(Bogotá, 23.04.2020. Crisis Group). ¿Qué hay de nuevo? Bajo la amenaza de la pandemia del COVID-19, Colombia y Venezuela han decretado confinamientos obligatorios y han cerrado su frontera común. Ambos países ahora se enfrentan a una parálisis económica prolongada y a una crisis de salud pública que expondrá a millones de migrantes venezolanos a un gran riesgo, en un momento en el que los lazos bilaterales continúan rotos.

¿Por qué importa? Aunque los casos de infección reportados continúan siendo relativamente bajos en ambos países, la disputa por el poder político y el colapso de la economía en Venezuela hacen que esta sea especialmente vulnerable a un brote masivo. El impacto del COVID-19 también podría reavivar una profunda inconformidad por los altos niveles de desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción en Colombia.

¿Qué se debería hacer? Con al menos 1,8 millones de venezolanos en Colombia y una gran frontera compartida, los dos países deberían restablecer la cooperación oficial durante la pandemia. Los aliados del gobierno y la oposición en Venezuela deberían apoyar medidas urgentes para hacer un alto en el conflicto y permitir que el país reciba la ayuda internacional necesaria para salvar vidas.

I.Panorama general

La pandemia del COVID-19 pudo haber llegado tarde a América Latina, pero sus efectos desde ya ponen al descubierto las tensiones que enfrentan los Estados y las sociedades al tratar de frenar el contagio, mientras intentan mantener a flote las economías y el orden público intacto. A medida que la mayoría de gobiernos de la región cierran fronteras, detienen el tráfico aéreo, imponen un distanciamiento social riguroso y envían policías y militares a patrullar las calles, las pugnas latentes y los conflictos violentos se ven sometidos a nuevas presiones. La crisis más tóxica de la región, la competencia por el poder político de Venezuela, ya había llevado a millones a cruzar las fronteras con Brasil y Colombia en busca de un futuro mejor. Ahora que el temor al virus ha cerrado las fronteras nuevamente y forzado a Venezuela y Colombia a imponer confinamientos nacionales, se hace más evidente el peligro de presionar aún más a los más pobres y paralizar economías ya débiles en un momento lleno de hostilidades políticas. El imperativo humanitario debe ser prioridad de todos: para los rivales políticos en Venezuela, esto significa hacer un alto en el conflicto para permitir la entrada de mucha más ayuda externa; para los gobiernos de Colombia y Venezuela, significa encontrar formas de cooperar para combatir los riesgos para la salud pública a los que ambos países se enfrentan en este momento.

Tanto Venezuela como Colombia ya se han visto afectadas por disturbios y brotes de violencia a medida que entran en vigor directivas de salud pública, incluyendo disturbios penitenciarios donde hubo muertes, episodios de saqueo y protestas espontáneas de los más necesitados. Pero el destino de Venezuela es lo que despierta mayor preocupación en toda la región. Muchos países, incluidos algunos que no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, argumentan que sería imprudente obstaculizar la ayuda humanitaria de emergencia. Temen que un sistema de atención médica que ha colapsado, tasas de desnutrición en aumento y epidemias preexistentes como la de malaria hacen que Venezuela sea excepcionalmente vulnerable al contagio. Sin embargo, otros parecen creer que este puede ser el momento justo para darle el golpe final a un gobierno que consideran corrupto y dictatorial. Esta línea de pensamiento parece haber llevado a algunos a aplaudir la decisión de EE. UU. de presentar cargos por narcoterrorismo y otros crímenes contra Maduro y otras figuras destacadas del gobierno el pasado 26 de marzo.

Un niño venezolano jugando con su perro debajo de un puente a las afueras de Bogotá. Keoma Zec

Lo cierto es que los migrantes y refugiados venezolanos que han salido del país se encuentran entre los más vulnerables a la enfermedad, dadas las condiciones en las que viven y trabajan. Al menos 4,9 millones de venezolanos han huido de tasas de pobreza de alrededor del 90 por ciento en su país de origen, solo para continuar luchando por sobrevivir en nuevas tierras; estos migrantes y refugiados enfrentan los mayores riesgos debido a la falta de acceso a atención médica y, a menudo, de enfermedades preexistentes. Miles de ellos están ahora volviendo a pie a su país de origen luego de sufrir las consecuencias económicas de la cuarentena en Colombia, donde vive la mayor población de refugiados venezolanos, estimada en 1,8 millones. A pesar de este flujo de retornados, existe la posibilidad de que el número de migrantes que escapan de Venezuela aumente en los próximos meses a medida que el virus en ese país se propague.

Colombia ha hecho grandes esfuerzos para garantizar que los migrantes y refugiados venezolanos tengan residencia legal y acceso a servicios públicos, pero un millón de ellos aún no tiene permiso formal de permanencia en dicho país. Además, Colombia no puede garantizar empleo estable o formal para todos, y menos aún bajo condiciones de distanciamiento social y cuarentena. Colombia también enfrenta otra serie de dificultades mientras se esfuerza por equilibrar la implementación de medidas de control de infecciones, con el peligro de volver a avivar las protestas de 2019 contra la desigualdad, los servicios públicos deficientes y la corrupción. Es probable que crezcan pequeños focos de descontento en la medida que las políticas diseñadas para frenar la propagación del COVID-19 afecten las perspectivas económicas. El Estado tiene recursos limitados para apoyar a los ciudadanos más vulnerables, lo que significa que muchos gobiernos locales están recolectando donaciones para cubrir un déficit en los programas de ayuda para aquellos afectados por las medidas de confinamiento.

