( Washington, DC, 13.10.2020. Human Rights Watch). El trato de las autoridades venezolanas a aproximadamente 100.000 ciudadanos que regresan de otros países en muchos casos es abusivo y es probable que amplifique la transmisión de Covid-19 , Human Rights Watch y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins y para la Salud Humanitaria, dijo hoy. Los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos que se reunirán en línea la semana del 19 de octubre de 2020, como parte del Proceso de Quito, deben abordar urgentemente la situación de los retornados.

Decenas de miles de venezolanos, la mayoría de los cuales vivían en otros países latinoamericanos, están regresando a Venezuela debido a la pandemia de Covid-19 y su impacto económico. Human Rights Watch y los centros Johns Hopkins encontraron centros de cuarentena superpoblados e insalubres para las personas que regresaban, con poco acceso a alimentos, agua o atención médica. Algunos que protestaron por las condiciones fueron amenazados con arrestarlos. Y debido a los retrasos en las pruebas de Covid-19 y un protocolo de prueba innecesariamente elaborado, muchas personas han estado en cuarentena durante semanas más de los 14 días que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Enviar a los repatriados a centros de cuarentena hacinados e insalubres, donde el distanciamiento social es imposible, es una receta para propagar el Covid-19», dijo la Dra. Kathleen Page, médica y miembro de la facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y los centros Johns Hopkins. . «Exigirles que permanezcan allí más tiempo que los 14 días estándar solo aumenta el riesgo de que se infecten, ya que no tienen ningún propósito razonable de salud pública».

Desde 2014, más de 5 millonesLos venezolanos han abandonado su país, huyendo de una continua crisis de derechos humanos, humanitaria, política y económica. Pero los bloqueos relacionados con Covid-19 en otros países latinoamericanos dejaron a muchos venezolanos que habían estado trabajando en economías informales sin poder pagar comida y alquiler. Desde que comenzó la pandemia, aproximadamente 130.000 venezolanos han realizado un arduo viaje a casa, según estimaciones de funcionarios venezolanos y agencias de ayuda.

Los gobiernos latinoamericanos crearon el Proceso de Quito en 2018 para trazar una respuesta común al éxodo venezolano. En su reunión de octubre, los países miembros deben comprometerse a proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios y considerar la adopción de un régimen regional de protección temporal para otorgar a los venezolanos en sus territorios un estatus legal por un período de tiempo. Los funcionarios también deben cooperar para proteger los derechos de los repatriados y presionar a las autoridades venezolanas para que pongan fin a las condiciones de cuarentena abusivas y consideren alternativas, como la cuarentena domiciliaria, cuando sea posible.

El 11 de junio, Nicolás Maduro dijo que su gobierno “ seguirá recibiendo a todos los venezolanos que regresan con amor. » Sin embargo, el gobierno ha estigmatizado repetidamente a los repatriados, acusándolos de llevar el virus a Venezuela.

De junio a septiembre, Human Rights Watch entrevistó a 76 personas, incluidos 23 repatriados, 10 mujeres y 13 hombres, de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Estados Unidos, así como a periodistas, trabajadores humanitarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y residentes de las zonas a las que llegan los repatriados. Human Rights Watch analizó información proporcionada por grupos internacionales y venezolanos, declaraciones en video de funcionarios gubernamentales y protocolos emitidos por el Ministerio de Salud de Venezuela. Un investigador de los centros Johns Hopkins participó en algunas entrevistas y revisó documentos del Ministerio de Salud.

Al 12 de octubre, Venezuela había confirmado 83,137 casos y 697 muertes.debido a Covid-19. Lo más probable es que el número real sea mucho mayor .

Las personas que entran en Venezuela están obligados a estancia en los centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Integral Social , o PASI. Los retornados entrevistados se alojaron en un total de 26 centros. Diecinueve eran centros de acogida primarios en los estados fronterizos de Táchira, Apure y Bolívar. El resto estaban en el Distrito Capital (ciudad de Caracas) y los estados de Aragua, Falcón, Guárico, Vargas y Zulia.

Si bien las condiciones en los centros varían, la mayoría de los repatriados entrevistados los describieron como severamente superpoblados, con muchas personas compartiendo una sola habitación. Muchos también describieron condiciones insalubres, incluida la falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua y de suministros básicos necesarios para la higiene, como jabón. Dijeron que tenían serias dificultades para obtener atención médica y alimentos, incluida fórmula y agua potable para bebés.

