(Caracas, 21.01.2021. Espacio Público). En Venezuela no existen políticas efectivas para garantizar el derecho, el 40% de las solicitudes de información pública no fueron recibidas; además las autoridades y funcionarios/as tienden a negar la información de manera injustificada. La nueva ley de transparencia formalizó la opacidad al exigir motivos específicos para las peticiones, lo que contraría estándares internacionales de protección para el acceso a la información.
En 2021 realizamos 105 peticiones de información: 61 fueron recibidas en físico, seis en línea, mientras que 38 no fueron aceptadas por motivos injustificados que violentan el derecho.
En el contexto de la pandemia por la Covid-19, en Venezuela persiste el déficit en la prestación de servicios públicos básicos como el acceso a la electricidad, el agua potable, aseo urbano, y otros sectores como el servicio de telecomunicaciones, los derivados del petróleo, gestión de las ciudades, políticas monetarias, de salud, etc. responsabilidad del Estado o de entes gubernamentales.
El Estado venezolano mantiene una política sistemática que obstaculiza el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, entre los motivos destacan:
- La falta de personal para recibir la solicitud de información
- Instituciones cerradas en semanas radicales o flexibles.
- Práctica constante de no recibir ninguna petición por parte de la organización.
- Solicitud de formalismos innecesarios: cambio del responsable del cargo, documento sin el sello de la organización, firmas ilegibles, la firma de una sola persona como representante de la organización o comunidad.
- Las preguntas realizadas deben tener la motivación explícita para ser recibidas, se exige explicar el porqué y para qué se requiere la información pública.
- Los organismos argumentan que no poseen la información solicitada, a pesar de tratarse de los organismos responsables.
- El traslado de la sede, en desarrollo o ejecutado; en algunos casos no ofrecen información de la nueva ubicación.
Una acción adicional para solicitar el acceso a la información pública es a través de las insistencias, un recurso administrativo de reconsideración que se traduce en volver a entregar ante el/la funcionario/a las preguntas hechas en las solicitudes, cuando omiten dar respuesta en el plazo establecido por la ley. En este sentido, se entregaron 29 insistencias de las 61 solicitudes recibidas, y dos fueron rechazadas.