Los lazos económicos informales, los movimientos migratorios en ambas direcciones y la geografía determinan que el destino de los esfuerzos de Colombia y Venezuela para combatir al COVID-19 estén entrelazados, al menos en un grado considerable, independientemente de que a los respectivos gobiernos les guste o no. Entre más rápido las fuerzas en conflicto en Venezuela declaren una tregua, y Bogotá y Caracas puedan dejar de lado sus desacuerdos para cooperar en la lucha contra la amenaza de la enfermedad, mejor será para los colombianos y venezolanos, particularmente para los más desfavorecidos.

II.La propagación del COVID-19 y las respuestas estatales

Colombia fue uno de los primeros países de América Latina en anunciar el aislamiento obligatorio para los viajeros entrantes, en declarar una cuarentena preventiva obligatoria a nivel nacional y en prohibir todo el tráfico aéreo de pasajeros, medidas que recibieron apoyo por parte de fuerzas a lo largo del espectro político, que normalmente está altamente polarizado . Sin embargo, estos pasos generaron preocupación en ciertos sectores, sobre todo en el carcelario y otros que se consideran altamente vulnerables a una epidemia, que temen una interrupción repentina de sus medios de subsistencia y donde existe la posibilidad de que grupos armados, incluyendo grupos criminales y guerrillas, aprovechen la cuarentena para consolidar su influencia.

Preocupaciones por la capacidad de propagación del virus en cárceles con hacinamiento crónico provocaron enfrentamientos en trece cárceles en todo el país los días 20 y 21 de marzo, que resultaron en 23 muertos en la cárcel La Modelo en Bogotá. A pesar de la cuarentena obligatoria ordenada en toda la ciudad, familiares de los reclusos protestaron durante horas frente a La Modelo al día siguiente . Un indicio del nivel de peligro de la situación es que el gobierno declaró estado de emergencia en las cárceles de Colombia, lo cual le permite mayor participación militar y da un mayor margen de maniobra al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para disciplinar y trasladar a los detenidos . En la primera semana de abril, dos internos murieron en la ciudad de Villavicencio como resultado de una infección por COVID-19.

En otras partes del país, cientos de trabajadores de bajos ingresos y migrantes venezolanos protestaron el 23 de marzo, anticipando la cuarentena nacional. Portando carteles en los que decían temerle más al hambre que a la infección, se manifestaron frente a las oficinas de las alcaldías de Bogotá y Soacha, un extenso municipio al sur de la capital . Según informes, una veintena de supermercados en todo el país fueron saqueados esa misma semana . Además, a lo largo de la costa del Pacífico, comunidades que han estado en la línea de fuego por los enfrentamientos entre guerrillas y narcotraficantes expresaron su frustración ante la rápida reacción estatal provocada por el COVID-19 en contraste con la inactividad de los altos funcionarios del gobierno ante la “epidemia de violencia” que vienen sufriendo .

La frontera de 2219 km con Venezuela también fue un objetivo inmediato de los esfuerzos del gobierno colombiano por detener el virus. El 14 de marzo, el presidente Iván Duque cerró los siete cruces fronterizos oficiales, que desde entonces han permanecido herméticamente cerrados con apoyo policial y militar adicional. Más de 5000 oficiales uniformados también fueron enviados a vigilar los numerosos cruces fronterizos ilegales de Colombia, conocidos como trochas, mientras que cientos de venezolanos han sido deportados de toda Colombia desde el cierre . En el lado venezolano, Freddy Bernal, miembro principal del gobernante partido PSUV y a quien el presidente Maduro ha designado como “protector” del estado fronterizo de Táchira, publicó un video en el que aparecía rodeado de soldados fuertemente armados y anunciaba que sus fuerzas estarían vigilando las trochas y arrestando a aquellos que intentaran cruzar desde Colombia . En la zona fronteriza, Bernal es conocido por controlar colectivos, grupos parapoliciales violentos leales al chavismo, el movimiento gobernante creado por el difunto presidente Hugo Chávez.

Venezuela ordenó el cierre de escuelas inmediatamente después de reportar sus primeros casos de coronavirus el 13 de marzo. Dos días después, Maduro anunció una “cuarentena social colectiva” para Caracas y seis estados considerados particularmente vulnerables. Allí, todas las actividades fueron suspendidas, excepto las esenciales, y se requirió que los pasajeros de transporte público usen tapabocas. En 24 horas, la cuarentena se había extendido a todo el país . El gobierno ya había suspendido todos los vuelos hacia y desde Europa y Colombia durante 30 días a partir del 12 de marzo y prohibió las reuniones masivas, medidas que se han extendido por un mes adicional. Maduro designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez a cargo de los esfuerzos para enfrentar la pandemia, y el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, tuvo un papel protagónico en la respuesta al desplegar a la Guardia Nacional, la Milicia Bolivariana y a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, conocidas por su política de disparar a matar) para hacer cumplir la cuarentena . Al ministro de Salud, Carlos Alvarado, que había tratado de minimizar la amenaza, le fue asignado un rol menor .

