido violencia sexual por parte de agentes de la FANB que trabajan en retenes y de grupos armados que controlan áreas mineras.
Derecho de voto
En febrero, la misión de la Unión Europea que daba seguimiento a las elecciones de 2021 emitió un informe final en el que describe obstáculos serios a la posibilidad de votar y postularse a elecciones, incluyendo la inhabilitación arbitraria de opositores políticos que aspiran a postularse a cargo públicos, el uso partidario de recursos estatales en la campaña, el acceso desigual a los medios de comunicación y las redes sociales, el bloqueo selectivo de sitios web y la ausencia de independencia judicial y respeto al Estado de derecho. Estas condiciones, según señalaron, comprometieron la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
Hay elecciones presidenciales programadas para el año 2024, y elecciones legislativas y regionales para 2025.
Emergencia humanitaria
El Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU para el período 2022-2023 estima que hay 5,2 millones de personas que precisan asistencia en áreas como salud, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene.
HumVenezuela señaló en marzo que la mayoría de los venezolanos enfrentan dificultades para acceder a alimentos, y que hay 10,9 millones de personas subalimentadas o con hambre crónica. Cerca de 4,3 millones deben privarse de alimentos, incluyendo pasar días sin comer.
El colapso del sistema de salud de Venezuela ha favorecido que aumenten las enfermedades infecciosas y la reaparición de otras que podrían prevenirse con vacunas. Los obstáculos a la realización de trasplantes estarían provocando cientos de muertes. Hasta marzo, aproximadamente 8,4 millones de personas enfermas tenían dificultades para recibir atención médica, y más de 9 millones de personas que necesitaban medicamentos e insumos de salud eran inaccesibles. La interrupción en los servicios de agua y energía en los centros de salud —y la emigración de los trabajadores sanitarios— han reducido gravemente la capacidad operativa de los centros de salud.
El gobierno no ha publicado datos epidemiológicos oficiales desde 2017.
La falta de acceso a servicios básicos profundiza la crisis humanitaria. El acceso al agua potable y al saneamiento se redujo de 2021 a 2022, según informó HumVenezuela, y expuso a cerca de 4,4 millones de personas a una necesidad acuciante de agua potable y a 1,3 millones a una necesidad urgente de servicios sanitarios básicos.
La crisis de refugiados
Aproximadamente 7,1 millones de venezolanos han huido de Venezuela desde 2014, según lo indica la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), y cerca de 5,9 millones se han dirigido a países de América Latina y el Caribe.
Si bien muchos gobiernos de países vecinos acogieron a los ciudadanos venezolanos, miles quedaron varados en condiciones inadecuadas o sin posibilidad de obtener el estatus de refugiados u otro tipo de protección legal debido a que no existe una estrategia regional coordinada, lo cual obligó a esas personas a dirigirse al norte. Persiste una situación grave de xenofobia.
Las nuevas restricciones de visados han impedido que los venezolanos tomaran vuelos a México y países de América Central, aumentando de forma significativa el número de personas que atraviesan el peligroso camino selvático del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Más de 107.000 venezolanos cruzaron el tapón entre enero y septiembre, en comparación con cerca de 1.500 durante 2021. Estos se enfrentan a abusos aberrantes, incluyendo violencia sexual.
Para mayo, cerca de 76.000 venezolanos habían obtenido Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos. En julio, EE. UU. extendió la protección para estas personas hasta el 10 de marzo de 2024.
El 12 de octubre, los gobiernos estadounidense y mexicano anunciaron que los venezolanos que crucen la frontera en forma irregular serían expulsados a México sin posibilidad de pedir asilo. A través de un nuevo programa se permitirá que algunos ciudadanos venezolanos soliciten viajar a EE. UU. por vía aérea. Los requisitos para postularse al programa a menudo son difíciles de cumplir.
Libertad de expresión
Las autoridades han estigmatizado, hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. La autocensura es generalizada debido al temor a represalias.
Las autoridades invocan la Ley contra el Odio, una norma imprecisa adoptada en 2017, conforme a la cual se prevén penas de hasta 20 años de prisión para quienes publiquen “mensajes de intolerancia y odio”, con el propósito de restringir las expresiones contra el gobierno.
En febrero, proveedores de servicios de internet bloquearon los sitios web de medios como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y El Nacional, conforme lo informó el monitoreo de VeSinFiltro. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó en julio sobre un agravamiento de la censura mediante el bloqueo deliberado de plataformas digitales e interrupciones en el servicio de internet.
Defensores de derechos humanos
Las autoridades venezolanas hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos.
Javier Tarazona, de la organización Fundaredes, seguía encarcelado cuando se preparó este informe. Fue detenido de forma arbitraria en julio de 2021, tras exponer nexos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados.
