(Caracas, 25.01.2021. Amnistía Internacional). El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ha llevado esperanza a una región que es la más desigual del mundo y que se ha sido golpeada duramente por la pandemia. La mayoría de los países de la región entraron en confinamiento con decretos de emergencia a mediados de marzo de 2020 y, un año después, continúan lidiando con tasas de infección que siguen siendo altas. En este informe se indican medidas esenciales que deben adoptarse para orientar la vacunación en América Latina y el Caribe. Estas recomendaciones están basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, que es vinculante para los Estados. Muchas de las recomendaciones pueden aplicarse de inmediato.
Sin embargo, nada más iniciarse las campañas de vacunación, han empezado a aparecer ya señales de alarma: las empresas farmacéuticas, si bien suministran vacunas que salvan vidas, han menoscabado también la transparencia en las negociaciones sobre precios y contratos con los países de la región, lo que podría afectar al acceso universal a las vacunas; las autoridades de varios países no han tenido en cuenta a los grupos que están expuestos a un riesgo mayor en la pandemia o que son históricamente objeto de discriminación, e igualmente importante, las autoridades públicas han utilizado las vacunas para obtener réditos políticos o personales, haciendo caso omiso de los criterios de base científica para la asignación de las vacunas, generando indignación y confusión en algunos países y contraviniendo, además, los estándares de derechos humanos.
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