Incluso entre los políticos de oposición se reconoce que las acciones rápidas del gobierno fueron apropiadas para las circunstancias . Pero también llegaron en un momento conveniente para el gobierno, que se enfrentaba a un intento de la oposición por revivir las manifestaciones en las calles. El líder de la oposición, Juan Guaidó, suspendió de inmediato la campaña prevista ante la emergencia .

Dejando de lado las motivaciones políticas, estas contundentes medidas también reflejan la necesidad de proteger el sistema de salud venezolano, que después de años de mal manejo del gasto público y de declive económico está extremadamente deteriorado y mal equipado para manejar una epidemia. Venezuela no ha publicado regularmente informes epidemiológicos semanales desde el 2014, y la única información disponible públicamente sobre el brote proviene de actualizaciones diarias de la vicepresidenta Rodríguez o de su hermano Jorge, el ministro de Comunicación e Información. Si la pandemia llegara a golpear fuertemente a Venezuela, el sistema de atención médica podría verse afectado rápidamente, con consecuencias no solo para los pacientes del coronavirus sino para innumerables personas que necesitan atención. 

El gobierno designó 46 hospitales en todo el país para recibir casos de COVID-19, pero solo hay 206 camas de unidades de cuidados intensivos en las instalaciones públicas. El número de hospitales con respiradores, un equipo esencial para salvar las vidas de las personas más gravemente afectadas por el virus, es motivo de controversia. A pesar de que el gobierno insiste en que hay miles de respiradores, según una encuesta de hospitales nacionales realizada en el 2019 por la ONG venezolana Médicos por la Salud, la cifra real es de 84 . La misma encuesta encontró que solo el 9 por ciento de los hospitales tienen servicio de agua “regular y continuo” . Muchos carecen incluso de jabón, guantes quirúrgicos y otros suministros esenciales. Si la pandemia llegara a golpear fuertemente a Venezuela, el sistema de atención médica podría verse afectado rápidamente, con consecuencias no solo para los pacientes del coronavirus sino para innumerables personas que necesitan atención.

III.Efectos en la frontera y la migración

Numerosos grupos armados irregulares operan a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela . Su control sobre las trochas, que ha aumentado en los últimos años después del cierre esporádico de las fronteras, les proporciona una fuente estable de ingresos ilícitos y un canal para el tráfico de numerosos productos, como combustible de contrabando, minerales y drogas . Desde que ha venido empeorando la crisis económica y política venezolana en el 2013, el control de las trochas se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos armados y sindicatos del crimen que imponen un “peaje” a cada persona que desea cruzar y a los bienes que llevan con ellos, generalmente entre $1 y $25 dólares. Migrantes y refugiados venezolanos, así como los pobladores de la zona fronteriza, usan regularmente estos cruces informales durante los períodos en que las fronteras están oficialmente cerradas o incluso al estar abiertas, para eludir a las autoridades cuando transportan contrabando o viajan sin los documentos necesarios.

Antes del cierre de la frontera más reciente, más de 50 000 venezolanos en promedio utilizaban los cruces oficiales diariamente; la mayoría de ellos pasaban a Colombia para asistir a la escuela, ir a centros de salud o comprar alimentos o medicinas, y regresaban en la tarde antes de que la frontera cerrara durante la noche. Se estima que 1,28 millones de familias en las regiones fronterizas venezolanas dependen de los productos que pueden comprar al cruzar la frontera, según cálculos de la Cámara Colombo Venezolana, una plataforma de negocios binacional . En contraste, las fuentes del gobierno colombiano estiman que en la actualidad entre 3000 y 3500 personas están cruzando las trochas cada día, y que un número no especificado de estas se queda en Colombia .

Hasta ahora, sin embargo, no ha habido un aumento significativo en el uso de las trochas, en contraste con las predicciones iniciales de algunos medios de comunicación . Expertos en seguridad en los estados de Zulia y Táchira explican que una de las razones es la escasez de combustible en Venezuela, que le impide a los posibles migrantes conseguir transporte a la frontera . El precio de 20-25 litros de combustible en el mercado negro de San Cristóbal, capital de Táchira, ha aumentado de $12 a $36 dólares debido a la falta general de combustible y a que las medidas de cuarentena restringen severamente la distribución. El combustible es tan escaso en el lado venezolano que funcionarios estatales y oficiales de seguridad que anteriormente estaban involucrados en el contrabando de gasolina reservan el poco combustible disponible para actividades consideradas esenciales, tales como el transporte de alimentos y vigilancia. Mientras tanto, hombres armados posicionados en la trocha entre los pueblos de Ureña y San Antonio de Táchira, en el lado venezolano de los cruces oficiales más concurridos, cobran el triple del precio normal por su uso después del cierre. Testigos informan que los hombres ahora toman la precaución de usar tapabocas.

