(México, 21.09.2020. Amnistía Internacional). Desde marzo, muchos países de las Américas han declarado el estado de excepción y han impuesto cuarentenas y/o toques de queda con el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19.

En torno a esas fechas, Amnistía Internacional comenzó a recibir indicios preocupantes de que los gobiernos estaban adoptando tácticas represivas para hacer cumplir medidas de salud pública relacionadas con la pandemia.

Para mediados de mayo, los equipos de investigación de Amnistía Internacional y el Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis habían verificado más de 60 vídeos que mostraban el uso de la detención como primer recurso en lugar de como último; el uso excesivo e innecesario de la fuerza en la aplicación de los confinamientos por la COVID-19 y en la actuación policial en protestas por la falta de alimentos y otros productos de primera necesidad; y la imposición de cuarentenas estatales obligatorias en condiciones inhumanas. Todos los vídeos parecían indicar que quienes viven en pobreza, las personas sin hogar y la población refugiada y migrante tenían más probabilidades de sufrir estas medidas punitivas.2

Este informe se enfoca específicamente en las cuarentenas obligatorias en centros estatales en tres países —Venezuela, El Salvador y Paraguay— y examina si cumplen con las normas internacionales de derechos humanos y cuentan con salvaguardias suficientes frente a la detención arbitraria.

En al menos dos de los países incluidos en este informe, Amnistía Internacional ha documentado, desde hace tiempo, la aplicación de políticas públicas represivas y, en la realización de esta investigación, concluyó que estas políticas habían calado en sus respuestas en materia de salud pública.

En Venezuela, por ejemplo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha instaurado una política sistemática y generalizada de represión desde al menos 2017 —que incluye ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones causadas por el uso excesivo de la fuerza— que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.3 Además, desde al menos 2018, las violaciones graves del derecho a la salud, además de las dificultades para acceder a alimentos y otros servicios básicos, han puesto en peligro la vida de miles de personas y desembocado en la segunda mayor población refugiada del mundo.4 Según el Programa Mundial de Alimentos, la prevalencia de la subalimentación ha aumentado del 2,5 por ciento entre 2010 y 2012 a 31,4 por ciento entre 2017 y 2019.

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