(Mérida, 12.11.2018. Promedehum). El presente informe fue elaborado por la organización Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos (PROMEDEHUM), fundada en el año 2016 y dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de manera autónoma e independiente. El trabajo de PROMEDEHUM está enfocado en las libertades de asociación y reunión pacíficas, apoyando la labor de otras personas defensoras y de grupos sociales y comunitarios emergentes, brindando asistencia y acompañamiento a las personas víctimas de violaciones de los derechos humanos y estimulando la participación de las mismas en los procesos de exigibilidad.
El informe es el resultado de la sistematización de las principales prácticas de violación de los derechos de personas defensoras de los derechos humanos en el estado Mérida, entre abril de 2014 y junio de 2018, período en el cual ocurrieron intensas y masivas manifestaciones pacíficas contra políticas y medidas del gobierno venezolano y graves retrocesos de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia.
Fue elaborado con base en el trabajo de investigación y acompañamiento de casos de personas defensoras en diversos espacios de desempeño (universidades, comunidades, medios de comunicación social y organizaciones de derechos humanos), quienes fueron víctimas de violaciones de sus derechos en el contexto de las manifestaciones por parte de funcionarios civiles y militares, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), además de grupos violentos de civiles organizados por el Estado, conocidos como Grupos Colectivos.
Los casos a los que se refiere el informe son activistas estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios que participaron en las manifestaciones pacíficas de los años 2014, 2016, 2017 y 2018, a las cuales el Estado venezolano aplicó una política sistemática de represión trayendo como consecuencia que muchos manifestantes fueran agredidos, amenazados, acosados, perseguidos y detenidos árbitramente. Es importante destacar que la mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos incluidas en este informe se encuentran actualmente en el exilio.
Desde el año 2013, el Estado venezolano ha venido incrementando una política de criminalización contra la exigencia y defensa de derechos y contra el trabajo legítimo de quienes los defienden y de los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación. Entre los ataques y medidas documentadas por organizaciones de derechos humanos se encuentran prácticas de estigmatización, intimidación, acoso, vigilancia, actos de violencia, incluyendo represalias contra personas que se dedican a la labor de documentación, denuncia, difusión, asistencia a víctimas y cooperación con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, así como contra las personas que participan en la protesta pacífica como único medio de participación social en contextos no democráticos para movilizar exigencias y dar visibilidad nacional e internacional a las graves violaciones a los derechos humanos que son cometidas por la acción u omisión del Estado.
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