El gobierno venezolano tiene el deber de cuidar a las personas en los centros de cuarentena y está obligado a satisfacer sus necesidades básicas, incluida la alimentación adecuada, agua potable, acceso a saneamiento, materiales para garantizar una buena higiene y atención médica. Las condiciones descritas por los repatriados en algunos centros distan mucho de satisfacer sus necesidades básicas y, en algunos casos, pueden ser lo suficientemente graves como para constituir un trato degradante prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos.

Es probable que las condiciones descritas por los repatriados contribuyan a la propagación del virus, dijeron Human Rights Watch y los centros John Hopkins. El hacinamiento imposibilita el distanciamiento social y aumenta el riesgo de transmisión del coronavirus. En algunos casos, las personas que ingresaron a los centros en diferentes momentos o se encontraban en diversas etapas de la prueba no se aislaron entre sí. En los hoteles utilizados como centros PASI, las personas en cuarentena a veces compartían espacios comunes con los huéspedes del hotel que no usaban mascarillas.

Exigir a las personas que permanezcan más de 14 días únicamente para esperar los resultados de las pruebas es innecesario desde el punto de vista de la salud pública y es incompatible con las directrices de la OMS, y da lugar a detenciones arbitrarias.

Los trabajadores humanitarios informaron de mejores condiciones en algunos centros PASI que en otros. No se aplica ninguna norma común oficial a todos los centros. Funcionarios estatales o fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana, operan los centros, y las condiciones, junto con el acceso de los trabajadores humanitarios, varían mucho, dependiendo en gran medida de quién está a cargo.

Las organizaciones humanitarias locales e internacionales están ayudando a los repatriados y tratando de mejorar las condiciones en los centros PASI con fondos de la cooperación internacional, y representantes de algunos de estos grupos dijeron a Human Rights Watch que su acceso ha mejorado en las últimas semanas. Sin embargo, su capacidad y alcance en todos los centros PASI es limitado, por lo que muchos repatriados en los centros PASI no recibirán servicios adecuados para satisfacer sus necesidades básicas, dijo Human Rights Watch.

El 10 de julio, Human Rights Watch solicitó información a las autoridades venezolanas sobre las políticas que abordan la hostilidad oficial y las malas condiciones para los repatriados. No han respondido.   

“Los venezolanos que regresan enfrentan un mayor riesgo de Covid-19 en ambos lados de la frontera”, dijo José Miguel Vivanco , director para las Américas de Human Rights Watch. “El Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden un salvavidas a los repatriados y mejoren su propio trato a los venezolanos en medio del Covid-19. Deberían apoderarse de él «.

Para obtener información adicional sobre los hallazgos de Human Rights Watch, consulte a continuación.

Una declaración adoptada por representantes de los estados miembros del Proceso de Quito el 24 de septiembre invita a los estados miembros a “[a] ccompañar y facilitar el proceso de retorno voluntario, a través de políticas creadas e implementadas con enfoque de derechos humanos, coordinación entre los Estados miembros y cooperación con mecanismos internacionales competentes ”. Human Rights Watch recomienda que los ministros de relaciones exteriores reunidos en octubre como parte del Proceso de Quito:

