(Caracas, CDJ). El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 230 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2024 en Venezuela.

El cierre del Espacio Cívico y Democrático se profundiza durante el periodo pre – electoral.

El Estado venezolano sigue avanzando en la implementación de acciones y medidas que promueven   el cierre del espacio cívico y democrático, obstaculizando los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos.

La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización, afectando a organizaciones y personas defensoras por realizar sus actividades de documentación, denuncia y exigencia son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, “enemigas”, “terroristas”, entre otros.

Los 230 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.

El Estado profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos, empleando acciones para intimidar y hostigar a la sociedad civil, estos hechos en conjunto a  las amenazas se han orientados a atemorizar a las organizaciones, en un contexto de aumento de la represión y la persecución. Estas acciones pretenden tener un efecto de amedrentamiento, disuasorio y de control para neutralizar a la sociedad civil.

Los patrones represivos que conforman la Política de Criminalización a la defensa y exigencia y promoción de derechos humanos, deben cesar. El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y constitucionales para garantizar el ejercicio y defensa de derechos sin que exista represalias por ello..

CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables. El entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.

Se documentaron acciones para neutralizar al movimiento de derechos humanos bajo la lógica del enemigo. Los patrones represivos del Estado son empleados en contra de la sociedad civil afectando los derechos a la asociación, expresión, defensa, exigencia y promoción de derechos.  Se observó como los actos de intimidación y los señalamientos persiguen un doble fin, la afectación directa a las víctimas y el servir como un castigo y mensaje ejemplarizante para  el resto del movimiento de derechos humanos, con el objeto de que por temor se inhiban de seguir actuando.

Vemos con preocupación que durante el mes esta práctica tomo fuerza, y  se vio principalmente reflejada en el caso de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, víctima de un proceso de criminalización en el cual se ha materializado graves violaciones a sus derechos humanos, a partir de una detención arbitraria e el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 9 de febrero.

Por otra parte, debe resaltarse que durante el periodo la estigmatización se presentó como principal modalidad de ataque. Las campañas de desprestigio y señalamientos públicos  se centraron en acusaciones infundadas en contra de personas y organizaciones defensoras, pretendiendo vincular sus acciones a proselitismo político, injerencia internacional y actividades asociadas a la delincuencia organizada . Asimismo, en el marco de la judicialización y criminalización de la defensora, Rocío San Miguel, funcionarios estatales y otros actores desacreditaron las denuncias, campañas y acciones que se realizaron desde el movimiento de derechos humanos en favor de su libertad . Estas actividades se tomaron, nuevamente, como acciones de fomento a la “injerencia internacional”.

Las amenazas en contra del movimiento de derechos humanos continuaron vinculadas a la aprobación de Ley para la Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Afines, cuyo proceso sigue en curso a pesar de las denuncias por tratarse de un instrumento altamente restrictivo y violatorio del derecho a la libertad de asociación.

El Centro para los Defensores y la Justicia alerta sobre el incremento de los ataques, y de la violencia institucional en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos humanos en el país.  Preocupa que en un contexto electoral sigan aumentando las restricciones al espacio cívico y democrático y continúen materializándose actos de criminalización en contra de la sociedad civil.

El Estado debe procurar un espacio cívico y democrático libre y seguro para el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho. Ante el contexto electoral es imprescindible el cese de la Política de Criminalización y represión en contra de la sociedad civil y garantizar entornos propicios y seguros para la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos.

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