(Caracas, 29.03.2022. Amnistía Internacional). En 2021 se sentaron las bases de una mayor aceptación de ideologías y políticas racistas que obligaban a millones de personas a luchar por la supervivencia.

El año 2021 trajo esperanza y promesas: la esperanza de cada persona en que las vacunas pusieran fin a los estragos causados por la pandemia de COVID-19, y las promesas “reconstruir mejor” de gobiernos y grupos como el G7 y el G20. Pero tales promesas resultaron casi siempre vanas; algunos gobiernos incluso redoblaron su explotación de la pandemia para afianzar sus posiciones.

El panorama era desigual en cuanto a los programas de vacunación nacional. Algunos servicios nacionales de salud aplicaron con éxito sus programas de vacunación gracias a un enfoque científico, campañas de información y la dedicación del personal sanitario. Sin embargo, los de otros gobiernos se caracterizaron por la falta de transparencia y consulta o se vieron lastrados por la corrupción. Hubo gobiernos que relegaron o excluyeron activamente a muchos de quienes se hallaban en situación de especial vulnerabilidad, como las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas, las comunidades rurales e indígenas, la población reclusa, las personas sin hogar o sin documentos, y otros grupos perjudicados por una discriminación histórica.

En lugar de proporcionar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor forma de afrontar los retos de 2021, la tendencia de los gobiernos siguió siendo reprimir las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Las personas defensoras de los derechos humanos y críticas con las autoridades siguieron alzando la voz sin dejarse amedrentar por los ataques llevados a cabo por gobiernos y poderosas empresas mediante toda una panoplia de instrumentos; entre ellos, detención arbitraria y enjuiciamiento injusto, demandas intimidatorias e infundadas, restricciones administrativas y otras amenazas, así como actos violentos como la desaparición forzada y la tortura.

Frente a las protestas, los gobiernos mostraron en 2021 una tendencia creciente a incrementar las medidas de seguridad en el espacio de la sociedad civil, criminalizar las reuniones pacíficas, militarizar sus fuerzas policiales, utilizar atribuciones de seguridad nacional contra movimientos de protesta e introducir normas dirigidas a reprimir manifestaciones. Las fuerzas de seguridad emplearon mano dura para responder a las protestas: Amnistía Internacional documentó el uso de fuerza innecesaria o excesiva contra manifestantes en al menos 85 países de todas las regiones, entre los 154 analizados.

El derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión se vio amenazado en varios países de la región. En Brasil, Canadá, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela se intimidaba, hostigaba, amenazaba, censuraba, criminalizaba o privaba de acceso a la información pública a quienes ejercían el periodismo y a quienes criticaban al gobierno. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en favor de 34 miembros del personal del periódico digital salvadoreño El Faro que habían sido objeto de hostigamiento, amenazas e intimidación.

En Venezuela se prohibieron varias retransmisiones de medios de comunicación y se multó a uno de los principales periódicos por difamar a un alto cargo gubernamental. Una ONG local denunció más de 290 ataques contra periodistas.

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