(Mérida, 27.09.2018. Obeservatorio de Derechos Humanos – ULA). Este jueves 27 de septiembre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), presentó su informe anual denominado “Violación de derechos humanos y emergencia humanitaria en Venezuela, con especial referencia a la región andina”.

El ODH-ULA compiló en su informe las violaciones de derechos humanos ocurridas entre enero a septiembre de 2018 las cuales se evidenciaron en la erosión de la institucionalidad democrática; la erosión del estado de Derecho; la subordinación del poder judicial al poder ejecutivo y la politización del sistema de justicia. También fueron evidentes estas violaciones en campañas de desprestigio y criminalización; en la usurpación de competencias a gobernadores electos y restricciones a la participación política en la Región Andina; en ataques contra defensores de los derechos humanos; en el desacato judicial con apoyo de órganos del Estado; en la impunidad y violación del derecho a la reparación, entre otras situaciones que dejan ver la crisis humanitaria por la cual atraviesa Venezuela.

La falta de justicia para las víctimas de la represión del año 2017 también fue expuesta en el informe anual en el que se destaca que de las 16 víctimas mortales de las manifestaciones ciudadanas del año pasado, sólo hay detenidos por dos asesinatos. Están impunes hasta la fecha 14 muertes de ciudadanos merideños, incluyendo funcionarios policiales, así como el caso de Daniel Infante, estudiante de la ULA, quien recibió un disparo en la cabeza mientras estaba a las puertas del edificio donde reside y quedó en estado vegetativo.

Por otra parte, el Observatorio de la ULA documentó las consecuencias de la destrucción de la institucionalidad y el aparato productivo del país, lo que ha conllevado a la emergencia humanitaria a la que se le suma el deterioro de los servicios públicos, el colapso de los sistemas de salud y educación, entre otros.

En este nuevo informe el ODH-ULA recomendó al Estado venezolano garantizar el acceso a una justicia imparcial competente autónoma e independiente para todos los ciudadanos, respetar fielmente el mandato constitucional contenido en el artículo 62 sobre la participación ciudadana, así como lo establecido en los artículos 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos relativos al derecho de participación, y respetar la autonomía de los municipios y estados federales.

Asimismo la institución universitaria exigió al Estado que, para resolver en lo inmediato esta grave situación económica y social, permita urgentemente la apertura de un canal humanitario, tal como lo contempla el Derecho Internacional de asistencia humanitaria, mediante el cual la población pueda ser asistida por los países, instituciones y otras ONG sobre derechos humanos que han ofrecido su ayuda.

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