(Caracas, 06.03.2023. CDJ). El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 105 ataques e incidentes de seguridad durante enero de 2023 en Venezuela.

Continúa la Política de Criminalización a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Las agresiones en contra de la sociedad civil recrudecieron, producto de nuevas amenazas al espacio cívico y democrático, especialmente ante los avances de una normativa que tiene como fin controlar a las organizaciones no gubernamentales.

Las situaciones y hechos de amedrentamiento registrados durante este lapso revelan la sistematicidad de los patrones de agresión que hacen parte de la Política de Criminalización en contra de quienes defienden, exigen y promueven derechos.

Se observa un aumento de la violencia institucional en contra de las personas y organizaciones defensoras, al calificarlas de enemigas, traidoras, desestabilizadoras, entre otras; y acrecentar el marco normativo restrictivo para dificultar aún mas sus labores en un entorno ya adverso y hostil.

En el mes de enero registramos nuevos actos de intimidación y hostigamiento por parte de funcionarios públicos y otros actores que se suman a la violencia institucional en contra de las organizaciones catalogándolas como agentes desestabilizadores por el trabajo de investigación, denuncia, acompañamiento y exigencia al Estado de transparencia y no impunidad frente a los abusos y graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país.

La estigmatización se mantiene como el principal patrón de agresión implementado en el marco de la Política de Criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos.

Los 105 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.

LA LÓGICA DEL ENEMIGO INTERNO LA BASE PARA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El entorno para la defensa de los derechos humanos y la respuesta ante la Emergencia Humanitaria Compleja, y la crisis política, se vuelve cada vez más hostil y restrictivo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela.

2023 inició marcado por un incremento en el número de ataques e incidentes de seguridad registrados en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.

La criminalización, represión y control social representan una Política de Estado restrictiva del espacio cívico y democrático.

Vemos con preocupación que el Estado venezolano avanza en sus esfuerzos para neutralizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos en el país. Reiteramos que estas acciones en un contexto generalizado de violaciones de derechos humanos, emergencia humanitaria e impunidad que existe en el país son esenciales y necesarias y no deben ser criminalizadas u obstaculizadas de forma arbitraria y discrecional.

El recrudecimiento de la criminalización incrementa los riesgos para las organizaciones y personas defensoras.

OTRO ATAQUE AL ESPACIO CÍVICO Y DEMOCRÁTICO EN VENEZUELA: PROYECTO DE LEY DE FISCALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN, ACTUACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y AFINES

El mes de Enero se vio marcado por la presentación y aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Control de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional. A partir de este hecho y una serie de amenazas televisadas o emitidas en redes sociales, se observó un aumento de los patrones de ataque y un aumento de los riesgos para todos los actores que defienden, exigen y promueven derechos en el país.

El proyecto de ley se compone por un articulado con disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libre asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.

El texto se caracteriza por tener una redacción ambigua e imprecisa, lo cual incrementa el riesgo de ser interpretada con un amplio campo de discrecionalidad. Asimismo, en la exposición de motivos se refleja el lenguaje característico de la tesis del enemigo interno orientada a la protección de la Seguridad Nacional ante la posibilidad de la intervención e injerencia extranjera. Mismo lenguaje que ha sido utilizado en otras legislaciones restrictivas en Venezuela.

Es importante reiterar que, si bien de acuerdo a los estándares internacionales en materia de libertad de asociación, el registro de organizaciones no limita per se el derecho a la asociación, dicho registro no puede en modo alguno implicar un régimen de autorización para el trabajo u existencia de las mismas, y tampoco puede imponer requisitos extraordinarios o de imposible cumplimiento para ellas. el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, incumple estos preceptos al pretender someter a las organizaciones a la autorización de la autoridad administrativa correspondiente, adscrita ejecutivo nacional para poder realizar sus funciones.

El avance de aprobación de esta propuesta de Ley es una amenaza para la sociedad civil venezolana y para toda persona que desee ejercer el derecho a la libertad de asociación, con posibles consecuencias graves para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En Venezuela ya existen regulaciones destinadas al funcionamiento y existencia de las organizaciones no gubernamentales, por lo que una ley de esta naturaleza no solo resulta innecesaria, sino también perjudicial para su trabajo legítimo.

La libertad de asociación y la defensa, exigencia y promoción de derechos son actividades legítimas y amparadas por el derecho internacional, por lo tanto deben garantizarse sin limitaciones arbitrarias y obstáculos que impidan la operatividad de las organizaciones en el marco de la legalidad.

Quienes realizan actividades de promoción, defensa y exigencia de derechos deben poder hacerlo de manera segura, sin obstaculizaciones o limitaciones arbitrarias, y sin temor a ser objeto de represalias.

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