(Caracas, 04.02.2022. Acceso a la Justicia). 2021 quedará inscrito en los libros de historia, en especial en aquellos relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, pues ese fue el año en que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación para esclarecer la verdad sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde al menos 2014. Una decisión que no solo supone un aliento para las víctimas de dichas violaciones a los derechos humanos, sino que parece corroborar que desde el organismo con sede en La Haya (Países Bajos) consideran que la justicia nacional es incapaz o no tiene interés real en investigar dichos hechos.
A esto hace referencia el informe anual 2021 de Acceso a la Justicia, titulado La CPI decreta el fin de la simulación de justicia en Venezuela, en el cual se denuncia que el Gobierno, el Ministerio Público (MP), la Asamblea Nacional (AN) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se orquestaron a fin de mostrar que estaban tomando medidas para castigar casos de violaciones a los derechos humanos.
En el reporte se considera que las autoridades pusieron en marcha cuatro maniobras para impedir la actuación de la Fiscalía de la CPI. La primera responde a los sorprendentes giros y rectificaciones que el fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, realizó en los casos del exconcejal Fernando Alban, del estudiante Juan Pablo Pernalete y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
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