(Caracas, 27.02.2020. Amnistía Internacional). La desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continuaron siendo una realidad habitual en toda la región de las Américas, lo que para miles de personas se traducía en violaciones de derechos humanos cotidianas. A lo largo del año varios países de la región se vieron sacudidos por manifestaciones multitudinarias, al tomar la gente las calles para exigir rendición de cuentas y que se respetaran sus derechos humanos. Salvo escasas excepciones, la mayoría de los gobiernos respondieron a estas protestas con represión y haciendo uso excesivo de la fuerza, en un intento de silenciar las reivindicaciones de mayor justicia social.
Durante el 2019, Venezuela seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia. La crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el poder ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el poder legislativo, liderado por Juan Guaidó. Las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión.
Las autoridades se negaron a reconocer la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria y del deterioro de las condiciones de vida. La población sufrió severas situaciones de escasez de alimentos, medicinas, suministros médicos, agua y electricidad. Al concluir el 2019, la cifra total de personas que habían abandonado el país en busca de protección internacional había alcanzado los 4,8 millones.
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