Migrantes venezolanos caminando por la autopista norte en Bogotá hacia la frontera venezolana.Keoma Zec

Al mismo tiempo, miles de venezolanos que viven en Colombia han regresado a su país de origen, muchos de ellos impulsados por las dificultades económicas producto de la cuarentena . Durante los primeros tres días después del cierre de la frontera, 27 000 venezolanos que viven cerca de la frontera colombiana y estaban en el país vecino regresaron a sus hogares.  Además, unos 8000 retornados, incluidos miles de venezolanos que viven en Colombia pero también otros que viajan desde Perú y Ecuador, han cruzado la frontera en las últimas semanas . Muchos han viajado en las últimas semanas desde Bogotá y otras ciudades colombianas o han tomado servicios especiales de autobuses para emprender el viaje de 550 km desde la capital, a través de la cordillera de los Andes hasta el Puente Simón Bolívar, el principal cruce fronterizo cerca de la ciudad de Cúcuta . Mientras caminaban por la autopista al norte de Bogotá, una joven pareja del estado venezolano de Aragua relató que habían dejado su vivienda en la capital colombiana ya que la cuarentena les impide trabajar. “Pagamos $6 dólares por noche por nuestra habitación”, dijeron. “En Venezuela, al menos no tenemos que pagar el alquiler. Tenemos un lugar para quedarnos”. En el camino dependen de donaciones de los lugareños y transeúntes. Venezolanos que residen en un asentamiento informal en las afueras de Bogotá comentaron que dependen casi por completo de donaciones de alimentos y otros actos de solidaridad.

Las autoridades de ambos lados han tratado de garantizar que los retornados puedan hacer uso del principal cruce fronterizo oficial . El alcalde de Cúcuta, Jairo Yánez, anunció el 4 de abril que se abriría un “canal humanitario” con el apoyo de las autoridades de ambas partes y organizaciones internacionales, lo que permitiría que un primer contingente de 600 venezolanos regresara a su país de origen después de una serie de controles de salud y un período de cuarentena obligatoria . Las autoridades colombianas se están preparando para nuevas repatriaciones coordinadas, mientras que las organizaciones humanitarias internacionales con sede en Venezuela estarían en capacidad de recibir 200 retornados diariamente . Sin embargo, la desconfianza entre los dos países alrededor de estos flujos de migrantes sigue siendo palpable. 

Sin embargo, la desconfianza entre los dos países alrededor de estos flujos de migrantes sigue siendo palpable. El gobierno de Venezuela ha acusado a Colombia de utilizar a los retornados para filtrar a paramilitares y mercenarios al país con el objetivo de fomentar la inestabilidad . Mientras tanto, reportes indican que los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el gobierno colombiano han tratado de desalentar cualquier flujo incontrolado de migrantes debido a los riesgos para la salud que esto representa para los migrantes, y sus posibles efectos en los mal equipados centros de salud en las regiones fronterizas. Según un alto funcionario del ACNUR, no se cumplen las condiciones básicas para el regreso seguro a Venezuela . Después de cruzar la frontera, los retornados venezolanos son puestos en cuarentena obligatoria, donde las condiciones son insalubres .

Las fuerzas de seguridad colombianas y venezolanas también han detenido a varios migrantes que se dirigían a la frontera, incluidos unos 130 venezolanos que intentaron regresar a su tierra natal a través del estado fronterizo de Apure, pero fueron retenidos por las autoridades venezolanas y sometidos a cuarentena .

Un venezolano saliendo de Bogotá camino a su país natal. Caminan por La Autopista Norte hacia Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela que se encuentra a más de 500 kilómetros de Bogotá. Keoma Zec

Aunque la decisión de cerrar la frontera con Venezuela fue comprensible ante la importancia de detener la propagación del coronavirus, ha tenido varias consecuencias infortunadas. Las autoridades colombianas han suspendido todos los servicios de migración, incluidas las solicitudes y permisos de residencia y visas. A los migrantes y refugiados que encuentran una manera de atravesar los cruces informales no se les verifica su estado de salud, y la mayor parte de la frontera ribereña que separa a Venezuela y Colombia en el Amazonas no cuenta con vigilancia de autoridades . “No hay control epidemiológico en ninguna de las fronteras, en ninguno de los cruces … Entonces, todas las personas tienen paso libre” . Adicionalmente, según informes, varias trochas nuevas fueron abiertas en los días inmediatamente posteriores al cierre de la frontera oficial .

Los efectos nocivos afectan también a las personas que viven en ambos lados de la frontera colombo-venezolana, que comparten profundos lazos culturales, económicos y étnicos. En el pasado, su subsistencia se ha visto en peligro debido a los cierres de la frontera y las restricciones al comercio asociadas a estos. Como se podría esperar, la desesperación de las personas en el lado venezolano, así como entre los residentes locales, migrantes y refugiados en el lado colombiano, se ha vuelto evidente. En Paraguachón, la ciudad fronteriza en el departamento colombiano de La Guajira, residentes originarios en la zona y migrantes saquearon un camión que transportaba alimentos hacia Venezuela . “Las personas hambrientas son más irracionales de lo normal y se sienten bajo una presión real”, dijo un residente, y agregó que las personas en ambos lados de la frontera están particularmente ansiosas ya que dependen del comercio informal y el contrabando en la frontera .

