(Caracas 03/04/2017, CivilisDDHH) El pasado sábado 01 de abril la Asamblea Nacional realizó una sesión extraordinaria de calle, efectuada en la Plaza Brión de Chacaíto en Caracas, que tuvo como objetivo hacer pública la exigencia de derogación de las decisión del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencias 155 y 156 promulgadas a fines de marzo, mediante las cuales la Sala Constitucional del TSJ asume todas las competencias de la Asamblea Nacional o las delega a quien ella decida, lo que coloca a Venezuela ante la disolución del parlamento por vía judicial.
La acción de calle, liderada por los diputados de la bancada opositora estuvo acompañada por un nutrido grupo de manifestantes, quienes votaron la propuesta del diputado Tomas Guanipa de marchar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir una respuesta a los problemas del país, que incluían acceso a medicinas y alimentos, liberación de los presos políticos, cronograma electoral y destitución de los magistrados por haber cometido un delito contra la Constitución.
La marcha, tomó la autopista y fue interceptada a la altura de Plaza Venezuela por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, quienes con un fuerte contingente antimotines impidieron el paso y, posteriormente, detonaron algunas bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes, quienes se refugiaron en el Centro Comercial El Recreo. Entre los afectados por las bombas lacrimógenas se encontraban niños y personas de la tercera edad, así como el Diputado José Guerra, quien sufrió un desmayo producto de una descarga de gas pimienta.
El día anterior, 31 de marzo, imágenes compartidas a través de la red social Twitter también mostraron a estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) siendo golpeados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco de acciones de protesta pacífica por las decisiones del TSJ calificadas por las organizaciones de la sociedad civil como golpe de estado.
Desde Civilis Derechos Humanos expresamos nuestra profunda preocupación por los hechos de violencia y la represión en contextos de protestas pacíficas. Recordamos que la manifestación pacífica es una de las formas en la que se expresan las aspiraciones de las personas en términos de libertades democráticas, justicia social y vigencia de los derechos humanos. En este sentido, es imperativo que el Gobierno Venezolano y las instituciones del Estado en su conjunto reconozcan el legítimo derecho de los ciudadanos a la expresión de opiniones críticas a su gestión y abra canales para la gestión de sus reclamos.
El Relator Especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, instó a la República Bolivariana de Venezuela reconocer que los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación desempeñan un papel primordial en la democracia y aseguran que nadie sea criminalizado, violentado ni intimidado por ejercer estos derechos. Insistimos en palabras del relator Maina Kiai “contra entornos que puedan obstaculizar gravemente el disfrute de estos derechos” se “recuerda al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela su obligación de proteger activamente las reuniones pacíficas y asegurar que las personas que ejercen el derecho a la libertad de asociación puedan actuar libremente, sin temor a posibles amenazas, actos de intimidación o violencia, como arrestos o detenciones arbitrarios o campañas difamatorias en los medios de difusión; ambos derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el país el 10 de mayo de 1978” (http://freeassembly.net/reports/venezuela-communications/).
Asimismo, los artículos 53, 62 y 68 de nuestra constitución nacional expresan que toda persona tiene el derecho a manifestar pacíficamente, reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas, y establecen que es una obligación del Estado y un deber de la sociedad, facilitar la generación de las condiciones más favorables para el ejercicio pleno de este derecho y su práctica.
