La situación de los Derechos humanos en el Estado Lara durante todo el año 2014 periodo que consta el presente informe, registra una serie de irregularidades que iremos describiendo.

Las situaciones que se han registrado en el estado van desde viviendas y residencias asediadas de forma indiscriminada, hasta torturas y sometimientos a tratos inhumanos crueles y degradantes a civiles aprehendidos y sometidos a la autoridad del estado, reportando así un ensañamiento contra la población civil por parte de organismos de seguridad del estado: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ejercito Bolivariano de Venezuela (EBV), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía Regional de Estado Lara (POLILARA), Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y grupos de civiles armados no identificados (colectivos paramilitares) los cuales serán citados por sus siglas a partir de este momento.

Los casos acá presentados han sido confirmados por nuestra organización bien sea de manera directa con el denunciante, sus familiares y respaldados con testimonios presenciales y reportes de prensa de la región de los cuales se resguardan en físico para el soporte de la información acá recabada de ser necesario.

La divulgación de la información presentada en este informe puede ser difundida siempre que sea en beneficio de la defensa y promoción de los derechos humanos citando a nuestra organización como referente en la elaboración del mismo.

Así mismo se citan algunos informes presentados y elaborados por diferentes Organizaciones No Gubernamentales que hacen vida en Venezuela y el mundo, las cuales han prestado particular interés en presentar casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos a los que ha sido sometida la población civil venezolana en el 2014.En los últimos seis años ha aumentado sistemáticamente las protestas públicas de calle en todo el país. Trabajadores, vecinos y usuarios de servicios públicos salen a manifestar a las calles su malestar por el vencimiento o el incumplimiento de contratos colectivos, el desborde de la inseguridad pública, la carencia de agua o del servicio de recolección de basura. Un promedio de 12 protestas diarias en distintas partes del país, ubicó en cerca de 4.000 las manifestaciones de calle efectuadas en Venezuela en el año 2012 cifras que aumentaron en el 2013 y se multiplicaron en el finalizado 2014.

La ausencia de respuestas efectivas a esas múltiples problemáticas por parte de entes del Estado y de canales institucionales que procesen adecuadamente tales demandas de la población y les ofrezcan opciones de resolución a la población, contribuye a incrementar las manifestaciones de los ciudadanos fundamentalmente pacíficas.

Ante esa tendencia el Estado venezolano ha implementado medidas legales, judiciales, militares y administrativas destinadas a limitar, coartar o impedir tales protestas.

Actualmente más de 3.000 personas deben presentarse periódicamente en los tribunales debido a medidas dictadas por la Fiscalía y jueces por manifestar públicamente; asimismo, se dictan nuevas leyes para reprimir el ejercicio del derecho constitucional a la manifestación y expresión pública, como la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo o el Decreto de creación del CESSPA.

El 04 de febrero de 2014, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), en la ciudad de San Cristóbal, llevo a cabo una protesta donde denunciaban el abuso sexual contra una compañera. Situación a la que el gobierno nacional respondió con la detención de 2 estudiantes Junior Sanabria Casanova (3er semestre Biología y Química, ULA) y Anthony Yordenis Omaña, (Agronomía en la UNET) lo que desencadeno un movimiento de protesta a nivel nacional que por su extensión, duración y características tenía novedades respecto a la cultura de protesta en el país. (Colocar link de la prensa nacional)

Lamentablemente, la respuesta represiva del Estado, que había comenzado a expresarse en abril de 2013 contra numerosos manifestantes, sumó también nuevos patrones de violación a los derechos humanos. Es por ello la realización de este informe donde intentamos reflejar los casos registrados y comprobados por el equipo de FUNPAZ.

Es así como el 07 de Febrero de 2014 son detenidos luego de intensas protestas en la misma ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira los estudiantes Leonardo Manrique (2do año de derecho, UCAT), Reinaldo Manrique (Contaduría, ULA) y Jesús Gómez. Los cuales en un acto casi publicitario por parte de las autoridades, fueron vestidos con uniformes de color anaranjado y trasladados por vía aérea a la ciudad de Coro en el Estado Falcón, lo que genero a nivel nacional lo que consideramos fue el detonante para un descontento en toda la sociedad civil venezolana convocándose así a grandes marchas en todo el país el 12 de febrero fecha en la que se conmemora el día de la juventud en Venezuela.