IV.La amenaza de la violencia armada

A lo largo y ancho de Colombia, los grupos armados han reaccionado al COVID-19 con una mezcla de miedo, desprecio y oportunismo. El 29 de marzo, el grupo guerrillero de izquierda más grande, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), declaró un cese al fuego unilateral de un mes con el gobierno como un gesto humanitario . Aunque el cese al fuego es bienvenido, no está claro cómo este afectará la lucha del ELN por el control territorial, particularmente contra el cartel Autodefensas Gaitanistas de Colombia a lo largo de la costa del Pacífico y con otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Popular, en el noreste de Colombia . Residentes de los departamentos del Chocó y Nariño en el Pacífico informaron que durante marzo hubo fuertes enfrentamientos entre el ELN y los Gaitanistas, los cuales aún continúan, y que ha llevado a nuevos desplazamientos masivos y confinamiento . Las áreas en disputa carecen en gran medida de una presencia estatal permanente o sistemas de atención médica capaces de combatir una pandemia.

El ELN parece apoyar medidas similares a la cuarentena y podría estar imponiendo sus propias restricciones de movimiento en un intento por evitar que sus combatientes se infecten . Lo mismo ocurre con grupos armados que surgieron de unidades paramilitares ahora extintas y con algunas facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos principales líderes firmaron un acuerdo de paz con el gobierno en el 2016. Al menos un grupo disidente de las FARC en el norte del Cauca, otro departamento del Pacífico, ha aprovechado el cambio de enfoque de los militares hacia el control fronterizo y el orden público para hacer una demostración de fuerza. En los primeros días de la cuarentena nacional, el Frente Dagoberto Ramos atacó un puñado de estaciones de policía en todo el departamento y aumentó el hostigamiento a la guardia indígena autónoma de la comunidad Nasa .

Durante mucho tiempo, varios de estos grupos armados han codiciado las oportunidades de negocios a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, mientras que el ELN y disidentes de las FARC se han aprovechado de los problemas políticos y económicos del país vecino para expandirse allí en los últimos años . A lo largo de ambos lados de la frontera, continuos tiroteos entre grupos rivales y con las fuerzas estatales han expuesto a los civiles a una inseguridad extrema. En la segunda semana de marzo, se encontraron ocho cuerpos con heridas de bala y quemaduras cerca de Cúcuta, la ciudad más importante del lado colombiano de la frontera, mientras que en el lado venezolano se descubrieron cinco cadáveres el mismo día en Ureña, en el estado Táchira. Ninguno de los grupos armados que operan a lo largo de la frontera, con la excepción del ELN, ha declarado un cese al fuego, pero tampoco hay indicios claros de que la violencia haya aumentado desde el cierre de la frontera .

Una de las poblaciones fronterizas más violentas de Táchira, Boca de Grita, pareciera estar en calma, solo semanas después de que tiroteos entre el grupo criminal Los Rastrojos, miembros del ELN y las fuerzas de seguridad venezolanas conmocionaran a la población a mediados de febrero del 2020, causando que muchos residentes huyeran hacia Colombia . Personas del sector informaron en los últimos días que miembros de Los Rastrojos todavía se mueven en los alrededores de la población, pero no impiden las actividades de los trabajadores de la salud. “Médicos acompañados por enfermeras y personal de la Guardia Nacional van de casa en casa y recorren todas las calles con un megáfono para informar sobre las medidas necesarias para detener la propagación del virus”, dijo un residente .

V.Salud y subsistencia en la frontera

Informes de testigos presenciales indican que la respuesta al virus en ambos lados de la frontera ha estado lejos de ser adecuadamente sólida. Un médico de Maicao (una ciudad colombiana, en el departamento de La Guajira) se queja de que los médicos carecen de equipo de protección, y cada doctor solo tiene una mascarilla para usar durante tres semanas consecutivas. Hasta la declaración de cuarentena nacional en Colombia, la gente en Maicao continuaba reuniéndose masivamente. “Aquí, en realidad, las discotecas están abiertas; hay fiestas; todo está normal” . Al mismo tiempo, aunque los números totales han disminuido, continúan llegando nuevos migrantes y refugiados venezolanos a pesar del cierre oficial de la frontera. “Vienen por las trochas”, agregó el médico. “No hay control” .

La demanda de atención médica en La Guajira tanto por parte de los migrantes venezolanos como de los locales colombianos, ya considerable desde antes de la pandemia, continúa siendo alta . Pero los hospitales locales y las ONG que proveen asistencia han decidido atender a menos personas para reducir el riesgo de hacinamiento, restringir el número de pacientes en las salas de espera y reducir el horario de atención. Actualmente hay cuatro respiradores reservados para colombianos sin seguro médico y para venezolanos en Maicao, aunque la cifra de estos últimos supera los 160 000 en La Guajira, aproximadamente el 20 por ciento de la población del departamento (hay muchos más respiradores disponibles para colombianos que cuentan con seguro médico). “Lo único con lo que podemos trabajar en este momento es con la bendición de Dios. Porque todos los respiradores disponibles ya están vendidos. No hay otra forma de atención. No puedes controlarlo con antibióticos. No puedes controlarlo con medicamentos. Nada”, agregó el médico consultado en Maicao .