  • Comprometerse a desarrollar un plan de acción para proteger los derechos de los venezolanos en sus territorios garantizando que los venezolanos, como todos los demás bajo su jurisdicción, tengan acceso a atención médica y alimentos, agua y otros elementos esenciales para una vida con dignidad
  • Adoptar una respuesta colectiva y concertada a la migración venezolana, incluso a través de un régimen de protección temporal a nivel regional que otorgue a todos los venezolanos estatus legal por un período de tiempo fijo pero renovable, al menos hasta que las autoridades competentes resuelvan sus reclamos individuales.
  • Instar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a garantizar la participación de la ONU en la formalización de un programa para brindar apoyo a los repatriados en ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela. El esfuerzo debe realizarse con la participación de expertos en salud pública, liderados por la Organización Panamericana de la Salud. Este esfuerzo debe centrarse en garantizar que las autoridades puedan obtener información precisa sobre los casos confirmados de Covid-19, que la estadía de los retornados en los centros de cuarentena siga las recomendaciones de la OMS, incluida la limitación de la estadía de pacientes asintomáticos en los centros de cuarentena a 14 días, y que las medidas de cuarentena respeten las condiciones humanas. derechos
  • Contribuir con apoyo financiero a los esfuerzos humanitarios en las zonas fronterizas donde espera un número importante de repatriados. Además de apoyar el proceso para coordinar las políticas de salud pública en ambos lados de la frontera, se debe proporcionar un mayor financiamiento a grupos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para proteger los derechos. de los venezolanos que regresan, incluso asegurando que todos los regresos sean voluntarios y que los repatriados estén plenamente informados sobre el proceso de retorno y las condiciones en sus lugares de origen
  • Trabajar con el Secretario General Guterres y su equipo humanitario, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países para presionar a las autoridades venezolanas para que permitan una respuesta humanitaria a gran escala dirigida por la ONU en Venezuela. Tal respuesta debería incluir, pero no limitarse a, abordar la situación de los repatriados. Estas autoridades también deben adoptar las medidas recomendadas en el informe de Human Rights Watch del 26 de mayo sobre la ayuda necesaria para hacer frente a la emergencia humanitaria y el Covid-19 en Venezuela, en particular para acelerar el despliegue completo del Programa Mundial de Alimentos allí.
  • Instar a las autoridades venezolanas a que permitan a los actores humanitarios y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acceso irrestricto para monitorear las condiciones en los centros de cuarentena, y pedir a las autoridades venezolanas que adopten medidas para:
    • Poner fin a las condiciones abusivas, incluido el hacinamiento y las condiciones insalubres, en los centros de cuarentena.
    • Proporcionar alimentos, agua y atención médica adecuados a las personas allí.
    • dejar de mantener a las personas asintomáticas en cuarentena durante más de 14 días sin nuevas exposiciones al virus
    • considerar la posibilidad de permitir alternativas de cuarentena eficaces, como la cuarentena domiciliaria para las personas que tienen un lugar donde pueden hacerlo de forma segura
  • Condenar públicamente el maltrato a los retornados por parte de autoridades venezolanas y grupos armados progubernamentales

El regreso a Venezuela

Muchos países de América del Sur han promulgado cierres patronales a nivel nacional que impiden efectivamente que operen sus economías informales. Como resultado, muchos venezolanos que viven en países que dependen de la economía informal ya no pueden pagar una comida y un alquiler adecuados. Muchos han perdido sus trabajos o algunos de sus ingresos. Si bien algunos de estos países han establecido programas de asistencia financiera de emergencia como el Ingreso Solidario de Colombia , el Bono de Protección Familiar por Emergencia de Ecuador y el Bono Familiar Universal de Perú , estos no siempre están disponibles para los extranjeros.

Porque muchos venezolanos carecen de un estatus legal regularen sus países anfitriones, a menudo no tienen acceso a la atención médica y otros servicios, como pruebas o atención para Covid-19. Algunos países de acogida, incluidos Perú , Ecuador y Colombia , informan que extienden los servicios de salud a los refugiados y migrantes que dan positivo o se sospecha que tienen Covid-19. Pero estos servicios a menudo no llegan a las personas en situación irregular, ya sea porque no saben que son elegibles o porque temen que la atención a las personas indocumentadas sea inadecuada.

Estas condiciones significan que miles de venezolanos, incluidos niños, ancianos, hombres y mujeres, algunos embarazadas, están regresando a su país de origen, muchos de la forma en que una vez huyeron., a pie. Al regresar de países como Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, pueden caminar durante semanas a través del calor, el frío y la lluvia, llevando todas sus pertenencias en maletas. Algunos tienen poco o ningún acceso a refugio en el camino. Los retornados dijeron a Human Rights Watch que dormían al costado de la carretera, se bañaban en ríos y dependían de alimentos baratos, como arroz, pan y azúcar de caña integral sin refinar. Los trabajadores de organizaciones no gubernamentales en Colombia dijeron que muchos de los repatriados que encuentran en su camino a Venezuela están desnutridos y deshidratados.

Algunos retornados pueden tomar autobuses hasta la frontera. El gobierno colombiano ha subvencionado este tipo de viajes, pero siguen siendo costosos y están sujetos a retrasos.. El distanciamiento social en esos viajes suele ser inadecuado. Además de los que caminan y toman buses, cientos han regresado a Caracas, de toda Latinoamérica, en vuelos patrocinados por el gobierno de Maduro.

