(Caracas, 20.03.2022. Cepaz). La crisis de movilidad humana venezolana es hoy la segunda más numerosa en el mundo y la primera en el hemisferio, sin comparaciones posibles en la historia moderna. El éxodo de más de siete (7) millones de personas en los últimos años, invita a reflexionar sobre las necesarias transformaciones que debe impulsar el estado venezolano para garantizar la protección de los derechos sus ciudadanos dentro y fuera del territorio. El primer gran obstáculo para avanzar en esa dirección, es que el gobierno no reconoce estas cifras. En el diálogo interactivo de Venezuela ante el Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas, en septiembre de 2022, la delegación afirmó que su medición más reciente (2015- 2019) si dio cuenta de un aumento en la salida de venezolanos del país, mas desde 2020 el flujo se había ralentizado y para el momento, podría incluso haber pasado a ser positivo. Según los delegados, las cifras que maneja la comunidad internacional son producto de una “creatividad muy grande”, que se ha utilizado para obtener fondos para cooperación y para abonar la narrativa de una “supuesta crisis humanitaria, que no existe en Venezuela”. Ante tal postura, la necesidad de documentar, denunciar y difundir la realidad de los migrantes y refugiados venezolanos, se hace imperativa.

Este informe busca aportar a los esfuerzos de documentación sobre la situación de las personas venezolanas en movilidad, abarcando tres dimensiones: 1) los impactos derivados de la falta de acceso a documentos de identificación personal; 2) el derecho a la identidad y su relación con la participación en procesos electorales; y 3) la relación entre el acceso a documentos y el ejercicio de otros derechos en el país de acogida.

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