Un joven caminando junto a uno de los negocios cerrados en un asentamiento irregular en Engativa, Bogotá. Keoma Zec

En otras partes de la frontera y al interior de Colombia, las dificultades para responder a las necesidades de migrantes y refugiados venezolanos sin hogar, así como las de los locales en condiciones de cuarentena obligatoria, se están haciendo evidentes . Las mujeres venezolanas en particular se encuentran en riesgo extremo y están cada vez más expuestas a violencia sexual y de género . Algunos albergues para refugiados han cerrado sus puertas a los recién llegados y varias cocinas han cerrado por completo . Organizaciones de ayuda humanitaria informan que las medidas de cuarentena están restringiendo severamente el movimiento de trabajadores humanitarios, incluidos aquellos que desean monitorear los niveles de violencia, aunque las provisiones de materiales continúan llegando a partes de la frontera .

Mientras tanto, la cuestión de quién cubre los gastos de las ayudas, alojamiento y alimentación de los venezolanos durante la cuarentena nacional se ha convertido en un tema de controversia política en Colombia. Si bien algunas autoridades locales han incluido a los venezolanos en sus programas de asistencia a nivel local, otras grandes ciudades, como Bogotá y el vecino municipio de Soacha, han dicho que esta tarea les compete a las autoridades de migración nacional, las cuales posteriormente negaron tener dicha responsabilidad . Solo una pequeña parte de los venezolanos, aquellos que han logrado sortear la burocracia para anotarse no solo como residentes sino también en el registro nacional de pobreza, tienen derecho a recibir asistencia del gobierno. Algunos también se beneficiarán de la decisión de permitir a las familias más pobres pagar tardíamente las facturas de agua y electricidad, mientras que el gobierno también planea entregar aproximadamente 200 000 mercados . Por su parte, las organizaciones de ayuda están priorizando cada vez más las transferencias de efectivo a los refugiados y migrantes venezolanos, lo que consideran fácil de entregar masivamente y con un mínimo de contacto físico .

Una familia de recicladores, de la ciudad de Barcelona en Venezuela. Llevan siete meses en Colombia y huyeron de Venezuela porque tenían hambre y no podían llegar a fin de mes. Keoma Zec

Es probable que regiones remotas a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela sean las más afectadas porque carecen de productos alimenticios básicos y combustible. En el municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada, en el sureste de Colombia, las dificultades de Venezuela ya se han hecho sentir del otro lado de la frontera. Los productos alimenticios y combustible tradicionalmente se compraban en la vecina Venezuela y se llevaban a Colombia, pero esta línea de suministro fue disminuyendo a medida que los productos escaseaban cada vez más en el sur de Venezuela . Los productos locales colombianos siguen siendo exorbitantemente caros ya que el transporte a la ciudad más cercana, Villavicencio, demora dos días por carreteras sin pavimentar que son intransitables en temporada de lluvias.

La frustración en estas áreas por las amenazas adicionales planteadas por el virus y sus efectos económicos colaterales ya se ha hecho sentir. Grupos indígenas, al sentirse abandonados por el Estado, bloquearon la carretera principal en Casuarito, en el departamento del Vichada (también en la frontera venezolana) y exigieron entre $12 y $75 dólares por cada vehículo que intentaba pasar, amenazando a los conductores que se negaban a pagar . El obispo del departamento de Guainía en la región amazónica de Colombia, Joselito Carreño, hizo eco a esta preocupación por las condiciones de salud en su región y en el vecino estado venezolano de Amazonas. “Entendemos que en Venezuela la situación de salud, el abastecimiento de alimentos, todo, está completamente descuidado en esta región fronteriza. Hay personas desesperadas y quieren cruzar la frontera para venir a Colombia” .

Actualmente, la capital de Guainía, Puerto Inírida, tiene tres grandes barrios informales, donde viven entre 350 y 400 familias de migrantes y refugiados venezolanos. Estos asentamientos no tienen sistema de alcantarillado, acceso a agua o electricidad. La mayoría de los habitantes dependen de actividades económicas informales y del contrabando a través de la frontera, y tienen pocas posibilidades para mantener a sus familias ahora que la frontera está cerrada y están sometidos a la cuarentena. El único hospital en Puerto Inírida tiene un solo respirador.

Las condiciones de salud también son terribles en las minas de oro en el lado venezolano de la frontera, las cuales sufren de un brote de malaria y están rodeadas de grupos armados, en particular unidades del ELN y disidentes de las FARC . Según el obispo Carreño, “algunos de los mineros salen de las minas para llevar combustible y comida a sus familias, y si llegan a haber casos de coronavirus en [Puerto] Inírida, podrían infectarse al venir y luego llevarlo de regreso a la mina, donde los servicios médicos apenas existen” .

VI.La posibilidad de un acuerdo humanitario

La propagación del coronavirus en América Latina y su impacto en personas vulnerables, tanto en Colombia como en Venezuela, especialmente a lo largo de la frontera compartida, hacen de suma importancia una respuesta salud y humanitaria coordinada que pueda enfrentar, atender y aislar brotes locales. Sin embargo, después de que Venezuela expulsara a todos los diplomáticos colombianos en febrero del año pasado, la comunicación oficial de alto nivel entre los dos países cesó . Desde entonces, se ha reanudado un mínimo de coordinación entre los dos gobiernos sobre cuestiones de salud en respuesta a la epidemia. Pero el gobierno colombiano, así como los EE. UU. y muchos otros estados de América Latina y Europa, continúan negándose a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela, considerando su reelección en mayo de 2018 como fraudulenta y tratando a su rival Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, como el gobernante legítimo del país.