Una vez que los venezolanos que regresan llegan a la frontera por tierra, tienen que esperar, del lado colombiano o brasileño, sin acceso adecuado a alimentos, agua, baños o refugio, en gran parte debido a la decisión de las autoridades venezolanas de limitar las entradas al país. El 8 de junio, el gobierno de Maduro limitó la entrada diaria en los pasos fronterizos oficiales a 100 o 300 personas, según la ubicación, y en algunos cruces, solo los lunes, miércoles y viernes. Desde entonces, multitudes esperandoLos de entrada se han reunido en albergues improvisados ​​o al costado de la carretera, con poco distanciamiento social. Los retornados describieron esperar durante días, más de una semana en algunos casos, en el lado colombiano de la frontera.

Al 25 de agosto, aproximadamente 2.700 venezolanos estaban esperando para ingresar al país en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde el 80 por ciento de los venezolanos retornados que llegan por Colombia cruzan la frontera, según un funcionario del gobierno colombiano y un trabajador humanitario. Las autoridades colombianas y los trabajadores humanitarios estaban brindando apoyo, incluido refugio y exámenes médicos, a casi 1.000; el resto esperaba cerca de la frontera.

Los trabajadores humanitarios esperan que el número de venezolanos atrapados en el lado colombiano de la frontera aumente a miles a medida que las autoridades colombianas levanten las restricciones de viaje.dentro del país. Las autoridades colombianas también esperan que la futura reapertura de la economía colombiana signifique que es probable que aproximadamente 144.000 venezolanos regresen a Colombia, especialmente mientras Venezuela continúa experimentando inestabilidad económica y política. Actualmente no existe un protocolo formal para coordinar los esfuerzos para detectar o poner en cuarentena a los repatriados antes y después de cruzar la frontera.

En lugar de esperar indefinidamente en un cruce oficial, muchos recurren a ingresar a Venezuela por trochas , cruces fronterizos no oficiales donde los grupos armados con antecedentes de cometer abusos a menudo extorsionan el pago.para permitir el paso, dijeron a Human Rights Watch funcionarios humanitarios y de derechos humanos. Para el pasaje del estado colombiano de Arauca al estado de Apure en Venezuela, el “Frente Martín Villa 10”, un grupo que surgió de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), está cobrando a las personas entre 32 y 162 dólares, dijo un funcionario de derechos humanos del gobierno colombiano. dijo a Human Rights Watch.

Las autoridades venezolanas también han estigmatizado y procesado a los repatriados que utilizan cruces no oficiales, que muchos encuentran como la única opción práctica para regresar a su país debido a retrasos en los cruces oficiales. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas han llamado «trocheros», tanto a los que ingresan por trochas como a los que los ayudan a hacerlo, «bioterroristas», y el presidente Maduro ha alentado a la gente a denunciarellos de forma anónima. Al 22 de julio, las autoridades venezolanas habían llevado a 209 personas ante los fiscales y detenido a 36. Los periódicos enumeraron los cargos contra 13 de ellos como «tráfico ilegal de personas», «fomento de la guerra», «instigación a desobedecer la ley» y «propagación de la epidemia «. Las autoridades amenazaron con llevar a los detenidos al penal El Dorado, en el estado Bolívar, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del país.

Protocolos de prueba  

El gobierno ha establecido un elaborado protocolo de pruebas que requiere que los retornados se sometan a múltiples pruebas mientras se encuentran en los centros de cuarentena. En varios centros, los repatriados asintomáticos se vieron obligados a permanecer en cuarentena durante mucho más de 14 días mientras esperaban los resultados de las pruebas demoradas. Las nuevas exposiciones al virus podrían, en teoría, requerir una extensión de la cuarentena en un caso específico, pero las autoridades tienen la obligación de prevenir tales exposiciones a través de medidas de distanciamiento social e higiene.

El gobierno de Maduro emitió un protocoloel 15 de junio para quienes ingresen a Venezuela. El protocolo requiere que todos se hagan la prueba con una prueba rápida de anticuerpos. Cuando el resultado es negativo, se requiere que la persona permanezca en un centro de cuarentena PASI durante 14 días antes de partir hacia cualquier destino final en el país. Las personas con una prueba de detección rápida inicial negativa deben someterse al menos a dos pruebas más, incluida una hacia el final del tiempo de la persona en cuarentena. Cuando una tercera prueba arroja un resultado negativo, una persona puede abandonar el centro con instrucciones de ponerse en cuarentena en casa durante 14 días más.

