(Caracas, 31.01.2023. Centro para los Defensores y la Justicia). El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 396 ataques e incidentes de seguridad durante el año 2022, lo que representa una disminución de 47% en relación al mismo período en 2021, cuando se documentaron 743.

Esto se debe principalmente a una reducción durante el año en el número de actos de estigmatización emitidos a través de medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales.

2022 estuvo marcado por la continuidad de las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, donde la Política de Criminalización, Represión y Control generó graves afectaciones principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos.  Durante el período se observó el hostigamiento, la intimidación y la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar al movimiento de derechos humanos.

Distribución de los Ataques por mes:

Durante el 2022 el Estado venezolano siguió aplicando acciones contrarias a sus obligaciones internacionales, agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en atención de la crisis social y de derechos humanos.

Se documentó un aumento del uso del derecho penal para perseguir, amenazar e intimidar bajo la lógica del enemigo, así como la continuidad de las medidas que criminalizan la cooperación internacional.

Los hechos ocurridos durante el año evidencian que los niveles de riesgo para el Movimiento de Derechos Humanos en el país siguen siendo altos, en tanto persiste la inexistencia de mecanismos o Políticas públicas tendientes a la promoción y protección de trabajo de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los 396 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.

ESTIGMATIZACIÓN, INTIMIDACIÓN, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS FUERON LOS PRINCIPALES PATRONES DE ATAQUE DOCUMENTADOS DURANTE 2022

2022 fue un año de retos y obstáculos para el movimiento de derechos humanos en Venezuela.

La criminalización de las actividades de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos ha derivado en la implementación de medidas represivas y de control social orientadas a limitar y obstaculizar estas acciones, así como también para atemorizar y neutralizar a las personas y organizaciones defensoras.

Los patrones de agresión y amedrentamiento que hacen parte de la Política de Criminalización reflejan las acciones represivas y de control social que ejerce el Estado en un entorno de graves restricciones al espacio cívico y democrático.

El ejercicio del derecho a defender, exigir y promover derechos humanos de forma libre y sin represalias sigue amenazado por restricciones normativas, obstáculos, acciones violentas que se suman a la precariedad de los servicios básicos y condiciones sociales que afectaron y condicionaron aún más el trabajo de los defensores y la plena operatividad de sus organizaciones.

Insistimos en la necesidad de emplear las medidas necesarias para revertir que el entorno para la defensa y exigencia de derechos siga siendo adverso y hostil; y seguir las recomendaciones y estándares internacionales para reducir los riesgos para quienes desarrollan estas acciones.

La documentación, la denuncia, la difusión de la situación de los derechos humanos, y el acompañamiento de las víctimas son actividades legitimas y deben ser ejercidas sin temor a represalias o restricciones arbitrarias y discrecionales.

Desde el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), consideramos que ante un contexto electoral que inicia en 2023 en Venezuela, las actividades de la sociedad civil y en particular del movimiento de derechos humanos serán esenciales para velar por la inclusión de la perspectiva de los derechos humanos en los procesos de solución de la situación política, económica y social que enfrenta el país. Por ello hacemos un llamado a los distintos actores políticos y de la comunidad internacional deben velar porque se garantice que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a ser criminalizados o perseguidos.

Quienes realizan actividades de promoción, densa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

Fuente Oficial: CDJ