(Caracas, Espacio Público). En el mes de marzo Espacio Público documentó al menos 21 casos y 36 violaciones a la libertad de expresión, un incremento de 31% respecto al mes anterior. La censura, el hostigamiento y la intimidación fueron los principales tipos de violaciones registrados.

La mayoría de los victimarios continuaron siendo instituciones y funcionarios vinculados al Estado venezolano (23 de 26 en el mes) lo que confirma el patrón de persecución a la libertad de expresión y la impunidad con la que operan sus actores.

De las 25 víctimas documentadas en marzo, las principales fueron los medios de comunicación (10), seguidos por la ciudadanía (5), personas particulares (5), periodistas/reporteros (3) y ONG o miembros de las mismas (2). También registramos las detenciones de cuatro particulares y un miembro de ONG.

Aumentan la censura y ataques a los medios

En Guanare, ciudad capital del estado Portuguesa, propietarios y directivos de la Televisora Regional de Portuguesa ordenaron el 3 de marzo la salida del aire el programa “Primera Plana Televisión”, que conducía el periodista Grossman Parra durante 48 años de transmisión ininterrumpida.

Sobre el motivo del cierre, los directivos del canal le dijeron a Parra que “la situación está delicada”, según declaró a un medio local, donde recordó que en los últimos años se han cerrado 10 emisoras y sacado del aire cerca de 20 programas informativos o de opinión en la entidad. En ese lapso, Parra también recibió presión y fue sacado del aire su programa radial “Primera Plana Radio”.

El 4 de marzo, por la noche, empresas operadoras de televisión por suscripción sacaron de sus parrillas de programación al canal alemán Deutsche Welle (DW), luego de que el ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro, Alfred Ñáñez, criticara en sus redes sociales un reportaje audiovisual que publicó el medio.

En el reportaje se mencionaba que Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo y supuesto centro de distribución de drogas, usando como fuentes unas investigaciones de medios y organizaciones independientes. Ñáñez acusó al medio alemán de “mentir, difamar y propagar el odio contra Venezuela”.

Posteriormente, Nicolás Maduro también atacó a DW en una alocución en medios públicos, donde lo acusó de ser “un medio nazi” y de ser parte de una “campaña mediática” junto con CNN y agencias como AP. 

Las principales empresas proveedoras del servicio de internet en Venezuela bloquearon desde el 4 de marzo el acceso al portal informativo El Político, que en días previos había profundizado en la cobertura del asesinato del expreso político venezolano, Ronald Ojeda, que ocurrió en Chile.

Según la organización VE sin Filtro, el acto de censura fue ejecutado por la empresa estatal CANTV, con bloqueos HTTPS y DNS, y por las operadoras privadas Movistar, Digitel, Inter y NetUno. En la misma línea, y por las mismas operadoras, el 6 de marzo fue bloqueado el medio digital Impacto Venezuela. Los bloqueos son ordenados por la Conatel con el fin de evitar que la ciudadanía acceda a contenido crítico con el gobierno.

El 8 de marzo cesó sus operaciones la emisora Bendición Stereo 93.9 FM de Upata, estado Bolívar (sur) por órdenes de la Conatel, cuyo argumento fue que el medio no contaba con la “habilitación administrativa ni concesión de uso y explotación del espectro radioeléctrico”.

Los funcionarios se presentaron en la estación de radio el 8 de marzo, a las 9 de la mañana, pidiendo y revisando toda la documentación legal de Bendición Stereo hasta las 4 de la tarde, cuando le entregaron al director del medio una notificación que oficializaba el cierre y la incautación de sus equipos.

El ministro de Comunicación, Alfred Ñáñez, atacó el 12 de marzo al medio digital Alberto News y lo tildó de “palangrista” por una nota en la que se reseñan declaraciones de Delcy Rodríguez. Ñáñez aseguró que el medio “miente y manipula como todos los palangristas mayameros” y lo acusó de hacer “periodismo mercenario”.

La crítica fue dirigida a una noticia en la que se cita parte de las declaraciones de Rodríguez en un seminario regional. Ñáñez calificó la noticia como información falsa, bulo y tergiversación, aunque el medio citó textualmente las declaraciones de Rodríguez que también fueron captadas y divulgadas en video por las redes sociales, incluyendo la cuenta de X del medio oficialista Venezolana de Televisión.

El candidato presidencial y líder del PSUV, Nicolás Maduro, intimidó el 25 de marzo a la agencia española EFE, la francesa AFP y la estadounidense AP durante el acto de postulación para los comicios de este año, en la sede en Caracas del Poder Electoral.

Maduro criticó que las agencias mencionadas “no han cubierto a ningún candidato” entre los más de 10 postulados de distintos partidos. “No tienen moral las agencias de Occidente, de Estados Unidos, Europa y de la derecha. Tapan la realidad de Venezuela”, criticó Maduro.

Semanas atrás, el presidente del PSUV criticó a la agencia de noticias Bloomberg al cuestionar la veracidad de los reportajes que produce y la acusó de estar “impregnada de maldad y perversidad”.

Ataque al discurso crítico

A través de su cuenta en X, el fiscal general designado por la extinta e ilegal asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó sobre una orden de detención en contra del sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios, Edison Arciniega, por el “delito” de “incitación al odio”.