La Organización No Gubernamental provea publicó en su informe de la fecha el testimonio de uno de los detenidos el cual consideramos de interés conocer:

Leonardo Manrique,

“Alrededor de las 7 y 30 de la noche nos aborda una comisión mixta del Sebin, el CICPC y la GNB y la Policía del estado Táchira diciendo que debíamos ir al Sebin a que nos hicieran unas experticias, que no estábamos detenidos. Nosotros aceptamos. Cuando llegamos nos hacen pasar a un cuarto, nos toman las fotos como delincuentes. Hacen un allanamiento en casa de Jesús Gómez y como a las 11 nos dicen que estábamos detenidos. A la 1 de la mañana nos trasladan al Core 1, sede de la GNB. A las 3 de la tarde nos presentan al tribunal y era evidente que ya estaba decidido lo que nos iban a hacer. Es en ese momento en que nos informan de qué delitos estábamos acusados. Cuando nos dan la privativa de libertad nos trasladan en un helicóptero al aeropuerto de Santo Domingo y nos trasladan en un jet del Sebin a la cárcel de Coro. Allá nos recibe una comisión de 70 funcionarios del Sebin, y se da la irregularidad que a pesar que en esa cárcel se recluyen penados, y no procesados, la propia ministra de cárceles nos da la bienvenida al llamado “cebollal”, que es como le dicen a la celda de castigo. Esa noche nos cortaron el cabello y nos desnudaron. Allí duramos 24 horas. Después no sacan a una celda de funcionarios, incomunicados y sin saber nada de nuestros familiares”.

Barquisimeto como capital del estado Lara no estaba ajena a dicha convocatoria y a pesar de las restricciones que pesan sobre algunos miembros de Funpaz donde se les prohíbe asistir a actos de concentración publica un equipo de nuestra organización acompaño la marcha de ese día la cual dejaría como lo reportaron todos los medios de comunicación del estado más de 350 detenidos y 25 heridos por arma de fuego.

Ese día la marcha fue desviada por funcionarios de la policía del estado Lara al momento de llegar a la Av. Bracamonte con Avenida Venezuela y encausada por la Avenida Lara pero perdiendo así el concepto de orden que hasta ese momento se desarrollaba, el argumento a pesar de no hacerlo público por parte de las autoridades de la policía regional es que de continuar la marcha por su causa original estaban invadiendo la denominada “Zona de Seguridad” culminando de esta manera la concentración en la entrada de la Avenida Venezuela en la zona residencial que se conoce como “El Cardenalito”.

A partir de ese día comenzaríamos el espiral de violencia y represión más intenso y largo que recuerde la historia republicana de nuestro país y nuestro Estado.

En Funpaz registramos protestas diarias y continuas desde el 12 de febrero de 2014 hasta el 24 de julio de 2014 para luego registrar protestas esporádicas hasta el 12 de septiembre de 2014 donde hasta el cierre de este informe permanecen 08 civiles detenidos de ese día teniendo como centro de reclusión los calabozos de la policía

regional de estado Lara y la Señora María Elena Uzcátegui de 56 años de edad la cual también fue detenida ese día y luego de permanecer 3 meses en los calabozos del anexo femenino del centro de reclusión David Viloria conocido como “Uribana” le fue otorgada la medida de arresto domiciliario2.

Así mismo registramos que luego de 8 meses permanecen bajo la misma figura de arresto domiciliario 5 jóvenes estudiantes 04 de los cuales viven en Barquisimeto y 01 en la vecina ciudad de Yaritagua, Estado Yaracuy los cuales fueron aprendidos por funcionarios de la GNB el 07 de mayo de 2014 en diversos sitios de la ciudad los cuales fueron presentados e imputados luego de 05 diferimientos por el Ministerio Público permaneciendo así lo que consideramos es un triste y lamentable record de privativa ilegitima de libertad. Estos estudiantes son Enmanuel Palacios, Eddie Peña, Alexis Torres, Juan Daniel Leo y Douglas Medina3.

En el año 2014 la actuación del Estado Venezolano para restituir el orden público se ha caracterizado por un uso desproporcional de la fuerza empleando armas de fuego, bombas lacrimógenas en uso excesivo lanzándolas incluso dentro de residencias y maltrato a las personas que son detenidas.

Comprendemos el deber del Estado de actuar ante hechos de violencia, sin embargo, existen normas internacionales y nacionales que establecen cómo se debe proceder sin generar violaciones a los derechos humanos. En el pasado como en el presente se ejecutan medidas contrarias a un control democrático y constitucional del orden público.

Instamos al Gobierno Nacional a cumplir con todas las recomendaciones observadas por el Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas presentadas en noviembre de 2014 en la ciudad de Ginebra, Suiza y que fueron realizadas en base a los diferentes informes presentados por diversas ONG incluyendo nuestra organización.

Ver aquí Informe: 2014 el Año de la Represión como Política de Estado en Venezuela, FUNPAZ 2014