(Caracas, 03.04.2019. OVP). Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), durante la presentación de su informe Anual 2018: “Estar preso en Venezuela es una condena de muerte”, indicó que 291 muertos y 331 fue el saldo de la violencia desatada en los recintos penitenciarios en Venezuela durante el año 2018, teniendo un 103% en la cifra de fallecidos y 175% en las de heridos en comparación con el año 2017.

En la presentación del informe, se dio a conocer también que los calabozos policiales del territorio nacional sobreviven un total de 5.171 reclusos, siendo Polisucre el mayor hacinamiento con 1.088 presos. El director del OVP manifestó que en Venezuela hay un 125% de hacinamiento crítico, pues los penales tienen capacidad para 20.766 personas, lo que representa un excedente de 26.009 reclusos.

Humberto Prado, también precisó que con respecto la crisis de salud en los recintos del país, este derecho se ve vulnerado, ya que no existe atención médica y en la mayoría de los centros de reclusión no se cuenta con el personal no con los equipos e insumos para atender las emergencias.

En el año 2018 se registraron tres casos que conmocionaron a la población nacional, siendo estos totalmente evitables con las recomendaciones emitidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones y que en todo momento han sido ignoradas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.    El primero al que se refirió Prado fue a los asesinatos en la cárcel de Valencia, donde el miércoles 28 de marzo fallecieron 67 presos y 2 visitantes durante un motín y posterior incendio dentro de los calabozos.

“La incertidumbre en que se mantuvo a los familiares y la agresión que sufrieron al tratar de ser retirados del lugar, mediante el empleo de gases lacrimógenos, constituye otro incumplimiento de compromisos normativos de acuerdo con el Código Orgánico Penitenciario y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, refiere el Informe Anual 2018.

El segundo caso fue el motín en el Centro Penitenciario Fénix-Lara, donde el 16 de mayo se reportaron un total de 11 muertos y 28 heridos durante un motín entre presos y custodios, cuyas causas aún no han sido esclarecidas. Entre las razones se mencionan maltratos, falta de alimentos y fallas en el último Plan Cayapa.

Mientras que el tercer caso que causó gran consternación fue la fuga de 242 detenidos en los calabozos de la Policía de Aragua. Al parecer, este grupo de reos sería trasladado a Tocorón, penal en el que nunca se registró su ingreso. La situación fue finalmente descubierta cuando familiares de tres de los reclusos denunciaron que estos fueron localizados muertos en la vía pública.

Finalmente, en el informe se denunció la insuficiencia de personal de seguridad y custodia con credenciales académicas, la mala clasificación entre procesados y sentenciados, las malas condiciones materiales y de higiene en las instalaciones, las deficiencias en los programas de vinculación en el exterior, entre otros.

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