Saab acusó a Arciniega de “uso indiscriminado e irresponsable de redes sociales y otros medios de comunicación”, supuesto delito no contemplado en las leyes venezolanas. También lo acusó de difundir “información falsa” y de pretender “causar zozobra y pánico en la comunidad”, sin aclarar cuáles mensajes causaron la acusación.

Funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la PNB detuvieron el 11 de marzo en Coro, estado Falcón (noroeste) al ciudadano y creador de contenidos Armando Sarmiento. Cuatro días después, un tribunal de control dictó privativa de libertad en su contra por “instigación al odio”

La detención se produjo luego de que se hiciera viral en redes sociales un material audiovisual considerado crítico con la gestión de Nicolás Maduro, quien en días pasados había visitado la ciudad de Coro y la comparó con Chicago, Estados Unidos.

La audiencia de presentación fue diferida del 14 al 15 de marzo porque la Fiscalía no tenía elementos de convicción para sostener la acusación. Aún así, el Tribunal Segundo de Control de Falcón lo condenó por “instigación al odio”, supuesto delito contemplado en la inconstitucional normativa contra el odio vigente desde 2017.

El periodista y creador de contenidos, Óscar Alejandro Pérez, fue detenido el 31 de marzo por autoridades venezolanas en el Aeropuerto Nacional de Maiquetía, estado Vargas (norte), cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el Parque Nacional Canaima.

Tras la detención, familiares de Pérez informaron en un comunicado que había sido acusado de actividades relacionadas con “terrorismo”. El youtuber venezolano fue trasladado a la sede de la División Antiterrorismo del CICPC, en Caracas, y excarcelado al día siguiente bajo medida cautelar.

Horas después de su excarcelación, Oscar Alejandro Pérez detalló que supo del motivo de su aprehensión solo al momento de estar privado de libertad. Al creador de contenidos lo acusaron de terrorismo por un comentario que hizo en uno de sus videos.

En el material audiovisual, Pérez menciona que de caer una bomba en la Torre Credicard de Caracas, se caería todo el sistema bancario. “Fue sacado de contexto”, dijo el comunicador. Finalmente, el Tribunal determinó que “no habían hechos contundentes para determinarlo como un terrorista y que la acusación carecía de fundamento legal”.

Sociedad civil hostigada

La abogada y defensora de DD. HH., Richelle Briceño, fue amenazada e intimidada el 19 de marzo por la diputada del PSUV, Dilberly Rodríguez, durante una manifestación de activistas LGBTIQ+ en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas.

“Te voy a explotar (agredir físicamente)”, “te voy a reventar” y “deja que estés sola” fueron algunas de las expresiones con las que la diputada Rodríguez atacó verbalmente y amenazó a Briceño, luego de que la activista criticara su inacción en el Parlamento ante iniciativas legales para la población LGBTIQ+.

Funcionarios civiles y militares del Palacio de Justicia detuvieron e intimidaron el 22 de marzo al abogado y miembro del equipo de Provea, Eduardo Torres, luego de grabar a efectivos militares que estaban en la entrada del tribunal penal de Caracas.

Los funcionarios le pidieron sus documentos de identidad y su teléfono celular. Posteriormente, comenzaron a cercarlo y cerraron los accesos del Palacio de Justicia. Torres logró llamar a otro abogado que estaba en el sitio y se colaron con un grupo grande de personas que iba saliendo.

Casi dos meses después de su detención arbitraria, fue excarcelado el sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas, con medidas cautelares como prohibición de salida del país y régimen de presentación cada 30 días.

Venegas fue detenido el pasado 17 de enero en el estado Barinas (suroeste) por una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía Estadal de Barinas. Una hora después de conocerse la detención arbitraria de Venegas, el Ministerio Público dijo que el dirigente sindical participaba en una supuesta “conspiración”, por lo que fue presentado ante el Tribunal Segundo con materia en terrorismo.

Internet

En marzo también aumentaron los casos de violaciones a la libertad de expresión asociados a internet, producto de las caídas masivas del servicio en varias regiones del país asociadas a las fallas de energía eléctrica. De acuerdo con el Observatorio de Internet VE sin Filtro, hubo al menos siete fallas en el mes:

  • El 7 de marzo un bajón eléctrico redujo la conectividad a 87% en todo el país. Los estados más afectados fueron Nueva Esparta (noreste, 68 %), Lara (noroeste, 75 %), Sucre (noreste, 75 %) y Carabobo (norte, 80 %).
  • El 9 de marzo, otro bajón afectó la conexión a internet en varias regiones, principalmente en los estados andinos de Trujillo, Táchira y Barinas.
  • El 10 de marzo, un apagón afectó a al menos siete estados del país, principalmente al suroeste, en la región andina, así como Falcón, Lara y Zulia, al oeste.
  • El 11 de marzo, una incidencia eléctrica en Táchira produjo una caída a nivel nacional del servicio de internet prestado por la empresa estatal CANTV.
  • Táchira también fue el estado más afectado por una nueva falla nacional que ocurrió el 14 de marzo. En todo el país la conectividad cayó a 91%, mientras que en la entidad andina se redujo a la mitad.

Fuente Oficial: Espacio Público