A.Necesidades humanitarias y conflicto político en Venezuela

En la actualidad, 59 países exigen que Venezuela celebre nuevas elecciones presidenciales anticipadas. El anuncio del 26 de marzo por parte de las autoridades judiciales estadounidenses de haber acusado al presidente Maduro y a catorce funcionarios venezolanos actuales y anteriores por cargos de “narcoterrorismo” y otros crímenes aumentó la presión sobre el gobierno venezolano, probablemente socavando las posibilidades de retomar las negociaciones entre las partes . Independientemente de si esa era su intención o no, el fiscal general de los EE. UU. William Barr reforzó esta percepción cuando dijo que la coincidencia de las acusaciones con la emergencia del COVID-19 era “un buen momento”, en tanto que aumentaba las posibilidades de un nuevo gobierno en Caracas que pudiera dar una respuesta más efectiva a la pandemia .

Las acusaciones también llegaron unos días antes de que EE. UU. presentara su primera propuesta formal para una resolución pacífica de la disputa política del país. Prometió revocar las sanciones petroleras y aquellas contra el gobierno y la empresa petrolera estatal PDVSA a cambio de la formación de un Consejo de Estado interpartidista que asumiría el control del ejecutivo, en espera de elecciones presidenciales y parlamentarias dentro de seis a doce meses . Las acusaciones posiblemente endurecieron aún más la postura del gobierno al señalar que no hay un futuro seguro para el presidente venezolano y muchos de sus colegas. 

Era poco probable que Maduro y sus aliados acogieran la iniciativa, independientemente de las circunstancias, ya que supone que Maduro deje el poder tras la formación del Consejo. En esencia, la propuesta de EE. UU. plantea la restauración a gran escala de las instituciones democráticas, mientras le ofrece a Maduro únicamente el derecho a presentarse en las elecciones presidenciales anticipadas. Pero las acusaciones posiblemente endurecieron aún más la postura del gobierno al señalar que no hay un futuro seguro para el presidente venezolano y muchos de sus colegas . El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, desestimó el plan a las pocas horas de su presentación . Más tarde, esa misma semana, el inicio de maniobras navales de EE. UU. cerca de Venezuela, anunciadas como parte de una operación antinarcóticos, hizo sonar las alarmas en las filas chavistas sobre la posibilidad de que Washington estuviera preparado para recurrir a la acción militar para derrocar a Maduro, lo que refuerza la desconfianza extrema del gobierno hacia las intenciones de los EE. UU .

Como Crisis Group ha señalado, la decisión de presentar los cargos en ese momento, cualquiera que sea la razón de fondo, fue especialmente dañina dada la situación política en Venezuela . Antes del anuncio de los cargos, señales provenientes de las dos partes en Venezuela sugerían la posibilidad de lograr un consenso en torno a permitir una mayor ayuda humanitaria para el país. Tanto Maduro como Guaidó se habían referido a posibles acuerdos, aunque cada uno en términos que parecían poco atractivos para el otro. Mientras Maduro ha pedido un “diálogo nacional” para enfrentar el virus, que incluiría a “todos los sectores de la oposición” y la Iglesia Católica, su rival Guaidó ha buscado la instalación de un Gobierno Nacional de Emergencia a gran escala, con representantes de ambas partes, pero sin Maduro a la cabeza . Mientras tanto, la sociedad civil ejerce una presión creciente para al menos concretar una tregua temporal para abordar la emergencia de salud . A pesar de los acuerdos del gobierno y la oposición en el 2019 con la Cruz Roja y la ONU para permitir los envíos de ayuda, los receptores de estas se quejan de que sigue siendo una gota en el océano en comparación con las necesidades nacionales.

Los donantes internacionales deben poner a disposición urgentemente más fondos para esfuerzos a corto plazo con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 en Venezuela, especialmente para ayudar al país a adquirir o desarrollar respiradores. Pero los fondos solo se pueden ampliar si Maduro y Guaidó llegan a algún tipo de acuerdo. El Fondo Monetario Internacional rechazó una primera solicitud de ayuda de $5 mil millones de dólares de Caracas, alegando falta de claridad sobre quién es el líder reconocido por la comunidad internacional . El Banco Interamericano de Desarrollo reconoce a Guaidó, mientras que otro banco de desarrollo regional, la Corporación Andina de Fomento, reconoce a Maduro. Guaidó ha pedido $1200 millones de dólares en ayuda de emergencia de distintas fuentes, pero reconoce que un acuerdo político interno es indispensable para que el dinero se desembolse adecuadamente . Sin embargo, hay resistencia en los círculos de oposición para llegar a cualquier tipo de acuerdo mientras Maduro permanezca en el poder, con el argumento de que la ayuda sería malversada y no llegaría a los beneficiarios previstos .

Los últimos movimientos de Washington solo han reforzado esta posición, y un cambio de opinión por parte del aliado externo más importante de la oposición parece poco probable. Organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, han indicado su voluntad de formar un grupo interdisciplinario de especialistas que podría coordinar la respuesta al COVID-19 en colaboración con los paneles ya formados por el gobierno y la oposición y con los proveedores de ayuda multilateral. En caso de lograr un acuerdo, sería necesaria la supervisión y asistencia práctica de la ONU en el terreno para disipar temores de que se desvíe la ayuda .