Varias organizaciones y la CIDH manifestaron consternación por un proyecto de cooperación internacional que se presentó a la Asamblea Nacional en mayo, el cual podría permitir la cancelación arbitraria de la personería jurídica de las organizaciones por promover o participar en actividades contrarias a intereses del gobierno.
El 28 de junio, las autoridades desestimaron los cargos planteados en 2021 contra cinco trabajadores de la organización humanitaria Azul Positivo.
En septiembre, dos agentes de inteligencia se presentaron en la sede de la organización de derechos humanos Provea, donde se estaba celebrando una conferencia de prensa con familiares de trabajadores arrestados en julio.
Condiciones en centros de detención
La corrupción, la seguridad deficiente, el deterioro de la infraestructura, la sobrepoblación, la escasez de personal y la capacitación inadecuada de los guardias han permitido que, en la práctica, sean las pandillas las que controlen a los detenidos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estima que cerca del 54 % de los detenidos están en prisión preventiva.
El OVP calcula que 7.792 personas murieron en prisión entre 1999 y 2021. La salubridad deficiente y el bajo nivel de los servicios médicos, así como la falta de acceso a agua limpia y alimentos nutritivos suficientes, contribuyen al hambre y las enfermedades. Según el OVP, en los últimos cuatro años, las muertes debido a desnutrición y tuberculosis superaron a las muertes violentas.
Actores internacionales clave
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos por otros dos años. En un informe del mes de septiembre, la Misión concluyó que autoridades de alto nivel eran responsables de una política deliberada de represión a opositores y que el gobierno venezolano había actuado en “connivencia” con grupos criminales en la región del Arco Minero.
Durante una visita a Venezuela realizada en marzo, el fiscal de la CPI anunció que establecería una oficina nacional en Caracas. El 15 de abril, las autoridades venezolanas le pidieron que postergara su investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad, aseverando que existe “voluntad genuina” de investigar casos a nivel interno. El 20 de abril, Khan notificó a los jueces de la CPI acerca del pedido de Venezuela, e indicó que les solicitaría que rechazaran el pedido y le permitieran seguir con su investigación.
En marzo, la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos informó al Consejo de Derechos Humanos sobre la continuidad de los abusos, incluyendo obstáculos al debido proceso, restricciones al espacio cívico y detenciones arbitrarias. En junio, instó a que se aseguren investigaciones independientes, medidas de rendición de cuentas, resarcimiento para víctimas y familiares, el fortalecimiento de la independencia judicial y la separación de poderes. Hizo mención de la persistencia de desafíos en la realización plena de los derechos económicos, sociales y culturales.
El Programa Mundial de Alimentos, que obtuvo autorización del gobierno de Maduro en 2021 para proveer alimentos a niñas y niños pequeños, para agosto de 2022 había entregado comidas a 210.000 beneficiarios en 1.700 escuelas en siete estados. Los representantes del programa esperan que llegue a 1,5 millones de personas para fines del año escolar 2022-2023.
La Plataforma R4V solicitó USD 1.790 millones para asistir a 8,4 millones de personas en la región, incluidos migrantes venezolanos, retornados colombianos y las comunidades de acogida. Para octubre, apenas el 16,8 % del plan contaba con financiamiento.
El Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de la ONU 2022-2023 solicitó USD 795 millones para asistir a 5,2 millones de los venezolanos más vulnerables. Hasta octubre, se habían recaudado USD 130,7 millones, que cubrían el 16,4 % del plan.
En octubre, Venezuela no fue reelecta como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Varios gobiernos e instituciones mantienen sanciones específicas contra funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción.
El recientemente electo presidente colombiano Gustavo Petro anunció que Colombia reabriría la frontera con Venezuela y nombró un embajador que asumió sus funciones en Caracas el 29 de agosto. Argentina también anunció la intención de restablecer las relaciones diplomáticas en abril.
En marzo y junio, Estados Unidos envió delegaciones oficiales a Caracas por primera vez en años para entablar conversaciones presuntamente propiciadas por un interés en acceder al petróleo venezolano. En junio, el Presidente Joe Biden ofreció su apoyo a Juan Guaidó —a quien EE. UU. reconoce como presidente interino de Venezuela— y reafirmó la voluntad de EE. UU. de calibrar la política de sanciones en función de los resultados de las negociaciones. EE. UU. levantó algunas sanciones sobre el petróleo el mismo día que se reanudaron las negociaciones en Noviembre.
En octubre, Venezuela liberó a siete ciudadanos estadounidenses que habían sido detenidos indebidamente, a cambio de la liberación de dos sobrinos de la esposa de Nicolás Maduro que estaban detenidos en EE. UU. por cargos de narcotráfico.
En noviembre, el gobierno venezolano y la oposición firmaron un acuerdo para aumentar la ayuda humanitaria que llega a los venezolanos.
