(Caracas, 13.01.2020. Cepaz). Desde el año 2015, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) ha elaborado tres informes en los que da cuenta de las reiteradas y sistematizadas prácticas de persecución política por parte del gobierno venezolano a la disidencia que son violatorias de los derechos humanos, civiles y políticos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano y en los pactos y convenciones internacionales suscritos por Venezuela.

Con la agudización de la crisis política y económica son evidentes los métodos empleados por el Estado para perseguir políticamente a la oposición. En los dos primeros informes se toman casos específicos y públicos contra políticos, líderes, estudiantes, manifestantes, periodistas y visitantes internacionales, ente otros, a través de los cuales se identifican ocho patrones desarrollados por el gobierno venezolano para la reiterada y sistemática persecución y represión de la oposición política:

1. Apertura de procedimientos judiciales caracterizados por la violación del derecho al debido proceso que implica atropellar diversos principios como son:

• El derecho a la asistencia jurídica

• De presunción de inocencia

• De celeridad procesal • Principio del juez natural

• El principio de la cosa juzgada

2. Persecución a través de los medios de comunicación mediante la hegemonía comunicacional que implantó Hugo Chávez y que se profundizó con Nicolás Maduro. El gobierno utiliza los medios de comunicación abusiva y arbitrariamente para perseguir y amedrentar a opositores políticos.

3. Destitución de cargos públicos y de elección popular a políticos disidentes a través del TSJ y el despido o la obligación de renunciar a puestos de trabajo que tenían algunos opositores debido a su posición política.

4. Allanamientos irregulares a la propiedad privada, incluso sin orden judicial (contrario a la Constitución Nacional), es violentada la propiedad privada de personeros políticos.

5. Allanamiento a la inmunidad parlamentaria: con ello el gobierno busca anular políticamente a los diputados de la Asamblea Nacional quienes son electos de manera directa por voto popular para ejercer la función legislativa y por lo tanto gozan de inmunidad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones.

6. Inhabilitación política busca limitar o suprimir los derechos y deberes políticos a los opositores principalmente en el ejercicio de los cargos públicos;

7. Usurpación de las funciones públicas a pesar de la separación de poderes públicos establecida en la Constitución Nacional, el gobierno utiliza la apertura de procesos judiciales o administrativos en contra de un dirigente opositor incluso a través de los medios de comunicación, evidenciando una clara sumisión del Poder Judicial.

8. Aquiescencia de actos violentos en contra de dirigentes políticos el Estado venezolano favorece, por acción u omisión, la agresión de sus partidarios en contra de miembros de la oposición, no sólo a dirigentes políticos sino a cualquier persona que se suponga pueda ser opositora al gobierno. Por otro lado, las continuas acciones violentas de los colectivos dirigidas a manifestantes de oposición son toleradas y estimuladas desde el gobierno.

A estos patrones, que se han ido agudizando con el paso del tiempo, se les suma la politización por parte del gobierno de los defensores y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la agresión a periodistas y la intolerancia a observadores y visitas internacionales que fijan posición contraria o crítica al gobierno, tal como evidencia el segundo informe presentado por CEPAZ, en el que se ponen de manifiesto casos específicos de agresiones y represión a diversas personalidades, entidades nacionales y de visitas internacionales.

En el tercer informe elaborado por CEPAZ en el 2017 se identifican cuatro nuevos patrones de persecución política aplicados a la disidencia:

9. Apertura de procedimientos ante tribunales militares lo que materializa una clara violación a los principios procesales contemplados en nuestra Carta Magna, y en los tratados y doctrina aplicables en materia de Derechos Humanos.

10. Persecución a familiares en numerosos casos los familiares de líderes políticos han sido sometidos a fuertes amenazas por parte del gobierno nacional, todo ello, con el fin último de disuadir a quienes forman parte de lucha política en contra del gobierno actual, de no continuar con la promoción y defensa de las libertades básicas, principios fundamentales y respeto del ordenamiento jurídico venezolano.

11. Anulación de pasaportes evitando de esta forma la salida del país de líderes políticos y periodistas, quienes en oportunidades han buscado transitar fuera de la República para romper el silencio internacional y hacer eco de la crisis política.

12. Apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes los órganos de justicia venezolana, han decidido bajo la aquiescencia y el mandato del gobierno, iniciar la apertura de procedimientos judiciales en contra de los alcaldes disidentes, y como consecuencia de esto, la destitución inmediata de su cargo, además de otras medidas como la prohibición de salida del país.

Todo lo anterior evidencia que el Estado venezolano participa por acción u omisión en un modelo articulado de violencia y persecución para limitar las acciones de los diversos sectores de la oposición, que con los años se hace más notorio, más efectivo e incisivo.

Cabe resaltar que el patrón más utilizado por el gobierno contra la oposición política es la apertura de procedimientos judiciales o administrativos carentes del debido proceso. Queda de manifiesto que la persecución política es una forma de ataque y represión generalizada con la que se criminaliza, desprestigia y minimiza la actuación de la oposición política venezolana.

En este informe presentamos datos sobre los diferentes ataques realizados a los diputados y sus familiares, al personal de la Asamblea Nacional, a la institucionalidad, a la sede y al funcionamiento pleno del Parlamento. El informe demuestra cómo la AN ha estado bajo asedio desde su instalación. Siendo usados los otros poderes y la fuerza pública para este ataque. Es de fundamental importancia acabar con las acciones violentas, la intolerancia y la persecución de la oposición política venezolana, debe garantizarse la separación de los poderes públicos y el principio de legalidad de todas sus acciones.

Se recomienda investigar las denuncias de irregularidades en los procedimientos y represalias con la finalidad de identificar y sancionar a los responsables de esos actos. Deben acatarse las recomendaciones y decisiones emanadas de organismos internacionales en materia de derechos humanos y persecución política.

Descargar informe completo aquí