(Caracas, 14.07.2020. Provea). Provea presentó la 31ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, correspondiente al período enero-diciembre de 2019, en el que se registran los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas para la realización de 14 derechos humanos en nuestro país.

2018 estuvo signado por las secuelas de la derrota de la Rebelión Popular de 2017. En abril de 2018, en el marco de su primer aniversario, Provea divulgó el documento “Reflexiones sobre la Rebelión Popular de abril de 2017” para estimular el debate en el seno de las organizaciones sociales. En primer lugar se reconoció que la Rebelión Popular de abril-julio 2017 había sido derrotada por la dictadura, un resultado adverso que generaría una serie de consecuencias para los esfuerzos que promueven el regreso de la democracia. Para frenar la indignación de las multitudes, el gobierno sacrificó el último elemento simbólico positivo que le quedaba de los días de Hugo Chávez: la Constitución de 1999, mediante la imposición fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Esta decisión aceleró las disensiones internas en el universo bolivariano y ayudó a la conformación de un sector que bajo diferentes denominaciones (chavismo crítico, originario o disidente) se sumó en grados variables a la confrontación del autoritarismo.

El final abrupto de las movilizaciones de calle otorgó al gobierno una estabilidad que fue calificada por Provea como “precaria”, siendo el siguiente hito de la confrontación un escenario diferente: la realización de elecciones presidenciales en 2018, sin garantías democráticas y con la posibilidad de una alta abstención. Sin embargo, Maduro demostró que estaba dispuesto a reprimir hasta donde fuera necesario para preservar el poder, teniendo para ello el respaldo de las élites de las fuerzas armadas del país.

La crisis económica ha provocado a su vez una profunda crisis en derechos humanos, configurando una emergencia humanitaria compleja (EHC). La EHC es una situación en la que la causa de la crisis no es una catástrofe natural o un conflicto bélico, sino decisiones políticas que comprometieron gravemente la capacidad de la autoridad para proporcionar servicios y protección vital a la población.

Diferentes ONG venezolanas, desde 2014, habíamos alertado a los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre el deterioro de la infraestructura hospitalaria y el agravamiento de la escasez de insumos hospitalarios y medicamentos en el país. Asimismo, sobre la dificultad en el acceso a los alimentos debido al retroceso de la capacidad adquisitiva del salario de los venezolanos, sumado al progresivo proceso de hiperinflación.

El prólogo de este Informe Anual fue escrito por Jimena Reyes, Directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).

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