Si la prueba rápida de anticuerpos inicial de alguien da positivo, se requiere una prueba de PCR (las pruebas más sensibles para la infección viral actual), y si da positivo, la persona debe ser transportada a un centro de salud y aislada médicamente.

En teoría, el protocolo de detección y análisis podría ayudar a identificar y tratar a los venezolanos infectados que regresan. Pero la gran mayoría de las pruebas administradas a las personas que llegan a Venezuela son pruebas rápidas de anticuerpos, que pueden mostrar falsos negativos durante el período más infeccioso de la infección aguda por Covid-19. Esto significa que las personas en los centros de cuarentena pueden estar infectadas y, dadas las malas condiciones en estos centros, transmitir el virus sin saberlo a otras personas, lo que socava el propósito de la cuarentena. 

Al 28 de julio, solo el 5 o 6 por ciento de las 1.511.433 pruebas realizadas en Venezuela eran pruebas de PCR, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (UNOCHA). Al 14 de septiembre, un total de 1.864.663 pruebashabía sido realizado. Si bien los datos de septiembre no especifican cuántas eran pruebas de PCR, al 1 de septiembre Venezuela tenía capacidad para realizar entre 2.100 y 2.600 pruebas de PCR por día. Debido a la capacidad limitada para analizar las pruebas, puede haber grandes retrasos en la obtención de los resultados de la prueba de PCR.

El personal médico dijo a Human Rights Watch que el momento y los métodos de las pruebas en los centros PASI no están estandarizados y que las condiciones en los hospitales donde se lleva a los que dan positivo, conocidos como “centros centinela”, son espantosas. Venezuela ya tenía una emergencia humanitaria antes del golpe de la pandemia, por lo que además de la falta de mecanismos de protección de bioseguridad, las áreas de aislamiento al máximo y un suministro inadecuado de ventiladores mecánicos y manuales, los trabajadores de la salud tienen que lidiar conescasez de agua , electricidad y medicinas y suministros básicos.

Las amenazas a la salud en

condiciones de cuarentena en las áreas de espera y los centros PASI pueden contribuir a la propagación del virus. Debido a que algunas personas pueden infectarse mientras están en cuarentena, las personas recluidas en los centros PASI necesitan una protección adecuada contra la infección, incluidas máscaras y medidas básicas de higiene, y poder distanciarse socialmente. Los entrevistados compartían el espacio vital con otros y ninguno tenía su propia habitación. Sin embargo, los trabajadores humanitarios dijeron que algunos de los detenidos en hoteles pudieron aislarse.

Dos personas entrevistadas dijeron que las personas tenían que esperar horas, a veces días, para ser admitidas en un centro PASI. Un retornado que cruzó, mediante una trocha ,en el estado Táchira dijo que esperó 8 días al aire libre, junto con al menos otras 200 personas, en el control fronterizo de San Antonio del Táchira, sin distanciamiento social ni máscaras. Dormían en la calle y no recibían asistencia alimentaria. Algunos tuvieron que llenar botellas con agua de lluvia para beber. El personal militar les informó que las personas que atravesaban las trochas no eran una prioridad, dijo el retornado.

La mayoría de los repatriados dijeron que pasaron más tiempo en los centros PASI que los 14 días requeridos, y la mayoría pasó más de 20 días, la mayoría esperando los resultados de las pruebas. Dos repatriados dijeron que debían permanecer más de 70 días en centros PASI separados en el estado de Apure. En uno de estos casos, una familia de 2 adultos y 2 niños llegó a un centro y fueron evaluados varias veces como grupo. Debido a que no recibieron los resultados de las pruebas de sus 2 hijos, se les pidió que permanecieran en el centro durante un total de 75 días.

Algunos repatriados dijeron que otros en su grupo dieron positivo por Covid-19 y fueron trasladados a una nueva área de su centro PASI. Las autoridades no realizaron el rastreo de contactos ni aislaron a aquellos con quienes los retornados infectados pudieron haber interactuado, dijeron los retornados.

Condiciones en los centros

Los centros PASI de Venezuela han albergado a decenas de miles de personas. Al 1 de septiembre, había 271 centros en todo el país, incluidos aproximadamente 140 en áreas fronterizas, con una capacidad total de 14,000. Las condiciones varían mucho, pero en muchos centros son pésimas.

