El OVCS documentó 6.560 protestas entre los meses de enero y diciembre de 2021,

(Caracas, 16.02.2022. OVCS). El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 6.560 protestas entre los meses de enero y diciembre de 2021, equivalente a 18 diarias en todo el territorio nacional. Esta cifra representa una disminución de 32% en comparación con el año 2020 cuando se documentaron 9.633.

n 2021 el OVCS cumplió una década de trabajo ininterrumpido en Venezuela, y en este tiempo documentó 92.719 protestas. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) fueron la principal exigencia.

Protestas por derechos económicos y sociales lideran el índice

En el año 2021, el OVCS registró 4.853 protestas, equivalente a 74% de todas las documentadas, relacionadas con reclamos por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), y las protagonizaron principalmente vecinos y trabajadores.
Estas acciones ciudadanas han visibilizado ante organismos internacionales la inminente necesidad de que el Estado garantice una vida digna, con salarios y empleos de calidad, acceso al agua potable, gas doméstico y un servicio eficiente de electricidad.

De igual forma, los trabajadores continuaron exigiendo el restablecimiento de las cláusulas de contratos colectivos y beneficios salariales tangibles. Para hacer frente a la dolarización de la economía venezolana con altos índices inflacionarios que pulverizan el simbólico salario mínimo vigente en el país, que se calcula al cambio oficial en 2 dólares mensuales para el momento de cierre del informe. En el caso de la empresa privada las bonificaciones en dólares han permitido la subsistencia de los trabajadores. Sin embargo, la mayoría de trabajadores venezolanos se dedican a más de una actividad laboral para poder hacer frente a los costos diarios.

El ingreso familiar incluye, en algunos casos, las remesas de familiares que viven y trabajan en el extranjero. Esto constituye un privilegio que no llega a todos los hogares venezolanos. Un aspecto importante en los reclamos por DESCA tiene que ver con las protestas por derecho a la salud, en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja y agravada por la llegada de la Covid-19. Médicos, enfermeras, personas con alguna
condición de salud y sus familiares continuaron las exigencias por acondicionamiento y reparación de la infraestructura hospitalaria en el país, la dotación de medicamentos, materiales y equipos necesarios para los tratamientos y la atención de los pacientes. De igual forma, los reclamos salariales del personal de la salud fueron reiterados.

Por otra parte, 1.707 protestas, que representan 26% de todas las registradas, estuvieron relacionadas a Derechos Civiles y Políticos (DCP), resaltando los episodios de conflictividad protagonizados por líderes políticos de oposición y afectos al régimen de Maduro. Militantes oficialistas denunciaron irregularidades durante las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y en medio de la celebración del evento electoral del 21 de noviembre donde se eligieron a gobernadores y alcaldes.
Asimismo, familiares de víctimas de abusos policiales y militares realizaron manifestaciones para exigir justicia.

El OVCS destaca la protesta que mantuvo el movimiento de Derechos Humanos venezolano exigiendo garantías al derecho humano a defender derechos, sin ser víctimas de criminalización, estigmatización, persecución y represalias.

Caracterización de la protesta en 2021

Habitantes de distintas regiones del país protestaron para exigir calidad en los servicios básicos, debido al malestar que les genera no tener acceso a agua potable, principalmente en plena pandemia por la Covid-19. En cuanto al servicio eléctrico, y a pesar de años de protestas ante los serios daños ocasionados por apagones y fluctuaciones de energía a nivel nacional, las fallas se mantienen sin solución. Mientras que las irregularidades, retrasos y corrupción en el cobro y distribución de los cilindros de gas doméstico, se suman a la vulnerabilidad alimentaria de la familia venezolana.
Continuó la problemática por el abastecimiento de gasolina, documentándose al menos 791 protestas a nivel nacional en rechazo a las irregularidades, trabas, red de corrupción y abuso de poder ejercida por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), funcionarios de entes gubernamentales y civiles integrantes de las Cuadrillas de Paz (CUPAZ).
Protestas por fallas en los sistemas de drenaje de aguas servidas y deficiencia en la recolección de desechos sólidos, como conflictos en ciernes que van en aumento y amenazan la salud pública.
Los usuarios del servicio de telefonía pública (Cantv) expresaron su descontento por las recurrentes caídas del servicio de internet a nivel nacional, igualmente, el aumento de los precios en las tarifas del servicio de banda ancha, incluso para quienes no pueden disponer de éste.
La dolarización del salario mínimo como principal exigencia de los trabajadores, que ven mermadas sus posibilidades de vivir una vida digna dependiendo de un salario simbólico y que les obliga a realizar más de una actividad laboral para poder sustentarse en una economía dolarizada con altos niveles de
inflación. El mes de octubre estuvo marcado por el rechazo de la nueva reconversión monetaria.
Diversos gremios laborales mantuvieron las jornadas de protesta para exigir la reivindicación de sus derechos consagrados en contrataciones colectivas, como resultado de años de luchas sindicales. Trabajadores de las empresas básicas protestaron por la libertad sindical, en rechazo a la criminalización de quienes defienden derechos laborales y el restablecimiento de salarios y beneficios contractuales de los trabajadores.
Protestas laborales y Covid-19: trabajadores del sector salud exigen al Estado salarios suficientes, dotación de materiales, equipos de bioseguridad y jornadas de vacunación contra la Covid-19. Por su parte, trabajadores del sector educativo reclamaron sueldos justos, respeto a las contrataciones colectivas, mejoras en infraestructuras de centros educativos, equipos de bioseguridad y jornadas de vacunación contra la Covid-19, sin discriminación y con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de Salud (OMS).

Trabajadores informales rechazaron las medidas restrictivas en cuanto a horarios de trabajo, cobros excesivos de impuestos y retención ilegal de mercancía como prácticas cotidianas de las
autoridades.
Paros, concentraciones y cierres de vía fueron protagonizadas por transportistas en rechazo a las tarifas del pasaje, falta de unidades de transporte, y las extenuantes jornadas de espera en estaciones de servicio para adquirir combustible. Mientras que usuarios del transporte público denunciaron las constantes alzas en las tarifas del pasaje, y el cobro en moneda extranjera.
El derecho a la salud fue el tercer derecho más exigido. 1.240 protestas registradas durante el año, donde pacientes, familiares y personal de la salud exigieron mejoras en todos los componentes del sistema sanitario del país.
Ciudadanos a nivel nacional participaron en al menos 698 protestas por exigencia de jornadas de vacunación contra la Covid-19, así como en rechazo a la desorganización en el proceso de vacunación y ausencia de la segunda dosis de la vacuna Sputnik-V (Rusia).
Líderes políticos participaron en 1.051 protestas para exigir procesos electorales justos y transparentes. Así como para rechazar manipulaciones, chantajes y otras irregularidades en el desenvolvimiento de elecciones primarias y otros procesos electorales desarrollados en 2021.
Las personas detenidas, sus familiares y abogados protestaron en diversas oportunidades para exigir la administración de justicia expedita y oportuna a quienes sufren de retrasos procesales en condiciones de reclusión inhumanas.
Habitantes de diversas poblaciones y ciudades exigen mejoras en las medidas de seguridad ciudadana, frente al aumento de robos, hurtos y otros incidentes que comprometen la seguridad e integridad personal y patrimonial de la familia venezolana.
Defensores de derechos humanos realizaron movilizaciones a nivel nacional para denunciar detenciones arbitrarias y procedimientos judiciales en contra de organizaciones y personas que defienden derechos humanos y realizan acciones humanitarias.