(Caracas, 18.12.2021. Consorven). Desde sus inicios, CONSORVEN y FUNVAPE se han dado a la tarea de convertirse en organizaciones veedoras del cumplimiento de tales derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, en tanto promueve una cultura inclusiva y monitorea situaciones cotidianas que involucren a personas con discapacidad y en las cuales pueda evidenciarse la presencia de alguna violación a los derechos humanos, bien sea por omisión o falta de acción por parte del Estado. Esto en el marco de una Venezuela que ha entrado en una fuerte recesión económica y crisis política desde alrededor del año 2013, lo que desembocó en un panorama de Emergencia Humanitaria Compleja
a partir de 2016 que trajo como consecuencia la necesidad aún más imperiosa de hacerse veedor de derechos humanos.
Desde 2018, la vida en Venezuela ha estado caracterizada por una Emergencia Humanitaria Compleja; esto en función de una profunda crisis económica que se remonta a 2013, y cuya resolución concreta se desvanece en el horizonte. Es posible reflejar tal crisis en fuertes periodos de hiperinflación situados, para 2019, en una tasa de 9.585% (Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, 2020, citando al Banco Central de Venezuela, BCV, 2019), y en una contracción del ingreso nacional bruto per cápita del 15%, entre los años 2017 y 2018 (CEPAL, 2020, citando al BCV, 2019). También, es visible una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que ronda el 62,2% desde 2013 hasta 2019 (CEPAL, 2019, sobre la base de conteos del BCV). Incluso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene, estimativamente, que el PIB negativo se mantuvo en 2020, alcanzando menos 30 puntos porcentuales, y menos de 10 puntos en 2021.
Adicionalmente, CONSORVEN y FUNVAPE ha dispuesto un mecanismo de monitoreo y sistematización de datos en torno a casos de violaciones a derechos humanos de personas con discapacidad (180 en total), que incluye información relativa a datos de la persona y todo el proceso jurídico que le acompaña. Este proceso de sistematización ha dado como resultado una base de datos que refleja todos los casos atendidos y acompañados en 2020, cuyo resumen informativo será presentado en el apartado relativo al derecho al acceso a la justicia en Venezuela. Esto se acompaña con una base de datos que incluye la sistematización de todo un proceso de monitoreo exhaustivo de los principales medios de comunicación digitales del país y de las tendencias nacionales de las redes sociales, en torno a la información circulante que refiere a personas con discapacidad, donde se sistematizaron temas de derechos humanos y de comunicación de carácter inclusivo, asunto que será detallado en el cuerpo del Informe.
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