Los centros se improvisan, incluso en escuelas, hoteles, instalaciones deportivas públicas y terminales de autobuses. Muchos están hacinados, mal equipados e inapropiados para retener a cientos de personas durante semanas, dijeron los repatriados y otros. Varios informaron haber sido retenidos en salas comunes con otras personas. Un trabajador humanitario dijo que en un momento dado, unas 700 personas habían sido retenidas en un centro en el estado de Zulia que tenía capacidad para 200.

En algunos casos, dijeron los repatriados, los recién llegados no se aislaron de las personas que ya estaban allí, sino que se apiñaron en habitaciones con llegadas anteriores. Muchos informaron haber dormido en el suelo. Uno informó haber dormido al aire libre porque no quedaban habitaciones en el interior.

Los retornados que habían sido puestos en cuarentena en un hotel en Caracas dijeron que seguía operando comercialmente, sin separación entre los huéspedes habituales y los retornados supuestamente en cuarentena. Algunos dijeron que fueron testigos de que algunos huéspedes habituales no usaban máscaras en las áreas comunes, lo que podría exponerse a ellos mismos y a los repatriados al virus.

Los entrevistados dijeron que la gente salió de al menos cuatro centros en Apure, algunos para comprar o pedir comida, y regresaron después, con el riesgo de propagar el Covid-19.

Los repatriados dijeron que los baños eran muy pocos o inutilizables en algunos centros. Un repatriado, recluido en un centro de Apure, dijo que tuvo que recurrir a defecar al aire libre.

El acceso limitado al agua en los centros agrava las condiciones insalubres, dijeron varios repatriados. Algunos dijeron que los centros no tenían agua corriente. Recibieron agua de camiones, dijeron, pero el agua no era potable y estaba sucia. Una repatriada dijo que su centro de Táchira carecía de electricidad para encender una bomba de agua. Los repatriados en Apure y Táchira dijeron que sus centros carecían de estufas y gas para hervir y desinfectar el agua. La falta de agua o el servicio de agua intermitente paraliza los hogares y hospitales venezolanos, y eso también es cierto para los centros PASI.

Los repatriados y un trabajador humanitario dijeron que los centros no proporcionaban jabón, desinfectante ni otros suministros, incluidos toallas sanitarias, pañales o papel higiénico. Muchas de estas necesidades están cubiertas por grupos de ayuda, aunque están lejos de estar completamente satisfechas.

La gestión de las comidas fue inconsistente, dijeron los entrevistados. Entre los problemas notificados se encuentran la baja calidad de los alimentos y la falta de fórmula para los lactantes y de una alimentación adecuada para las mujeres embarazadas.

La mayoría de los entrevistados dijo que la comida proporcionada era insuficiente. Las porciones eran demasiado pequeñas o carecían de una nutrición equilibrada, o ambas cosas. Una comida puede consistir en una sola arepa, sardinas, pequeñas porciones de arroz y frijoles, pasta o unas cucharadas de pollo desmenuzado. En algunos casos, los repatriados informaron que se les sirvió comida podrida o congelada. Algunos dijeron que comían solo una vez al día o que la mala comida los enfermaba. UNOCHA ha identificado casos de desnutrición en los centros.

En algunos centros, el tratamiento médico para personas con afecciones preexistentes, como hipertensión o diabetes, o para las embarazadas, es limitado o no está disponible, dijeron varios repatriados. Esto amenaza su salud y aumenta el riesgo de complicaciones para quienes contraen Covid-19.

En algunos centros de los estados de Táchira, Apure y Bolívar, que albergan a cientos de repatriados cada uno, solo había un profesional médico disponible. Un repatriado retenido en un centro en San Antonio del Táchira dijo que ningún personal médico revisó a los niños con fiebre ni les dio medicamentos. Cuando la gente pidió ayuda para una mujer con diabetes que no se sentía bien, informó el repatriado, un médico designado por el gobierno respondió: «Cuando ella esté muerta, ven y avísame, y luego iré a echar un vistazo».

Cuando las personas en un centro en el estado de Bolívar solicitaban medicamentos para sus condiciones de salud, dijo un retornado, el médico designado por el gobierno respondía: «Si sabías que estabas enfermo, ¿por qué no traías tus propios medicamentos?»

Una retornada embarazada temía por su salud y la de otras repatriadas en los centros. “Es como una cárcel”, dijo. “Nos están alimentando mal y nos tratan como animales, como si nos estuvieran castigando por un delito o algo por habernos ido del país”.

