(Caracas, Civicus Monitor). En diciembre de 2023, el CIVICUS Monitor bajó la calificación del espacio cívico de Venezuela de represivo a cerrado, su peor calificación, a raíz de un ataque continuado a las libertades cívicas. En los últimos meses, las autoridades han intensificado las restricciones y la represión contra la sociedad civil antes de las elecciones presidenciales previstas para 2024. Se han documentado detenciones arbitrarias de personas defensoras de los derechos humanos (PDDH), nuevas propuestas legislativas con restricciones sobre organizaciones de la sociedad civil (OSC) y difamaciones públicas contra las OSC. Este aumento de los ataques en 2024, entre otras violaciones, hace que Venezuela se agregue a la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor.

En el contexto de una crisis sociopolítica y económica exacerbada por una emergencia humanitaria compleja, se espera que en el país se celebren elecciones. El 17 de octubre de 2023, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, un grupo de partidos de oposición, se comprometieron a ofrecer algunas garantías para garantizar unas elecciones justas. A pesar de ello, el 26 de enero de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Venezuela confirmó la prohibición de presentarse a las elecciones de 2024 a la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias de 2023. El tribunal mantuvo una prohibición de 15 años para que Machado ocupe cargos públicos y también confirmó la inelegibilidad de un posible suplente de la oposición, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

En este entorno desafiante, las restricciones a las libertades fundamentales se han acentuado como parte de una estrategia para perseguir a las personas activistas y limitar el discurso que critica al gobierno. En septiembre de 2023, la Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) señaló que los ataques al espacio cívico se han ido intensificando a través de políticas estatales destinadas a silenciar la oposición y las críticas al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Libertad de asociación
La criminalización, el acoso, la intimidación y la difamación fueron las amenazas más comunes enfrentadas durante 2023 por PDDH y las organizaciones de la sociedad civil. El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), una organización venezolana de derechos humanos, registró 524 ataques contra PDDH en 2023, un aumento del 32 por ciento con respecto a 2022, cuando se documentaron 396 incidentes. Esta alarmante tendencia es parte de un patrón más amplio de ataques sistemáticos contra PDDH y voces disidentes, fomentando un ambiente de miedo y autocensura.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración como tácticas de intimidación

El 22 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de arresto contra la periodista, Sebastiana Barráez; la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju; el presidente de Venezolanos Perseguidos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina; Los YouTubers, Wender Villalobos y Norbey Marín; y otros veinte activistas. Fueron acusados de presuntamente estar involucrados en un complot para asesinar al presidente de Venezuela, entre otras altas autoridades.

Posteriormente, el 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel y cinco familiares fueron detenidos arbitrariamente por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. San Miguel es una reconocida defensora de derechos humanos de Venezuela y presidenta de Control Ciudadano, una ONG dedicada a promover la contraloría sobre los sectores de la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Desde enero de 2012, San Miguel ha sido beneficiaria de medidas cautelares (PM 349/11) por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ser víctima de hostigamientos y amenazas, incluidas amenazas de muerte, que recibió en su domicilio.

Según la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), San Miguel fue abordada inicialmente en el aeropuerto por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) quienes le solicitaron verificar su estatus migratorio, y posteriormente fue trasladada a sus oficinas para más interrogatorios. Posteriormente, agentes de contrainteligencia la trasladaron a un lugar no revelado. Un día después, también fueron detenidos cinco miembros de su familia, incluida su hija.

El 13 de febrero, cuatro de los cinco miembros de la familia (Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel) fueron puestos en libertad condicional sujeta a presentación periódica ante tribunales, restricción de viaje al extranjero y prohibición de hablar con los medios de comunicación. Hasta el 15 de febrero de 2024, el paradero de San Miguel fue desconocido, lo cual generó serias preocupaciones por su libertad e integridad personal. Durante este tiempo, la única información pública sobre San Miguel provino del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, quien afirmó en redes sociales que había sido detenida y vinculada en la trama previamente mencionada.

El 15 de febrero, las autoridades venezolanas declararon que San Miguel estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de detención “El Helicoide” en Caracas, donde se ha documentado que las personas detenidas tienen un alto riesgo de sufrir tortura. Un día antes, la Fiscalía General de la República anunció que San Miguel había sido acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación por el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo.

La detención arbitraria y desaparición forzada de San Miguel y su familia es una táctica comúnmente utilizada por las autoridades venezolanas para silenciar a las voces críticas. Este no es un incidente aislado sino, como ha documentado la FFM, en Venezuela existe un patrón, sino un patrón selectivo de represión contra PDDH, miembros de ONG, periodistas y otras personas que expresan críticas o quejas contra el gobierno. De manera similar, Amnistía Internacional ha documentado nueve casos de víctimas de detenciones arbitrarias por motivos políticos entre 2018 y 2022.

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