(Caracas, 04.02.2020. Provea). El presente informe especial no pretende ser un recuento exhaustivo de los antecedentes, hecho y consecuencias que en materia social y política tuvieron los sucesos del 4 de febrero de 1992, sino un análisis de los efectos que dicho efecto y su desarrollo posterior generó en materia de diversos derechos, especialmente en el marco de la suspensión de garantías constitucionales; igualmente se presenta un análisis de la situación jurídica de los detenidos a raíz de la rebelión.
Provea reitera su rechazo a cualquier iniciativa que desprecie la participación democrática como mecanismo para solucionar los problemas del país; al hacerlo, no nos basamos en una postura político – partidista, ni u análisis sobre relaciones de poder, sino en un derecho humano fundamentalmente que viene siendo cada vez más amenazado tanto desde sectores estatales, como desde vanguardias y grupos elitescos civiles y militares: el derecho humano a la participación política en condiciones de plena igualdad.
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