Amenazas por protestar por las condiciones de cuarentena

Algunos repatriados han sufrido acoso y discriminación por parte del personal militar y civil que administra los centros de cuarentena, dijeron los entrevistados. Los retornados dijeron que sentían que estaban siendo castigados por haber abandonado el país.

En algunos casos, dijeron los repatriados, las fuerzas de seguridad y los grupos armados progubernamentales llamados colectivosa los repatriados amenazados y acosados ​​en los centros de cuarentena. En un caso, horas después de que un grupo de retornados organizara una protesta contra las condiciones en un centro de un hotel en Caracas, la capital, un grupo de hombres armados con pasamontañas ingresó al edificio, informaron dos retornados. Los hombres armados advirtieron que las protestas «no serían toleradas» y que otra manifestación provocaría «medidas contundentes».

El personal militar y otro personal de los centros en los estados de Apure y Táchira amenazaron con traer fuerzas de «guerrilla» si los repatriados no hacían lo que se les decía, dijeron los repatriados. Uno describió a hombres armados, a quienes llamó miembros de la “guerrilla”, disolviendo una protesta frente a un centro en Guasdualito. Los hombres armados dijeron a los repatriados que si continuaban protestando, tendrían que «afrontar las consecuencias». Un hombre armado amenazó con llevarse a todos los hombres del centro a un lugar que «disfrutarían mucho menos», dijo el retornado.

Un informe de los mediosDijo que luego de que un grupo de repatriados protestara por las condiciones en el interior de un centro en Apure a fines de junio, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un hombre, aparentemente sin ningún cargo formal u orden judicial, y lo llevaron a la ciudad de San Cristóbal para ser juzgado en un tribunal militar.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana amenazaron a un grupo de retornados en un centro diferente en Apure con encarcelamiento y pérdida de sus “derechos como venezolanos” si huían del centro, dijo un retornado.

Un alto funcionario del gobierno en el estado de Táchira dijo que las personas que protestan en los centros PASI podrían enfrentar penas de cárcel, informó un periódico. El funcionario advirtió que » podrían pasar de una cuarentena social a una penal «.

Respuesta humanitaria

El plan de respuesta humanitaria 2020, publicado por UNOCHA para poblaciones vulnerables en Venezuela, también se aplica a los venezolanos que regresan al país. El plan requiere una financiación total de $ 762,5 millones, incluidos $ 87,9 millones para abordar el impacto de Covid-19. Hasta octubre, se habían desembolsado $ 145,6 millones a Venezuela, incluidos $ 67,6 millones en respuesta al llamamiento del plan de respuesta humanitaria. El plan tiene como objetivo mejorar los centros PASI, incluso a través de mejores viviendas y electricidad, una prestación más rigurosa de servicios de protección para las poblaciones vulnerables y la provisión de agua, saneamiento e higiene.

La falta de transparencia de las autoridades venezolanas inhibe la evaluación y la respuesta a las necesidades de los repatriados. El acceso de los trabajadores humanitarios a los centros PASI depende en gran medida del capricho de las personas que operan los centros en cada estado. Esto limita severamente la capacidad de los grupos de ayuda para brindar una respuesta integral.

Los grupos de la ONU, incluidos UNOCHA y ACNUR, así como los grupos no gubernamentales han brindado un valioso apoyo a los repatriados en algunos centros de PASI. Instalaron un refugio temporal , proporcionaron carpas médicas para atender posibles casos de Covid-19 en el estacionamiento de un hospital, proporcionaron equipo de protección o mejoras de agua y saneamiento. a algunos centros PASI, impartió capacitación sobre violencia sexual y protocolos de bioseguridad para el personal de PASI, y apoyó a las comunidades de acogida mediante asistencia humanitaria y servicios de salud.

Varios trabajadores humanitarios dijeron que, aunque han podido obtener un mayor acceso a los centros PASI como resultado de la pandemia, los esfuerzos existentes no son suficientes para satisfacer la enorme escala de necesidades debido a los recursos limitados y al hecho de que el acceso es inconsistente. Dijeron que aún enfrentan otras restricciones, incluidas las dificultades para obtener permisos especiales para moverse por el país a pesar de las restricciones de cuarentena y el acceso prioritario a la gasolina, y los obstáculos burocráticos para obtener permisos para que todo el personal humanitario opere.

Fuente Oficial: Human Rights Watch