B.Cooperación entre Colombia y Venezuela

Un entendimiento entre Venezuela y Colombia sería vital para desbloquear el estancamiento entre el gobierno y la oposición en Caracas, así como para sentar las bases para abordar los riesgos de salud compartidos por estos países. Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez han pedido reiteradamente a Colombia que se involucre en un enfoque conjunto hacia la crisis. Pero se quejan de que nadie contesta el teléfono, y no hay dudas sobre la desconfianza que despiertan las palabras del líder venezolano en Bogotá .

No obstante, se han logrado algunos avances en cooperación bilateral ante la emergencia. Bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y su filial regional, la Organización Panamericana de la Salud, los ministros de salud de Colombia y Venezuela participaron en una teleconferencia el 16 de marzo para compartir información epidemiológica . La intención de ambos gobiernos es mantener un contacto permanente, con miras a medidas adicionales no especificadas para controlar el virus y monitorear las condiciones de salud a lo largo de la frontera. Además, los defensores del pueblo colombianos y venezolanos (agencias estatales independientes encargadas de proteger los derechos civiles y humanos en cada país) publicaron una declaración conjunta comprometiéndose a promover el acceso a servicios de salud, independientemente de dónde se encuentren los civiles, y a activar un canal de comunicación. La declaración hizo un llamado a “los conciudadanos para unirse como pueblos hermanos al hacer frente a este desafío y a cuidarse mutuamente para superar esta contingencia sanitaria” .

Aparte de la inminente crisis de salud, ambos países también deben acordar medidas para contener la xenofobia hacia los migrantes venezolanos en Colombia y controlar sus posibles efectos sobre las tensiones bilaterales. Encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los colombianos estaban alarmados por la inmigración venezolana incluso antes de la pandemia, aunque hasta ahora ha habido pocos incidentes graves de violencia contra los migrantes .

Aun así, en un número creciente de municipios colombianos, tanto cerca como lejos de la frontera, se están presentando niveles crecientes de resentimiento contra los migrantes. Pamplona fue el primer municipio de Colombia en prohibir la entrada de migrantes indocumentados como medida para evitar el coronavirus, aunque a principios de abril las autoridades no habían revelado ningún caso de migrantes venezolanos infectados . El gobierno nacional tuvo que intervenir para buscar un refugio alterno para los venezolanos que llegaron a Pamplona después de una caminata de dos días desde la frontera. En Soacha, un municipio empobrecido al sur de Bogotá, se informó que docenas de venezolanos han desaparecido en los últimos meses, posiblemente a manos de pandillas armadas practicando “limpieza social” o intentando reducir la competencia por oportunidades limitadas de empleo . Grupos comunitarios en Soacha que anteriormente acogieron y defendieron a los venezolanos ahora dicen que los servicios de salud no pueden satisfacer sus necesidades en medio de la crisis .

Estos sentimientos no se comparten en todas partes. Un médico en La Guajira explicó que sus colegas estaban más preocupados por el riesgo viral presentado por mochileros europeos en las playas del norte que por los venezolanos que llegaban a los hospitales locales . Pero la percepción sobre los migrantes y refugiados venezolanos en las zonas fronterizas podría cambiar rápidamente si se incrementa el número de contagiados de coronavirus en esta población.

VII.Conclusión

La pandemia del coronavirus llega en un momento excepcionalmente delicado para Colombia y Venezuela después de que sus gobiernos se dieran la espalda durante la disputa política de 2019 en Caracas. Los peligros para la salud pública y la parálisis de la actividad económica inevitablemente se sentirán en ambos países en las próximas semanas, exponiendo a las poblaciones pobres, tanto urbanas como rurales a un inmenso estrés. Los migrantes y refugiados venezolanos, que tienen la menor protección de todos y a menudo no pueden ponerse en cuarentena, corren un riesgo particular de contraer la enfermedad, perder sus medios de subsistencia y ser estigmatizados. Mientras tanto, grupos armados podrían aprovechar la oportunidad para extender su dominio sobre áreas fronterizas a través del control de los cruces ilegales.

Dos conjuntos de acuerdos humanitarios serán esenciales para evitar que la propagación del virus se convierta en una amenaza aún mayor. Dentro de Venezuela, las partes en disputa política deberían hacer una pausa para permitir un aumento considerable de flujos de ayuda al país, posiblemente a través de la creación de un grupo especializado de expertos humanitarios respaldado por la ONU. Por su parte, Venezuela y Colombia deberían poner un alto a sus diferencias políticas y construir canales de comunicación para garantizar que puedan manejar eficazmente los brotes de la enfermedad y los riesgos de seguridad que se extienden en sus fronteras. Es probable que ni Bogotá ni Caracas cambien sus respectivas posiciones políticas. Pero dado que ninguno de los gobiernos desea ver un deterioro abrupto en la salud y el bienestar de sus habitantes, sería prudente dejar de lado, aunque solo sea temporalmente, las causas de su distanciamiento.

Fuente Oficial: Crisis Group