(Caracas, 08.02.2024. Espacio Público). Luego de un segundo año en cuarentena, tras la declaración de emergencia por la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, la opacidad informativa y las posibles represalias por la difusión de información generaron un clima de inhibición en medios de comunicación y periodistas. Las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias luego de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales.
Impedimentos de cobertura y difusión
Las intimidaciones fueron las incidencias más recurrentes, comprendieron 161 (34%) del total de violaciones registradas. Los/as periodistas y reporteros/as fueron quienes más se vieron afectados por esta situación, constituyeron el 70% de las víctimas de intimidación. Los impedimentos de cobertura a equipos reporteriles por parte de funcionarios públicos y efectivos de seguridad fueron una constante y se ubicaron nuevamente como las restricciones más frecuentes. La mayoría de estas situaciones se suscitaron en medio de la cobertura de protestas ciudadanas, estaciones de servicio[5] y centros de salud.
En el 2021, al menos 35 personas fueron detenidas por buscar, recibir o difundir información, lo cual representa una disminución en el número de detenciones del 68%, con relación al 2020[9]. Del total de personas detenidas, periodistas (37%), particulares (25%) y miembros de ONG (17%), fueron los más afectados.
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