(Táchira, 19.03.2021. FundaRedes). El año 2020 demostró la creciente ola de hechos violentos ocurridos en la frontera suroccidental de Venezuela, los cuales FundaRedes documenta en el presente Informe Anual Curva de la Violencia en el que se evalúan tres unidades de análisis (homicidios, secuestros y/o desapariciones y enfrentamientos) que aportan mediciones y elementos que permiten concluir que en la frontera venezolana la violencia persiste y que tiene como una de sus principales causas la lucha por el control de territorios por parte de grupos armados irregulares (GAI) que siguen actuando bajo la mirada ausente, y en muchas situaciones complaciente, de las autoridades venezolanas, pero también por la violencia a manos de agentes de seguridad del Estado que lejos de proteger a la población actúa con impunidad en su contra.
La labor de documentación emprendida por FundaRedes para ofrecer la Curva de la Violencia se ha logrado a pesar de la gran dificultad para recolectar información en Venezuela debido a las limitaciones impuestas a medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación irregular de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), así como hostigamientos y persecuciones contra periodistas, dueños de medios informativos, activistas y defensores de derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, órganos del sistema judicial y grupos irregulares, así como las restricciones de movilidad impuestas por el decreto de estado de alarma debido a la pandemia del COVID-19.
A pesar de los obstáculos, en el año 2020 se recabó la información para reportar cada trimestre la data sobre los hechos de violencia ocurridos en los estados Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, donde la población se ha visto obligada a convivir con grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que actúan al margen de la ley ejerciendo el control sobre determinados territorios, y peor aún bajo la presencia intimidante de los cuerpos de seguridad del Estado que forman parte activa de la violencia por medio de extorsiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales e incluso en complicidad con bandas criminales o grupos armados irregulares.
El año 2020 se caracterizó por las medidas impuestas en el decreto de estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, una de ellas fue la orden del cierre de fronteras. Por una parte, en Venezuela se ordenó restricciones a la movilidad interestadal e incluso intermunicipal. Por otra, países vecinos también dispusieron el cierre de fronteras para proteger a sus habitantes de contagios provenientes de personas en tránsito, lo que reactivó los pasos ilegales conocidos como trochas en los estados Táchira, Zulia y Apure, permitiendo que los grupos armados irregulares asumieran el control absoluto de la movilidad de quienes volvieron a Venezuela por la coyuntura económica derivada de la pandemia en los países de acogida, y meses después de quienes buscaban migrar desesperadamente por la agudización de la Emergencia Humanitaria Compleja. Pese a esas restricciones de movilidad, la violencia —tanto interna como fronteriza— no cesó en los seis estados fronterizos objeto de estudio en la Curva de la Violencia.
Ante estos hechos, el Observatorio de FundaRedes mantuvo el monitoreo, documentación, verificación y procesamiento de data por ser uno de sus propósitos la defensa de los derechos humanos y el fomento de una cultura de paz y no violencia. Como se ha hecho desde 2019, la información se ha obtenido a través del seguimiento diario a diferentes fuentes tales como medios de comunicación tradicionales, portales web, reportes de organismos de seguridad y denuncias recibidas por nuestra organización de víctimas o familiares.
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